La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja urge al nuevo Gobierno canario a aprobar los decretos ley para la reconstrucción residencial y agrícola ya consensuados

Este colectivo de afectados  por la erupción  de 2021 recuerda que los borradores de decretos ley para la reconstrucción de viviendas y zonas agrarias realizados por el Gobierno canario saliente ya son fruto de las reivindicaciones de la población damnificada y no se debe demorar su aprobación. Además, apoya la iniciativa legislativa popular de la Ley de Volcanes, aunque defiende que no se puede esperar a que se apruebe en el Parlamento canario, sino promulgar antes esos decretos-ley.

La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja solicita al nuevo Gobierno de Canarias que continúe sin demora la tramitación final de los decretos ley de los que ya existen borradores elaborados y consensuados que permitirán avanzar en la reconstrucción de las viviendas de las personas damnificadas  por la erupción volcánica de 2021 y también de las zonas agrícolas destruidas -gran parte plataneras- en esta atroz catástrofe.

La fórmula del decreto ley, además, para esta agrupación de afectados, es la más adecuada para la aplicación, con carácter urgente, de las medidas que necesita la población damnificada, aunque más adelante se promulgue la nueva legislación que surja de la iniciativa legislativa popular de la Ley de Volcanes, una propuesta que la Asociación Social Cumbre Vieja apoya y anima a avalar con firmas para que pueda alcanzar las 15.000 que se requieren para su debate y votación en la Cámara autonómica.

Dicho esto, la asociación no puede menos que congratularse del importante compromiso que el nuevo presidente del Gobierno canario ha contraído en su discurso de investidura con la recuperación socioeconómica de los afectados del volcán, y precisamente por ello confía en que el trabajo ya plasmado en los borradores finales de ambos decretos ley sean aprobados cuanto antes.

Este colectivo ciudadano pone de relieve que en el último borrador de decreto ley para la normalidad residencial, entregado la pasada semana a representantes de los afectados por el consejero en funciones de Transición Ecológica y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, incluye medidas positivas por las que han luchado los colectivos de afectados, como son la posibilidad de vender, con carácter voluntario, las propiedades destruidas por el volcán a la Administración por el precio de mercado que tenían antes de la erupción, o bien su permuta por una parcela urbanizada en los nuevos suelos para la reposición de las viviendas sepultadas por la lava.

Y lo mismo ocurre con el decreto ley agrícola, elaborado durante la etapa de Alicia Vanoostende como titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, un documento que prevé una reordenación de los terrenos, ahora cubiertos por las coladas de este volcán, mediante una reparcelación, y la reconstrucción de las fincas agrarias con inversión pública, para su posterior entrega a los agricultores afectados para que las puedan volver a cultivar.

Además, se permite a los dueños de suelos agrarios en los bordes de coladas reconstruirlos por iniciativa propia, con la correspondiente modificación de la zona de exclusión.

Asimismo, hay que reseñar que a los agricultores que no deseen continuar con las explotaciones agrarias se les permite acogerse a una indemnización económica.

Otro aspecto que quiere destacar este colectivo ciudadano es el hecho de que tanto la reconstrucción de viviendas como las de las fincas agrícolas se gestionará a través de la Agencia de Gestión de la Normalidad en la isla de La Palma (AGESNORM), en la que los representantes de la población y los sectores perjudicados han logrado tener el 50% del poder de decisión en su Consejo General, mientras que el otro 50% lo ostentarán las Administraciones Públicas.