Corrales presenta una moción para que la Iglesia pague el IBI en Santa Cruz de Tenerife

• El concejal informa de que “ya hay ayuntamientos que lo están haciendo y no sólo de Izquierda Unida, sino también del PSOE y alguno del PP”

  El concejal de Izquierda Unida-Por Tenerife (IU-XTF), José Manuel Corrales, lleva al Pleno del próximo viernes una moción para que la Iglesia Católica pague el IBI y el impuesto de la basura al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

 Corrales informa de que ya hay varios Ayuntamientos que están cobrando o van a cobrar estos impuestos a la Iglesia y no sólo de Izquierda Unida, también del PSOE e incluso del PP “por lo que no se entendería que no se aplicase directamente también en Santa Cruz”.

 Aún así  Corrales propone que Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife solicite al Gobierno de España que revise el acuerdo con la Santa Sede sobre Asuntos Económicos de 1979 con respecto del IBI a la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, así como a sus organizadores y centros de enseñanza religiosa.

Mientras, solicita un censo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de los bienes inmuebles rústicos y urbanos que están censados y registrados a nombre de la iglesia católica y de otras confesiones religiosas, así como de sus entidades y asociaciones afines.

 Además, el concejal de la Izquierda Plural pide analizar y estudiar el conjunto de beneficios fiscales obligatorios en los tributos locales al objeto de determinar su viabilidad futura y en todo caso adaptarlos a la realidad actual dado que muchos de ellos fueron regulados hace más de dos décadas con  una situación social y económica muy dispar a la existente en la actualidad.

 También en la moción se propone instar a las Cortes Generales que hagan las modificaciones pertinentes en la Ley de Haciendas locales, en la Ley de Mecenazgo y Fundaciones y otras normas locales y leyes estatales y autonómicas, para evitar injustificables exenciones del IBI y de otros impuestos a la iglesia católica y a otras entidades jurídicas.

 Por último, Corrales exige que sea retirado el coeficiente reductor de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos y en el resto de figuras fiscales municipales, que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pueda estar aplicando a la Iglesia Católica.

 Corrales recuerda que el déficit que España tiene y la caída de la actividad económica, “es consecuencia de una inadecuada gestión de las instituciones públicas, del expolio desarrollado por los mercados, los especuladores y los bancos, de la permisividad para la circulación de dinero negro y por el enorme fraude fiscal existente, todo ello recae, exclusivamente, sobre las espaldas de la ciudadanía, que sufre: un agonístico paro, con el aumento de la pobreza, un peligroso recorte de innumerables y básicos derechos sociales, el aumento del IRPF, junto a la bajada unilateral de los salarios y el aumento de diversos impuestos, incluido el impuesto de bienes inmuebles (IBI)”

 El RDL 20 de 30.12.11 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, insta a la Corporaciones Locales a una subida del IBI de entre el 4 y el 10%. “Esta irregular situación, se agrava con las exenciones fiscales de las que disfrutan diversas entidades, en especial la Iglesia Católica (que es la mayor poseedora de bienes inmuebles) y otras confesiones”, recuerda el concejal.

 El pasado 2 de marzo el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados hizo una serie de preguntas en las que, entre otros puntos concretos, interrogaba al Gobierno del PP si tenía previsto seguir el ejemplo de Italia, donde recientemente se ha acordado que la Iglesia pague el IBI por sus bienes inmuebles; también nos interesamos por las medidas del Gobierno para terminar con los privilegios fiscales injustificados, siguiendo la orientación de la Comisión Europea.

 La respuesta escrita del Gobierno del PP fue: “tales bienes estarán inscritos a favor de la entidad católica que corresponda y serán los ayuntamientos los que deben girar el correspondiente impuesto y la iglesia justificar, en su caso, la exención correspondiente”.

 “El fraude fiscal y la exención de impuestos como el del IBI y otros, grava enormemente a nuestras arcas municipales, hecho que consideramos enormemente injusto”, sentencia.