Denunciamos ante la Fiscalía tres presuntos casos de compra de votos en el Ayuntamiento de Arafo

Hoy 13 de junio de 2016, representantes de la Plataforma por la Dignidad y de IU de Arafo, hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial toda la información de que disponíamos y nos ha ido llegando en torno al asunto de la compra de votos en Arafo para las Elecciones Locales de mayo de 2015. 

Tal cómo obliga la Ley en estos casos, comunicamos al Ministerio Fiscal la denuncia que una madre vecina de Santa Cruz en situación precaria con tres hijos a cargo ya había hecho pública en días pasados, cuando declaró por escrito y ante una cámara, que lleva cinco años viviendo en Santa Cruz de Tenerife y  que a pocos meses de las pasadas elecciones de mayo de 2015, el actual alcalde siendo también alcalde contactó con ella para comentarle que la ayudaría si se empadronaba en Arafo. Una vez empadronada en Arafo, la única ayuda que le ofreció fue algo de material de obra que ella no necesitaba, y nada más. La madre denuncia también que el día de las elecciones vino a su casa de Santa Cruz un coche con un concejal del Ayuntamiento que la acompañó a votar a Arafo con el correspondiente sobre para votar con la oportuna papeleta dentro, y que después de votar la volvieron a dejar en su casa de Santa Cruz. La madre acudió a nuestra plataforma a pedirnos ayuda de alimentos y de medicinas para uno de sus hijos, ayuda que por supuesto le facilitamos. Pero también nos comentó todo esto, manifestándonos que se sentía engañada y utilizada por el alcalde y quería denunciarlo. 

Conviene recordar que para las elecciones de mayo de 2015, era necesario para poder votar en un municipio estar empadronado en ese municipio a 31 de diciembre de 2014 como muy tarde. Esta madre asegura que la empadronaron en Arafo ya entrado el año 2015, y por la documentación a la que hemos tenido acceso hay fechas que no cuadran en el padrón de Santa Cruz y el de Arafo, andando todo muy ajustado al mes de diciembre de 2015, apenas unos días antes de que se cumpliera el plazo. También hemos observado algunas contradicciones y errores en los datos vertidos por el señor Alcalde a los medios en días pasados cuando se le interpelaba por este asunto. Todo ello nos hace creer que hay base suficiente para que la Fiscalía abra una investigación, con más razón si cabe cuando también hemos puesto en conocimiento de la misma dos casos más de presuntas compras del voto por parte del Alcalde de Arafo en las elecciones locales de 2015. Uno de los casos al parecer y según nos refieren, también a cambio de ayudas, y en otro de los casos mediando el pago de una determinada cantidad de dinero. Ambos supuestos nos han llegado una vez que se hizo pública la denuncia de la madre citada en primer término.  
 

Si tras la publicación y el conocimiento público de esta denuncia más personas en Arafo o en cualquier otro lugar sienten que fueron víctima de este tipo de engaños, sólo nos queda animarlas a que acudan a la Fiscalía a denunciar o en su defecto se pongan en contacto con nosotros para hacerlo a través nuestra. Y ello con un único objeto, erradicar de una vez por todas estas caciquiles y delictivas prácticas que tanto daño hacen a nuestra democracia. Caciquiles porque son de uso antiguo y preferente en municipios pequeños donde la red clientelar es más fácil de establecer, donde han estado siempre los caciques. Y delictivas porque así lo afirma la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, cuando en su artículo  146.1 establece lo siguiente: “Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses: a) Quienes por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención.” Algo que aclara y agrava un poco más en su apartado 2, cuando afirma: “Los funcionarios públicos que usen de sus competencias para algunos de los fines señalados en este artículo incurrirán en las penas señaladas en el número anterior y, además, en la inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años.”Tanto o más de lo mismo con los fraudes en el padrón municipal.

Un 13 de junio de 2016, Plataforma por la Dignidad.