Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente

EL COMITÉ DE EMPRESA DE MEDIO AMBIENTE DENUNCIA:

El Gobierno de Canarias pretende privatizar servicios públicos de la Viceconsejería de Medio Ambiente

El Comité de Empresa del área de Medio Ambiente de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad argumenta que la crisis económica ha supuesto una oportunidad para que el Gobierno de Canarias pueda desmontar un sector incómodo para determinados intereses económicos y políticos.

El área comprendida por la Viceconsejería de Medio Ambiente y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural ha sufrido una reducción presupuestaria del 90% en los últimos 6 años. De 116’2 millones de euros en 2008 ha pasado a gestionar 10’8 millones en 2014. Por otro lado, más del 40% de los puestos del personal funcionario técnico se encuentra vacante y sin perspectivas, ni interés, de ser dotados, afectando a la cobertura de jefaturas técnicas, y además se mantienen dos tercios de la plantilla en régimen de contratación laboral. Todo ello deviene en el deterioro del servicio público y repercute especialmente en los plazos de resolución de las autorizaciones ambientales.

A todo ello hay que sumar que la única iniciativa legislativa  que impulsa el Gobierno de Canarias, con el Consejero del área a la cabeza, el socialista José Miguel Pérez, y su Viceconsejera, Guacimara Medina, es la de sustraer y vaciar parte de la actividad de la Viceconsejería de Medio Ambiente. La Ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y los recursos naturales, en tramitación parlamentaria, entre otras ocurrencias, contempla la privatización de la evaluación de impacto ambiental, la competencia más sensible de la Viceconsejería de Medio Ambiente. De esta manera se va a permitir a los promotores con más recursos económicos, que contraten empresas privadas que realicen la evaluación ambiental y preparen la autorización de sus proyectos. Esta es la propuesta de los socialistas en el Gobierno, autorizaciones ambientales para ricos y a la carta.

Por si no fuera suficiente, el proyecto de ley también plantea capacitar a las empresas del Gobierno para el ejercicio de funciones técnicas y jurídicas en los expedientes administrativos ambientales y en el planeamiento territorial y urbanístico. En definitiva, intereses políticos y económicos confluyen en una iniciativa para sortear los controles objetivos de los servicios públicos de medio ambiente y ordenación territorial.

Enfilando el último año de legislatura, no se ha aprobado ni una sola de las propuestas    de socialistas y nacionalistas en el acuerdo de gobernabilidad y compromisos parlamentarios (2011). En el olvido quedaron la Ley de protección del medio marino, Ley de Parques Nacionales, Ley del patrimonio natural y la biodiversidad, Ley de montes, Ley de residuos, completar los planes de recuperación de especies amenazadas, consolidar la Agencia de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático para aplicar la Estrategia canaria de cambio climático o la creación del Consejo Asesor de Medio Ambiente.

Este proyecto culmina una gestión político-ambiental caracterizada por la indiferencia de los responsables del área. El Partido Socialista Canario y Coalición Canaria no sólo no han cumplido ni uno sólo de sus compromisos y acuerdos medioambientales, enunciados al comienzo de la legislatura, sino que además han comenzado un proceso de desmantelamiento de los servicios.

Noticia en página web del Parlamento de Canarias:

http://www.parcan.es/noticias/detalle.py?ID_NOTICIA=1444