Buscar
viernes, 29 de marzo de 2024 08:39h.

IUC acusa al PP de “desmantelar los ayuntamientos y prohibir políticas sociales”

 Izquierda Unida Canaria (IUC) denuncia que la proyectada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que prepara el Gobierno del Partido Popular, es una ley de desmantelamiento de las administraciones locales y de prohibición de políticas sociales. Se trata de una reforma que viene a reforzar la asfixia de unas administraciones que realizan el 13.6% del gasto público, a las que se exige un 0% de déficit y que sólo suman menos del 4% de la deuda pública.

IUC acusa al PP de “desmantelar los ayuntamientos y prohibir políticas sociales”

  Izquierda Unida Canaria (IUC) denuncia que la proyectada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que prepara el Gobierno del Partido Popular, es una ley de desmantelamiento de las administraciones locales y de prohibición de políticas sociales. Se trata de una reforma que viene a reforzar la asfixia de unas administraciones que realizan el 13.6% del gasto público, a las que se exige un 0% de déficit y que sólo suman menos del 4% de la deuda pública.

  El Gobierno del PP aspira a recortar el gasto de los ayuntamientos en 7.129 millones de euros, entre 2013 y 2015. Ese ahorro se lograría transfiriendo los servicios educativos de 0 a 3 años, servicios sociales y de salud a unas comunidades autónomas que carecen de recursos para sostenerlos. El efecto será cerrar servicios e instalaciones que no sean rentables, o privatizarlas, y, asimismo, se multiplicarán los despidos.

  IUC denuncia también la recentralización que se quiere llevar a cabo en contra de las administraciones más próximas a la ciudadanía. En Canarias, los cabildos podrán hacerse cargo de muchas de las competencias de 62 de los 88 municipios que cuentan con menos de 20.000 habitantes.

  Para IUC, los recortes en competencias tendrían el efecto práctico de prohibir, o imposibilitar, determinadas políticas sociales en el ámbito municipal. El Gobierno intenta hacer creer a la ciudadanía que se trata de impedir privilegios salariales en las administraciones locales, cuando el 82% de los concejales no cobra sueldo en la actualidad y cuando la nueva ley seguiría permitiendo sueldos privilegiados de hasta 100.000 euros.