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jueves, 25 de abril de 2024 09:47h.

SCTF Izquierda Unida exige que el ayuntamiento recupere en la vía civil el dinero del pelotazo de Las Teresitas

“Resulta sorprendente que aparezcan justo ahora documentos que confirman que el frente de playa era propiedad del Ayuntamiento desde 1967”

Izquierda Unida exige a Bermúdez y Martín que recuperen en la vía civil el dinero del pelotazo de Las Teresitas

“Resulta sorprendente que aparezcan justo ahora documentos que confirman que el frente de playa era propiedad del Ayuntamiento desde 1967”

“El Ayuntamiento debe recuperar el dinero del pelotazo en vía civil, de forma inmediata, evitando suspensiones y retrasos”

“Ahora está más claro que nunca el pelotazo de las Teresitas, Paulino Rivero y Francisco Clavijo deben exigirle a Zerolo que entregue el acta de Senador”

“Izquierda Unida exigirá al Fiscal General que acelere el juicio penal de Las Teresitas evitando más retrasos”


  Tras conocerse la información de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha entregado a la Fiscalía Anticorrupción relevante documentación que acreditaría que el Ayuntamiento habría adquirido las parcelas del frente de playa en 1967, así como documentación que revelaría que autoridades y funcionarios intervinientes en el expediente tenían conocimiento de esa circunstancia cuando se gestó el pelotazo de Las Teresitas, desde Izquierda Unida, Ramón Trujillo, Coordinador en Canarias, señala que “los documentos vendrían a confirmar que el Ayuntamiento de Santa Cruz compró con dinero de todas y todos los vecinos en 2001 lo que ya era suyo desde 1967”, añadiendo que tales documentos “rematan la crónica de un pelotazo de manual, una auténtica estafa a los ciudadanos, quedando en evidencia la actuación del entonces Alcalde Miguel Zerolo por lo que exige a Paulino Rivero y a Francisco Clavijo, respectivamente, presidente y secretario general de CC, que exigan a Zerolo la entrega de su acta como Senador”, “Rivero y Clavijo deben demostrar si están con la corrupción o contra la corrupción, y ahora tienen una magnífica ocasión para retratarse”.

  Por su parte, para José Pérez Ventura, Coordinador Insular de Izquierda Unida en Tenerife y abogado de Justicia y Sociedad –personado como Acusación Popular en el caso Las Teresitas- resulta “sosprendente que sea ahora, a escasos días de iniciarse el juicio civil que permitiría al Ayuntamiento recuperar de forma rápida el dinero del pelotazo de Las Teresitas, que sea cuando se hayan encontrado y se conozcan estos documentos”, añadiendo que “es un escándalo que se hayan ocultado a la Fiscalía y a la Justicia con lo que debería iniciarse una investigación para averiguar quién o quienes los han escondido”. Del mismo modo, señala Pérez Ventura que “de confirmarse el contenido de estos documentos estaríamos hablando de pruebas de cargo muy contundentes que dejarían en muy mal lugar a los técnicos y políticos imputados en este caso, incluido su principal artífice, Miguel Zerolo”.

  Respecto de la suspensión el día de ayer de la audiencia previa del Juicio Civil que permitiría al Ayuntamiento recuperar el dinero del pelotazo de las Teresitas, Pérez Ventura señala que “el Ayuntamiento debe recuperar el dinero del pelotazo de Las Terisitas para el pueblo de Santa Cruz de forma inmediata por la vía civil abierta, sin retrasos, ni suspensiones” añadiendo que “si el Ayuntamiento planteara una cuestión prejudicial penal suspendiendo el pleito civil le estaría haciendo un favor a Ignacio González y Antonio Placensia y sería un escándolo ya que iría contra el interés general del pueblo de Santa Cruz al que lógicamente interesa que el Ayuntamiento recupere los 74 millones de euros reclamados”, es más, ello podría “evidenciar la posible existencia de un ‘pacto oculto’ para retrasar que los empresarios ‘agraciados’ con el pelotazo devuelvan el dinero al Ayuntamiento”.

  Asímismo, como se adelantó el martes pasado, desde Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados se exigirá mediante la remisión de una carta al Fiscal General que acelere el juicio penal de Las Teresitas evitando mayores retrasos dada su gravedad y la alarma social causada respecto de un procedimiento judicial que se inició en el año 2006.