Sí se puede pide todas las rendiciones de cuentas del interventor de Emmasa ante la Junta de Gobierno

Pedro Fernández Arcila teme que el alcalde Bermúdez está permitiendo su inacción

Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha pedido hoy por escrito copias del expediente en el que obren las rendiciones de cuentas mensuales del interventor de Emmasa a la Junta de Gobierno, tal y como se exigía en el acuerdo de intervención de esta empresa mixta, acordado el 24 de noviembre del año pasado.

Esta solicitud responde al hecho de que en ningún orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas a partir de esa fecha figura la rendición de cuentas del interventor, pese a que estaba obligado a ello, por lo que Arcila teme que el alcalde, José Manuel Bermúdez, está permitiendo la inacción de este funcionario y, en consecuencia, se están favoreciendo los intereses espurios de la multinacional Sacyr-Vallehermoso, a la que se le está dando tiempo para establecer una estrategia con la que tratará de justificar todos sus incumplimientos de contrato.

Por ello, el portavoz ecosocialista también ha señalado hoy la necesidad de que el alcalde convoque de manera urgente una reunión de todos los grupos políticos con el interventor para que este explique en qué está consistiendo exactamente su tarea en los últimos cuatro meses y para que el propio Bermúdez diga las razones por las que se le está permitiendo saltarse el acuerdo de la Junta de Gobierno por el cual tenía que informar mensualmente al Consistorio.

Arcila y la concejala de Sí se puede Asunción Frías ya urgieron al alcalde en enero para que procediera en esta línea, pero no han obtenido respuesta. En este sentido, el concejal dijo hoy que “las funciones del interventor están muy claras y tienen que ver tanto con lo recogido en el acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se intervino Emmasa como con los resultados de la auditoría remitida en agosto pasado a los grupos municipales”, por lo que no hay ninguna razón, al menos aparente, para que el funcionario no dé cuenta de su tarea al frente de la sociedad intervenida.