ARGENTINA: Reformas laborales y retrocesos sociales: la advertencia argentina que España no debe ignorar

Jacinto Ortega del Rosario

 Secretario General del Sindicato de Gremios Unificados

Las contradicciones del modelo impulsado por Milei anticipan los riesgos de una agenda de flexibilización laboral como la que defiende VOX.

La reforma laboral impulsada en Argentina por el gobierno de Javier Milei ha sido presentada como una modernización necesaria para reducir la litigiosidad y fomentar el empleo. Sin embargo, reflejan profundas contradicciones: medidas que, bajo el discurso de la eficiencia económica, terminan debilitando derechos laborales históricos y trasladando poder de negociación desde los trabajadores hacia las grandes empresas.

Entre los aspectos más polémicos se encuentran la ampliación de la flexibilidad en las jornadas, modificaciones en las indemnizaciones por despido, limitaciones al derecho a huelga y cambios que afectan a la negociación colectiva. El resultado ha sido una fuerte contestación sindical y social en las calles argentinas. La pregunta que debemos hacernos en España es inevitable: ¿podría repetirse un escenario similar si prosperan propuestas políticas que apuntan en la misma dirección?.

En nuestro país, VOX ha defendido reiteradamente la necesidad de una mayor liberalización del mercado laboral, cuestionando el papel de los sindicatos y criticando el modelo actual de negociación colectiva. Bajo el argumento de facilitar la contratación y reducir trabas empresariales, se plantea un modelo donde la flexibilidad se convierte en el eje central.

La experiencia comparada demuestra que cuando la balanza se inclina excesivamente hacia la desregulación, quienes pagan el precio son las y los trabajadores: mayor precariedad, debilitamiento de la estabilidad en el empleo y pérdida de capacidad colectiva para negociar condiciones dignas.

No se trata de negar la necesidad de reformas o mejoras en el mercado laboral. Se trata de advertir que existen modelos que, bajo el paraguas de la modernización, suponen un retroceso social. Argentina nos ofrece hoy un ejemplo vivo de cómo determinadas políticas pueden erosionar en pocos meses derechos conquistados tras décadas de lucha sindical.

La legislación laboral no es un obstáculo al crecimiento; es un pilar de cohesión social. Los convenios colectivos, el derecho a huelga, las indemnizaciones por despido y la estabilidad contractual no son privilegios: son garantías mínimas para equilibrar la relación entre capital y trabajo.

Cuando se debilita la negociación colectiva, se fragmenta la fuerza de la clase trabajadora. Cuando se abarata el despido, se normaliza la inestabilidad. Cuando se cuestiona la función sindical, se debilita la democracia en los centros de trabajo.

Canarias, con una economía especialmente vulnerable a la temporalidad y la precariedad estructural, no puede permitirse dar pasos atrás. Nuestra tierra ya conoce demasiado bien los efectos de un mercado laboral frágil y dependiente.

La historia nos enseña que los derechos laborales nunca han sido concesiones gratuitas. Han sido fruto de organización, unidad y lucha colectiva.

Por eso, hoy más que nunca, es necesario que la clase trabajadora permanezca alerta y movilizada. Que participe, que se organice y que exija garantías claras de que cualquier reforma laboral avance hacia más estabilidad, más protección y más dignidad, no hacia lo contrario.

No hablamos de ideologías abstractas. Hablamos del salario que entra en cada hogar, del contrato que da tranquilidad a una familia, de la posibilidad de conciliar vida y trabajo, de la seguridad ante un despido injusto.

España debe aprender de lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Porque cuando los derechos se debilitan en nombre de la eficiencia, quienes terminan pagando la factura somos siempre los mismos.

La clase trabajadora es el motor de nuestra sociedad. Defender sus derechos es defender el presente y el futuro de Canarias.

Jacinto Ortega del Rosario, Secretario General del Sindicato de Gremios Unificados