CANARIAS LA PALMA

La “zona roja” del volcán (I): no a su declaración como espacio natural protegido

 

Francisco Rodríguez Pulido

profesor de Física y Química jubilado y presidente de la Asociación Tierra Bonita 

Con esta opinión quiero abrir una serie de artículos donde argumento mi rechazo a la pretensión de delimitar las zonas cautelares del volcán, la llamada zona roja, como espacio protegido. Sé que es una reflexión compleja pero necesaria. Por ello, deseo aportar mi visión personal, para su valoración y el debate. Una reflexión con la que pretendo romper un paradigma sobre la conservación y los espacios naturales, que se quiere aplicar a una catástrofe natural y humanitaria, como ha sido este volcán de La Palma.

El Decreto-ley 9/2023 de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja, ya definía una zona de las coladas y el cono, que pasó a denominar “zonas sujetas a medidas cautelares”. Zonas, donde “por la posible concurrencia de valores geomorfológicos no será posible la realización de actuaciones de recuperación hasta que mediante Orden de la Consejería competente en materia de espacios naturales protegidos se inicie el procedimiento de declaración de espacio natural protegido”.

Posteriormente, el Decreto-ley se convirtió en la Ley 2/2024, que recoge en un 95% el contenido del decreto-ley, el cual queda, evidentemente, derogado. Esta ley recoge exactamente en los mismos términos las alusiones a las zonas cautelares, y en los mapas que  figuran como anexos estas zonas aparecen en color rojo. Es por ello que se denomina a estas zonas como la “zona roja”, cuya superficie no se especifica, pero que, en su parte sur, llega hasta la Montaña Cogote, desde el cono. También se incluyen las dos fajanas

La Consejería de Política Territorial del Gobierno canario, tras reunirse con el Cabildo de La Palma,  ha dicho recientemente en una nota que a finales del mes de febrero saldrá a información pública “la delimitación del espacio natural protegido del cono y las fajanas del volcán Tajogaite”. Según la Consejería, 312 hectáreas serán protegidas.

Las personas afectadas, y en general, toda la población del Valle, volvemos a vivir un capítulo más del desprecio hacia el marco participativo y el absoluto silencio de la “no convocatoria” del Consejo Sectorial para la Reconstrucción. Indudablemente, al Gobierno Canario, con la complicidad del Cabildo y los ayuntamientos del Valle, no les interesa en absoluto la participación ciudadana.

El propio consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, reconocía en su nota unas circunstancias innegables, y es que el suelo al que quieren aplicar el régimen de protección es privado, incluyendo esos elementos geomorfológicos llamados “tubos volcánicos”. Lo reconocen, pero nunca se han dirigido a sus propietarios, quienes viven con incertidumbre cuál será el futuro de sus propiedades, aunque ahora sean coladas y tubos.

El régimen de protección de las zonas cautelares va a condenar un suelo de coladas recientes a “dejarlo como el volcán ha decidido”. Es eso lo que llaman “protección de espacios naturales”. La recuperación en esas zonas será inviable. El Gobierno se pliega totalmente a los deseos de la ciencia geológica, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), cuyos informes ocultos nunca han sido presentados a la sociedad palmera.

La llamada reconstrucción post-volcán del Valle de Aridane está plagada de inconsciencia e hipocresías. La intervención ilegal y violenta en la fajana, que se incluirá dentro del régimen de la protección, no les preocupó en absoluto. La apertura de los viales va al ritmo de los intereses privados, más que públicos. Unos sí y otros no. El Ayuntamiento de El Paso ejecuta una nueva vía, sobre suelo rústico de protección especial, para unir la carretera de San Nicolás con la LP-2, una obra ilegal y especulativa.

En la decisión de la protección de la zona cautelar prima una visión del régimen de protección sesgada, obsoleta y ambigua, donde el criterio es simple: “esta zona no se toca”. Sin embargo, mi aportación al debate quiere poner en valor, para decidir qué hacemos con la “zona roja”, la relevancia que la antropología y la ecología humana nos dicen sobre qué debemos hacer con las nuevas coladas.

Desde mi punto de vista, nos enfrentamos a un conflicto de narrativas sobre el territorio: la geológica (que ve un laboratorio natural, una "maravilla" litosférica) contra la antropológica (que pone en valor las vivencias, los recuerdos, el impacto social y la pérdida de hábitat. Pongamos como ejemplo la iglesia de Todoque. Para un geólogo, la iglesia caída es un dato de la viscosidad y potencia de la colada; para los vecinos de Todoque, principalmente, es la caída de su centro social y espiritual.

La naturaleza sobre la que vivimos no se ha creado espontáneamente. Pensemos en nuestros pinares, en la Caldera de Taburiente, los bosques de laurisilva, en toda la dorsal de Cumbre Vieja… Después de siglos y milenios, esta naturaleza la hemos heredado, y hemos decidido protegerla. Pero el nuevo y aún joven malpaís se ha formado en 85 días, arrasando terrenos ya antropizados. Y, sin embargo, queremos protegerlo.

Asistimos al mito de la "naturaleza virgen" vs. el “paisaje antropizado”. ¿Debemos mantener virgen el cono y el nuevo manto de coladas basáltica junto a los tubos volcánicos? Mi respuesta es rotundamente, no. Tal vez, sólo el cono. El error fundamental de una protección estricta (del tipo Parque Nacional o Paisaje Natural de Cumbre Vieja) es tratar el campo de coladas del Tajogaite como si fuera un paisaje natural prístino. No, el campo de coladas del Tajogaite no es un paisaje natural prístino. Para el que no lo entienda, un paisaje prístino es un paisaje que está en su estado original puro y sin alteraciones. La mirada humana es importante, y, junto a ello, la memoria de quienes habitaron bajo esos campos de colada.

El campo de lava no es tierra virgen, es un palimpsesto. Debajo de la roca basáltica negra yace una capa densa de cultura humana: huertas y granjas que cuidaban personas, viviendas habitadas y vividas, los cimientos de las casas de El Paraíso o Alcalá, Los Campitos, y los patios donde jugaban niños y niñas.

Esos campos de colada no es suelo nuevo. Proteger la colada como "suelo natural" es una segunda invisibilización. El volcán ya invisibilizó físicamente la vida de cientos de personas; si la Administración protege la colada prohibiendo cualquier uso o recuperación, está invisibilizando la memoria y el derecho de propiedad de esas personas. Convierte una tragedia humana en un "museo" para turistas y científicos.

Sé que el debate que planteo caerá en la ignorancia y la arrogancia de los poderes públicos, obsesionados con una forma de gobernar desde arriba, por decreto y real-decreto. Desde mi planteamiento, decir no a la protección de la “zona roja” es poner en valor la “solastalgia  y el duelo del paisaje”- En ecología humana se habla de solastalgia, que es la angustia que produce el cambio medioambiental en la gente que vive pegada a la tierra. Al habitante de El Paraíso, Alcalá, Los Campitos y tantos otros caminos, no se les ha quemado "una casa"; se le ha borrado su lugar en el mundo. Estos lugares no eran solo coordenadas GPS, eran redes de parentesco, identidad, arraigo y vecindad.

La protección que se pretende, el dejarlo “intocable” corre el peligro de convertirse en una patrimonialización científica: Si los geólogos y la administración imponen una protección integral por el valor de los tubos lávicos o las coladas, están diciendo implícitamente que la curiosidad científica vale más que el duelo social. Personalmente, para mí esta perspectiva no hace sino dar crédito a una gestión científica del volcán, que desde aquel día en que se activó el Plan de Protección Civil y Atención en Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA), ha vivido ajena a los valores de la geoética.

La zona roja del volcán (II): proteger primero a las personas

 

 

En un artículo anterior argumentaba porqué no debe declararse la zona roja del volcán como espacio natural protegido. Terminaba entonces con una propuesta: la declaración de Paisaje Cultural Catastrófico. Quiero exponer ahora en qué  la fundamento.

El Gobierno canario acaba de publicar el anteproyecto de Ley de Ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja. Y sabedor de sus intenciones, me lleno aún más de razones para rechazar esta propuesta y suscitar otro planteamiento, totalmente alejado de la perspectiva sectaria, sesgada y exclusiva de los valores geológicos. El primer reproche que plantearía es cómo se puede dejar que solamente se tengan en cuenta los trabajos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y del grupo Geomorfología, Paisaje y Sociedad en Territorios Volcánicos (GPS-VOLTER) de la Universidad de La Laguna.

Indudablemente, ya conocida la propuesta me veo en la obligación de profundizar aún más en la crítica y el rechazo a este anteproyecto de ley. Un asunto que trataré en otro artículo, para centrarme más en mi propuesta. Sin embargo, sí quiero exponer de forma resumida seis razones por las que considero que debe retirarse la propuesta de ley:

a)     El Convenio Europeo del Paisaje debe ser una norma vinculante que el anteproyecto incumple al no integrar la percepción humana del territorio.

b)     La figura jurídica es incorrecta, ya que las elegidas (Parque Natural, Reserva Natural) son desproporcionadas para un campo de coladas de cuatro años; debería haberse optado por un Plan Especial o un Paisaje Protegido, de naturaleza híbrida

c)     Se justifica el anteproyecto por un “mandato” de la Ley 2/2024, de reconstrucción. Sin embargo, aquí se plantea una clara contradicción interna con esta ley, que al mismo tiempo promueve la recuperación y la congela.

d)     Salvo las fajanas, la ley interviene en terrenos privados. Ignorar los derechos de sus propietarios es un grave error, ya que ven restringida permanentemente su propiedad sin indemnización ni participación real, que no se recoge en el anteproyecto de ly.

e)     Como comenté, el sesgo geológico y mineralógico de los criterios científicos es abusivo, e ignora los valores culturales y humanos del territorio

f)      La mayor incoherencia de la reconstrucción, que abre caminos a la carta y al mismo tiempo declara intocable el conjunto. En concreto, se protegen 309,8 hectáreas, una cuarta parte de las coladas del volcán.

El anteproyecto de ley incluso va más lejos, porque añade otras 283 hectáreas más que la ley identifica como zonas de recuperación condicionada por razones de consolidación estructural y enfriamiento de coladas, que quedan fuera de la protección permanente. Es decir, casi la mitad de las coladas son intocables.

Por todo ello, sigo reivindicando que el Gobierno canario debe adoptar otra figura jurídica. Y es la razón por la que suscito la declaración como Paisaje Cultural Catastrófico. Sé que esta figura no existe literalmente en el ordenamiento jurídico actual de Canarias, España ni la Unión Europea. Pero ello no significa que el concepto y el espíritu de la propuesta no pueda tener una cobertura legal. De hecho, las leyes actuales sí permiten que se haga posible. El problema no es de falta de leyes, sino de falta de audacia política y de una interpretación excesivamente rígida de científicos y juristas conservacionistas.

El principal argumento, que el anteproyecto ignora, es el Convenio Europeo del Paisaje (aprobado en Florencia en el año 2000 y ratificado por España en 2007), que obliga jurídicamente a las Administraciones públicas. En este convenio se define paisaje como "cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos".

En La Palma, la Administración canaria mantiene su objetivo de proteger el volcán basándose solo en los "factores naturales" (geología). Pero el Convenio Europeo le exige por ley que integre cómo percibe ese territorio la población. Y me refiero, en primer lugar, a los legítimos propietarios de ese suelo, ahora un manto de coladas, cenizas y escorias. Pero también, en general, me refiero a toda la población del Valle de Aridane.

Si al Gobierno canario ignora a la población, a los propietarios de esas coladas, estaría cometiendo un grave error. La excusa que da de que habrá un tiempo de exposición pública  del anteproyecto de ley para la participación es una falacia. Dicen esto por obligación jurídica, no por convicción democrática. Y, desgraciadamente, los hechos demuestran que ya lo tienen todo decidido y pactado.

La población, los propietarios de esas coladas, deben tener un papel prioritario. Si para el palmero ese territorio es un espacio de duelo, de memoria y de futuro trabajo de recuperación agrícola y residencial, la Unión Europea ampara una figura de protección híbrida y cultural, no estrictamente natural. Después de vivir una catástrofe con una destrucción nunca antes vivida en Canarias, lo fundamental es proteger a las personas.

A nivel nacional, la legislación ya contempla que la naturaleza y el ser humano son inseparables en ciertos contextos, aunque no use la palabra "catástrofe". El Artículo 35 de ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad define los paisajes protegidos como "partes del territorio que, por sus valores naturales, estéticos y culturales, y de acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje, sean merecedores de una protección especial".

La ley estatal incluye los valores culturales. Las coladas del Tajogaite tienen un valor cultural inmenso. La tragedia, la resiliencia, la identidad o la historia sepultada es perfectamente legal. Hay que enfatizar lo humano por encima de lo mineral.

La declaración de Espacio Cultural Catastrófico tiene base legal, incluso en el marco de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos. Esta ley permite crear Planes Territoriales Especiales. Y, sin embargo, ante la evidencia de haber sufrido algo inédito en la historia de Canarias, un volcán urbano en el siglo XXI, el Gobierno de Canarias no ha sido capaz de arbitrar ese plan especial para la ordenación de toda la reconstrucción.

El Gobierno de Canarias concibe la reconstrucción con criterios más bien liberales y de anarquía constructiva. Las leyes de reconstrucción residencial o agraria se han concebido para dejar toda la responsabilidad en las personas afectadas. Es la razón que ha dado para las subvenciones de compensación por el valor de lo perdido: “Les damos el dinero para que decidan si quieren reconstruir, fincas o viviendas, en las coladas”. Pero también hay límites, menos de diez metros de coladas. Y la reconstrucción de los viales no atiende a ningún criterio de interés social de recuperación. Más bien, se está haciendo una reconstrucción a la carta.

La urgencia de un plan especial debió ser el marco para zonificar las coladas con nuevos criterios, combinando la Ley del Suelo con la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, para proteger la memoria. Pero, en ningún caso, concebir proteger una parte de las coladas (una estimación del 25 %) para dejarlas intactas.

Por tanto, declarar la "zona roja" como un espacio intocable y ajeno al uso humano es una vulneración del Convenio Europeo del Paisaje, pues invisibiliza la dimensión cultural y la percepción ciudadana de la catástrofe. La Administración tiene el mandato legal de crear un instrumento, un plan especial, que regule este Paisaje Cultural Catastrófico, permitiendo la memoria, el luto y la lenta recuperación, a través de la sorriba.

El problema en La Palma no es un vacío legal, es un sesgo científico y burocrático que prefiere la comodidad de dejar intocables unas coladas antes que el reto de gestionar la convivencia de las personas con su nuevo ecosistema. Es imperativo moral devolver el uso a los habitantes allí donde la temperatura y la estabilidad del suelo lo permitan.

Defiendo que se recuperen vías, pero no con el criterio que se hacen. Se han abierto y asfaltado caminos, como el Aniceto, para atender intereses particulares. Se ha abierto nuevamente la carretera LP-211, del Hoyo de Todoque, pero aún siguen con la pretensión de hacer una vía de 15 metros de ancho.  La importancia de recuperar vías debe basarse en la idea de "coser" la herida territorial.

No cuestiono que hay zonas, cerca del cono o donde el espesor de la lava es significativo, donde pensar en la recuperación puede tardar aún muchos años. Pero, en cualquier caso, por ello no se puede hipotecar. Porque esas zonas no deben ser reservas naturales, sino Santuarios de Memoria. No se protegen "porque la piedra es bonita", se protegen "porque aquí vivió un pueblo". El relato cambia totalmente.

Realmente, ¿qué pretende la Administración con proteger el 25% de las coladas del Tajogaite?  Si el fin es la protección, los propietarios sin duda, tienen derecho a una indemnización. Pero, con mi argumento, defiendo que los propietarios sigan conservando la propiedad y el derecho a hacer uso de ella. Deben tener las puertas abiertas a edificar, si técnicamente es posible, a cultivar, o incluso, si se decide el uso turístico, tienen todo el derecho a que ese turismo sea controlado por la comunidad local. En definitiva, el paisaje de coladas tiene que ser un paisaje de renacimiento gestionado por la gente, no por burócratas. Un paisaje donde no se hable de viscosidad, piroclastos, tubos volcánicos, sino de la historia de Aniceto, Alcalá, El Paraíso o Los Campitos. El paisaje debe contar la historia de la destrucción humana, no solo la creación geológica.

Hay que proteger a las personas. La protección debe ser antrópica: proteger el volcán como el agente que transformó nuestras vidas, permitiendo a la vez que la vida vuelva a crecer encima de él (literal y metafóricamente). No mirar el campo de coladas como una alfombra nueva y limpia, sino como un mapa rugoso donde, bajo cada metro de roca, sigue latiendo la identidad de palmeros y residentes que perdieron su hogar.

No puedo dejar de mencionar las fajanas o nuevos deltas lávicos. Automáticamente son dominio público marítimo-terrestre. Las intenciones del Gobierno canario también los incluye como espacio natural protegido. Aquí el enfoque es distinto, sin duda, porque básicamente la lava ganó espacio al mar, creando un nuevo perfil de la costa. Sin embargo, manteniendo el ámbito de propiedad pública, debe ser un espacio para el interés público. No como ahora, que se niega el acceso a las nuevas calas y playas, Y, sin embargo, el Cabildo no tuvo inconveniente en saltarse la ley para abrir una vía e instalar una tubería de agua, con un gran impacto paisajístico.

Seguiré profundizando en este debate, exponiendo mis razones de rechazo al anteproyecto de ley del Gobierno canario, Y para enriquecerlo y dotarlo de sobriedad y criterio debemos huir del "ombliguismo" y observar y aprender cómo otras culturas han gestionado la cicatriz volcánica. Para ello, quiero recurrir a ejemplos reales de resiliencia adaptativa (transformar y convivir). Ejemplos que encontramos en nuestra propia historia, al recordar las intervenciones que se hicieron en las coladas del volcán de Arafo, Trevejos (Garachico) o Timanfaya, sin olvidar el volcán de San Juan o el Teneguía. Y también quiero exponer ejemplos de Sicilia, Hawaii, Islandia, Guatemala, Indonesia y Japón.

 ___________________________________