CANARIAS:

Decreto de supervivencia - por Jacinto Ortega del Rosario

Secretario General del Sindicato de Gremios Unificados

El debate sobre el decreto de alquileres que se vota este martes en el Congreso no es un tecnicismo jurídico ni una batalla más entre partidos: es, directamente, una línea divisoria entre quienes entienden la vivienda como un derecho y quienes la siguen tratando como un activo financiero. Y pocas comunidades sentirán tanto el resultado como Canarias.

El decreto —impulsado en el marco de las medidas anticrisis— plantea algo tan básico como necesario: permitir la prórroga de contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027, limitar las subidas y evitar expulsiones silenciosas del mercado residencial. Hablamos de más de un millón de contratos y millones de personas afectadas en toda España . En términos concretos, implica que miles de familias no verán duplicado su alquiler de la noche a la mañana o no tendrán que abandonar su casa por no poder asumir una renovación abusiva.

Sin embargo, lo verdaderamente revelador no es solo el contenido del decreto, sino quiénes se oponen a él.

Una mayoría política con intereses inmobiliarios.

El dato que señalas —que el 85% de los diputados tiene al menos una vivienda y el 20% posee tres o más— no es anecdótico: es estructural. Define un Congreso donde una parte significativa de quienes legislan sobre vivienda lo hacen desde la posición de propietarios, no de inquilinos.

Y eso se nota en las posiciones políticas. El decreto llega al Congreso con el rechazo explícito de PP y Vox, y con la oposición también anunciada de Junts y PNV, lo que pone en serio riesgo su convalidación. No es casualidad: son formaciones que, con matices, han defendido tradicionalmente una menor intervención en el mercado inmobiliario o han priorizado los intereses de propietarios e inversores.

La paradoja es evidente: quienes pueden bloquear una medida que protege a inquilinos forman parte, en gran medida, del grupo social que se beneficia de la subida de los alquileres.

Canarias: el laboratorio del conflicto

Si en algún territorio este debate es urgente, es en Canarias. Aquí, la crisis de vivienda tiene rasgos propios:

presión extrema del alquiler vacacional,

salarios más bajos que la media estatal,

escasez estructural de vivienda disponible.

El resultado es conocido: familias expulsadas de los núcleos urbanos, trabajadores que no pueden vivir donde trabajan y jóvenes condenados a la precariedad habitacional.

En este contexto, la prórroga de los alquileres no es una solución definitiva —ni mucho menos—, pero sí un dique de contención. Sin ella, el mercado puede acelerar un proceso ya en marcha: sustitución de residentes por turistas o por perfiles con mayor capacidad económica.

Y eso tiene consecuencias profundas. No solo sociales, sino también económicas: sin vivienda accesible, no hay mercado laboral estable ni tejido productivo sostenible en las islas.

El falso dilema: mercado o derechos

Los partidos que anuncian su voto negativo suelen escudarse en el argumento de la “seguridad jurídica” o en el miedo a desincentivar la oferta. Pero ese discurso ignora una realidad evidente: el mercado de la vivienda en España —y especialmente en Canarias— ya está profundamente distorsionado.

Cuando los precios suben muy por encima de los salarios y el acceso a la vivienda depende del patrimonio previo, no estamos ante un mercado libre, sino ante un mercado fallido.

El decreto no resuelve ese fallo estructural, pero introduce límites básicos: evita subidas bruscas, da estabilidad a los contratos y protege a quienes ya están dentro del sistema. Es una medida de mínimos.

Lo que realmente se vota

Este martes no se vota solo un decreto. Se vota qué modelo de sociedad se quiere sostener:

uno donde la vivienda sea un bien de uso,

o uno donde siga siendo un instrumento de acumulación.

Se vota también si territorios como Canarias pueden seguir siendo habitables para su propia población o si quedarán definitivamente subordinados a dinámicas externas —turísticas, especulativas o financieras—.

Y, sobre todo, se vota si el Congreso representa a la mayoría social o a una minoría propietaria con capacidad de influencia política.

Porque cuando el 85% de los diputados tiene vivienda en propiedad, la pregunta ya no es solo qué se decide, sino desde dónde se decide.

Y eso, en un país con millones de inquilinos, debería incomodar bastante más de lo que parece.