Una jornada más justa para quienes nos protegen

Jacinto Ortega del Rosario

Secretario General del Sindicato de Gremios Unificados (SGU)

Publicado en Canarias, 11 de junio de 2025

La inminente reducción de la jornada laboral legal en España, de 40 a 37,5 horas semanales, representa un avance social que muchos ven con optimismo. Sin embargo, su aplicación real podría convertirse en un campo de tensiones si no se gestiona con diálogo, planificación y responsabilidad. Para el sector de la seguridad privada, este cambio no es un simple ajuste técnico: es una oportunidad histórica de dignificar un trabajo esencial que durante demasiado tiempo ha estado invisibilizado, precarizado y sometido a condiciones extenuantes.

En la actualidad, el personal de seguridad privada trabaja bajo el amparo del Convenio Estatal 2023–2026, que establece una jornada anual de 1.782 horas. Con la nueva normativa, esa cifra debería revisarse a la baja, rondando las 1.670–1.680 horas. Esta modificación exige más que una simple corrección en los papeles: requiere una reorganización profunda de los turnos, contratación adicional y garantías claras de que esta mejora no se traduce en una nueva sobrecarga para quienes ya soportan los turnos más duros y la menor visibilidad dentro del mundo laboral.

No podemos permitir que el coste de este avance recaiga en los trabajadores. Las empresas del sector deben asumir que sus beneficios no pueden sostenerse a costa del sacrificio humano. Por eso, desde el Sindicato de Gremios Unificados (SGU) hemos solicitado formalmente la convocatoria urgente de una mesa sectorial de negociación. No es solo una demanda sindical, es un acto de responsabilidad social.

Pedimos algo simple pero fundamental: que la reducción de jornada se aplique sin pérdida salarial, que se garantice la contratación suficiente para mantener los servicios sin recurrir al abuso de horas extras ni a la sobreexplotación, y que se establezcan mecanismos de control –incluidas auditorías independientes– para asegurar que las empresas adjudicatarias de contratos públicos cumplan con la ley.

Esta no es una batalla menor. En juego está la salud, la vida familiar y el bienestar de miles de trabajadores que cada día custodian edificios públicos, hospitales, estaciones, centros educativos y un sinfín de espacios esenciales. Hablamos de un colectivo que rara vez aparece en los discursos políticos, pero que es parte imprescindible del tejido social.

Si no hay respuesta institucional ni empresarial a esta petición de diálogo, nos veremos obligados a movilizarnos. No por gusto, sino por dignidad. La reducción de jornada debe ser una transición justa, no una trampa disfrazada de progreso.

Ha llegado el momento de que el país mire de frente a quienes lo protegen en la sombra. Esta es nuestra hora.