Manifestaciones en defensa del derecho a la vivienda en España y en Canarias. Análisis 

Antonella Aliotti

Feminista Radical y Antirracista

Defensora de la Casa Común

Activista de DDHH y Sociales

En los últimos años, se ha intensificado en España una oleada de protestas y manifestaciones en defensa del derecho a la vivienda, la última la del 5A. En lugares como Canarias, esta lucha ha cobrado una dimensión particularmente dramática debido a la combinación de salarios precarios, dependencia del turismo y especulación inmobiliaria.

Canarias sufre una de las crisis de vivienda más graves del Estado español. A pesar de ser una comunidad autónoma con un elevado número de viviendas vacías y de nueva construcción, el acceso a un hogar digno se ha vuelto inalcanzable para una parte importante de la población trabajadora. Los alquileres han subido de forma desproporcionada en comparación con los ingresos, y la vivienda social es casi inexistente o de acceso extremadamente limitado.

Los sindicatos de inquilinas, como el Sindicato de Inquilinas de Tenerife y otros colectivos, han propuesto medidas concretas:

• Expropiación de viviendas vacías en manos de fondos buitre.

• Recuperar los pisos turísticos para el alquiler residencial.

• Suspensión inmediata de los desahucios, sin alternativa habitacional.

• Recuperar el alquiler indefinido, estable y justo.

• No a los nómadas digitales que inflan precios y expulsan a vecinas.

• Ilegalizar las empresas “desokupa”, que actúan al margen de la ley.

• Aumento del parque público de vivienda, con gestión social.

• Liberar las viviendas de la SAREB para fines sociales, no para especular.

• Fin de la compra especulativa de vivienda, la vivienda es un derecho, no un negocio.

Estas propuestas no solo abordan la urgencia habitacional, sino que denuncian el modelo económico basado en el beneficio privado a costa de derechos fundamentales.

La lucha por la vivienda es, ante todo, una lucha de clase. Los sectores más golpeados por la crisis —precariado, familias monoparentales, migrantes, mujeres, personas mayores— no solo padecen la falta de vivienda, sino también la criminalización por vivir en condiciones de extrema precariedad. La vivienda se ha convertido en una herramienta más de exclusión social, donde el capital inmobiliario (grandes propietarios, fondos buitre, plataformas turísticas) impone su lógica extractivista.

El modelo turístico ha sido especialmente destructivo en Canarias. La proliferación de viviendas vacacionales —favorecida por plataformas como Airbnb y por políticas permisivas de los gobiernos muy poco interesados a su ciudadanía — ha expulsado a la población local de sus barrios y ha incentivado una gentrificación agresiva incluso en zonas rurales. El turismo, lejos de ser una bendición, ha actuado como un agente colonizador que despoja a las clases populares de su territorio.

Ante la imposibilidad de acceder a una vivienda, muchas personas se han visto forzadas a vivir en coches, furgonetas o asentamientos improvisados en barrancos. Esta situación de emergencia habitacional se agrava con el miedo constante a la intervención de los servicios sociales, especialmente en el caso de madres solas, que temen la retirada de la custodia de sus hijos e hijas. Este miedo funciona como mecanismo de control y silenciamiento, obligando a las mujeres a aceptar condiciones de vida indignas por miedo a represalias institucionales.

La crisis de vivienda no puede desvincularse de las estructuras patriarcales y capitalistas que sostienen la desigualdad. Las mujeres —especialmente madres solteras, migrantes y víctimas de violencia— son las más afectadas por la precariedad habitacional. El hogar, lejos de ser un refugio seguro, puede convertirse en un espacio de violencia, control y explotación. La lucha por la vivienda es, por tanto, también una lucha por la autonomía, por el derecho a habitar dignamente y decidir sobre nuestros cuerpos, vidas y territorios.

El feminismo  no solo denuncia estas realidades, sino que construye redes de apoyo, resistencia y acción directa, donde la sororidad se convierte en herramienta política y la vivienda, en un derecho colectivo a conquistar.

¡Solo el pueblo salva al pueblo!

Esta sororidad se concreta en la acción.
Las feministas llamamos a una revolución de las categorías, a repensarlo todo, a tomar posición clara frente al despojo.

Llamamos también a actos de fuerza:
A recuperar las calles,
a recuperar las viviendas,
a defender la vida digna frente al negocio inmobiliario que nos quiere precarias, expulsadas, y calladas.