El negocio de la migración: ONG, millones públicos y redes de poder

Antonella Aliotti 

Feminista Radical Antirracista 

Defensora de la Casa Común 

Activista de DDHH y Sociales 

La migración. Un drama humano que nos sacude, nos interpela. Pero también, una industria. Silenciosa, eficaz, aceitada con dinero público y protegida por discursos de cartón piedra. Bajo el paraguas de la solidaridad se mueven millones. Bajo la bandera de los derechos humanos se reparten contratos. Y mientras tanto, los cuerpos vulnerables -los de siempre- siguen siendo mercancía.

Hoy quiero hablar de eso. No de la migración en abstracto. Sino del negocio que se ha montado alrededor. De las ONG que se llenan la boca de empatía, mientras amasan cifras que harían temblar a cualquier gestor público decente. De quién está detrás. De quién firma. De quién calla.

Ante todo el dinero que no se ve (pero sí se reparte)

Entre 2022 y 2024, el Gobierno español ha canalizado más de 1.458 millones de euros a ONG que gestionan la atención a migrantes. No es un error de imprenta. Son mil cuatrocientos cincuenta y ocho millones. A través de la llamada “acción concertada”, esos fondos se entregan sin licitación pública, sin competencia, sin fiscalización real. Siempre las mismas. Siempre las de confianza.

Mientras tanto, a las comunidades autónomas que tienen que acoger menores migrantes no acompañados, se les recorta la ayuda: de 145 € a 35 € por niño y día. Y que se apañen. Sin educadores, sin psicólogos, sin comida caliente ni camas limpias. Lo llaman reparto solidario. Yo lo llamo abandono institucional.

Las mismas manos, los mismos nombres. Las grandes beneficiadas de este festín son siempre las mismas:

• ACCEM: en 2022 gestionó casi la mitad del pastel estatal.

• Cruz Roja Española

• CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado)

• Fundación CEPAIM

• MPDL (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad)

Todas con nombres que suenan a ayuda, a humanidad. Pero, ¿a dónde va el dinero? ¿Quién lo controla? ¿Qué porcentaje llega realmente a quienes lo necesitan? Las memorias no responden. Y si preguntas, molestas.

Familias políticas. Vínculos reales: Aquí no hay imparcialidad. Aquí hay siglas. Hay partidos. Hay cargos. Hay familiares.

En CEPAIM manda Juan Antonio Miralles, que no es un técnico: es ex candidato de IU/Sumar. Tiene ideología y tiene amigos.

En MPDL hay ex altos cargos del PSOE. Y vínculos con Teresa Ribera, ministra, eurocomisaria y pieza clave del sanchismo verde.

CEAR fue fundada con impulso del PSOE, IU y el PCE. El discurso lo mantienen. Las subvenciones, también.

ACCEM ha recibido millones tanto del PP como del PSOE. Y nadie rechista.

Estas organizaciones no están al margen de la política. Son parte del engranaje político. Y eso no es un problema… salvo que también gestionan recursos públicos sin control externo. Entonces, sí. Es un problema. Y muy serio.

¿Quién fiscaliza? Nadie.

[Ninguna ONG alcanza el rojo, es decir, ninguna cuenta con una evaluación externa e independiente del impacto real de sus programas.]

 

No hay auditorías independientes. No hay rendición de cuentas pública. No hay trazabilidad de cada euro. El sistema de “acción concertada” es perfecto… para quien reparte el dinero. No para quien lo necesita.

En Canarias, por ejemplo, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI—que también tocó fondos europeos—está bajo investigación:1,9 millones de euros desviados para atención a menores.

¿Quién pagó? Todas. ¿Quién se lucra? Pocos. ¿Quién pierde? Los de siempre: los niños y niñas, las comunidades saturadas, los profesionales explotados.

ONG como empresa. Personas como excusa.

Las ONG no son el demonio. Pero el modelo actual sí lo es. Se han convertido en gestoras privadas de lo que antes era servicio público. Sin oposición. Sin transparencia. Sin garantías.

Opacidad, sistema cerrado y falta de control real

El sistema público de “acción concertada” en España ha distribuido 1.458 millones de euros entre 2022 y 2024 a ONG que gestionan migración sin licitación pública ni evaluaciones independientes  . El problema no es solo la cantidad: es la falta de trazabilidad. Ninguna evaluación pública mide si esos fondos generan integración real, cuántos logran empleo o autonomía  . Se publican cifras de gastos, pero no resultados verificables.

La transparencia… solo en la forma, porque algunas ONG dicen transparentar cuentas y someterse a auditorías. Por ejemplo, CEPAIM afirma auditar externamente sus cuentas y actividad social  . Y Accem cuenta con un portal de transparencia, con memorias 2022 y 2023, contratos y cuentas disponibles  . Pero, atención: esto no equivale a fiscalización real. Estos informes no incluyen evaluación independiente del impacto, ni seguimiento estructural ni indicadores de cumplimiento.

 ¿Ganancias? El “negocio” que nadie mide

No hay “beneficio económico” directo, porque son ONG sin ánimo de lucro. Pero el negocio está en el volumen de contratos, subvenciones y capacidad de influencia política.

Accem gestiona unos 80 millones €/año principalmente públicos  .

CEPAIM recibió más de 50 millones en 2022, repartidos en acogida, integración o inserción laboral  .

Otras como APIP‑ACAM gestionaron más de 40 millones en subvenciones entre 2020 y 2024  .

Esos montos no son insignificantes. El riesgo está en que enormes cantidades circulan sin control externo real: el dinero no se queda en programas comunitarios, se queda en estructuras ONG que facturan, pero sin que nadie evalúe resultados reales.

¿Quién controla entonces, el lobby de estas entidades?

En realidad, en España no hay regulación fuerte del lobby social: las ONG pueden influir en decisiones públicas sin registro obligatorio. El vacío legal facilita relaciones opacas entre gobiernos y entidades sociales, como alertaba El País sobre el descontrol regulatorio del lobby en España, peor que en Francia o Alemania  .

 Importes y destino: quizás generan impacto… quizás no.

Las ONG también manejan donaciones privadas y fondos de la casilla solidaria (X Solidaria). En 2021, casi 2 millones € recaudados beneficiaron a 200.745 personas migrantes y refugiadas a través de ONG  . Otros proyectos de pobreza beneficiaron a 89 mil personas con más de 6 millones €  . Pero estos ingresos representan una fracción del total. No solventan las dudas sobre eficacia general.

El menor migrante no es el centro de nada. Es solo la justificación. El argumento. El dato. La cifra que permite facturar. Eso es inaceptable. Eso es violencia estructural.

Esto no va de solidaridad. Va de poder.

Que no nos engañen más. El buenismo institucional tapa un modelo clientelar y corrupto, que reparte miseria entre quienes la sufren, y millones entre quienes la gestionan. Urge una auditoría. Urge una revisión. Urge levantar alfombras y mirar debajo.

Porque la solidaridad, si no es transparente, es solo marketing. Y la migración, si se convierte en negocio, es explotación.

Además, hay una normalización preocupante de la externalización de los cuidados: menores migrantes tutelados por ONG privadas, sin el debido control institucional. Recursos públicos convertidos en oportunidades privadas. Un modelo que recuerda a lo peor de la privatización sanitaria.

Lo más grave no es solo la opacidad o el clientelismo. Lo más grave es lo que está saliendo a la luz poco a poco:

Denuncias por maltrato y abandono de menores bajo tutela.

Casos de instigación a la prostitución en centros donde deberían proteger a niñas y adolescentes.

Falta de personal cualificado. Centros saturados. Derivaciones sin criterios.

La izquierda no puede seguir callando. El feminismo no puede mirar hacia otro lado. La infancia migrante necesita derechos, no gestores.