El miércoles 17 de enero, el Parlamento Europeo aprobó la reforma del Pacto de Estabilidad. Las nuevas normas refuerzan el rigor presupuestario, abren la puerta a la austeridad permanente y condenan cualquier política divergente. La transición ecológica está comprometida.

Los europeos aún no se han dado cuenta. Pero podrían tener un duro despertar, como ya ilustran en Alemania las manifestaciones masivas de agricultores contra la supresión de una parte de sus subvenciones: el paréntesis abierto en la época de la crisis de Covid, prolongado con la guerra de Ucrania y los choques energético e inflacionista, que había llevado a dejar de lado todas las reglas fiscales y presupuestarias, se ha cerrado desde el 1 de enero. La vuelta a la disciplina financiera de los Estados miembros que salen de este periodo fuertemente endeudados vuelve a ser la norma en toda la Unión.

Pero los dirigentes europeos insisten en que han aprendido de los errores de los programas de austeridad impuestos durante la crisis de la eurozona. Errores que condujeron a una década perdida para Europa y a que la economía europea quedara muy por detrás de la estadounidense. Prometen que la vuelta a la disciplina presupuestaria no será igual que el "corsé presupuestario" del pasado, con su 3% de déficit presupuestario y su 60% de deuda.

Al final de un maratón famoso en Europa, los ministros europeos de Economía aprobaron el 20 de diciembre un pacto de estabilidad transformado. Se trata de "un nuevo marco de gobernanza económica", insistió Nadia Calvino, Ministra española de Economía y Hacienda, responsable de llevar a buen puerto el acuerdo en el marco de la presidencia de su país, que concluyó a finales de diciembre. El acuerdo debe basarse en "normas equilibradas, realistas y apropiadas" para todos los países.

Aliviados por haber encontrado un compromiso que muchos creían imposible, los ministros europeos se dieron palmaditas en la espalda y declararon que el pacto evitaría todos los escollos de las normas del pasado. Bruno Le Maire fue uno de los más efusivos, alabando el regreso de la asociación franco-alemana, estancada desde hace meses. El Ministro francés de Finanzas saludó "un acuerdo histórico". Según él, el pacto dará a los Estados miembros el margen de maniobra que necesitan para seguir invirtiendo al tiempo que aplican una política fiscal "disciplinada".

Los ministros son los únicos que acogen con satisfacción el Pacto de Estabilidad reformado. Las críticas llegan de todos los frentes, economistas, políticos y sindicatos, para denunciar el "software inalterado" europeo de normas presupuestarias "absurdas" que sólo pueden conducir a la austeridad.

Las nuevas normas supondrán recortes presupuestarios de "más de 100.000 millones de euros a partir del año que viene", advierte la Confederación Europea de Sindicatos, que agrupa a los sindicatos de los Estados miembros. En su opinión, la austeridad presupuestaria se traducirá probablemente en nuevas medidas contra los trabajadores y las clases medias.

"Suicidio económico y político"

"Es el regreso del talibanismo al presupuesto", afirma Philippe Lamberts, copresidente de los Verdes en el Parlamento Europeo. Para él, este nuevo pacto constituye "un suicidio económico y político para la Unión Europea". "En un momento en que Europa necesita invertir en la transición ecológica, la defensa, la investigación, la tecnología digital y la reindustrialización, nos estamos negando a nosotros mismos el arma de la inversión", señala, apuntando a "la creciente distancia entre las palabras y los hechos" en una Europa que no para de hablar de soberanía.

"Pueden hablarnos todo lo que quieran de la soberanía europea, pero hay que financiarla", añade la eurodiputada de la Izquierda Social y Ecológica Aurore Lalucq. Este proyecto de reforma es un "error histórico" que corre el riesgo de "proporcionar un caldo de cultivo a la extrema derecha en Europa".

A pesar de todas estas advertencias, el Parlamento Europeo aprobó el miércoles 17 de enero el proyecto de reforma del Pacto de Estabilidad por 431 votos a favor y 172 en contra, con un apoyo masivo de la derecha, el centro y los socialdemócratas. "Si los socialdemócratas hubieran votado en contra, la relación de fuerzas habría sido diferente", comentó Philippe Lamberts tras la votación en la Comisión de Asuntos Económicos, presagiando el resultado de la sesión plenaria.

Ahora comenzarán los debates entre la Comisión Europea y el Parlamento para armonizar el texto. Pero las líneas maestras ya están marcadas: Europa se embarca en una senda de austeridad y recesión.

La omnipresencia de Maastricht

Oficialmente, los criterios grabados en el mármol del Tratado de Maastricht (3% de déficit presupuestario, 60% de deuda) ya no son las referencias insuperables de la política europea. Sin embargo, siguen siendo un subtexto omnipresente, incluso en los métodos de cálculo y las nuevas normas destinadas a dar a los países europeos una mayor flexibilidad en sus políticas presupuestarias.

En resumen, los Estados miembros con déficits y deudas excesivos dispondrán de un periodo de ajuste de cuatro años para reconducir sus cuentas públicas a una senda presupuestaria considerada "sostenible". El periodo de ajuste podrá ampliarse a siete años si los Estados miembros adoptan "reformas estructurales" consideradas susceptibles de mejorar la "resiliencia" financiera.

¿Es necesario aclarar qué entiende la Comisión Europea por "reformas estructurales"? Desde la crisis de la eurozona, estas reformas siempre han adoptado la misma forma: la destrucción y el empobrecimiento del Estado del bienestar, el trabajo, las pensiones, la educación, la sanidad y los servicios públicos en general.

Una concesión importante a los ojos de algunos gobiernos es que el gasto público se evaluará según el concepto de gasto primario, es decir, excluyendo los tipos de interés o los efectos fiscales. Fue este cambio el que llevó a Bruno Le Maire a felicitarse por la flexibilización de las normas, que dará al Gobierno cierto margen de maniobra: el aumento del servicio de la deuda en Francia, provocado por la rápida subida de los tipos de interés, quedará parcialmente neutralizado. Esto permitirá mostrar una recuperación de las cuentas públicas, que podría ser en parte virtual.

Por otra parte, no se hace ninguna distinción entre los gastos: ya se utilicen para financiar la transición ecológica, la investigación o para compensar las ventajas fiscales concedidas a unos pocos, la Comisión Europea no ve ninguna diferencia.

Dictado por el ordoliberalismo alemán

Las nuevas flexibilidades presupuestarias propuestas por los dirigentes europeos corren el riesgo de ser muy ilusorias. A cambio de este periodo de transición, Alemania, que no ha renunciado en absoluto a sus reglas ordoliberales, ha impuesto, con el apoyo de los demás países llamados frugales (Países Bajos, Austria, Estados bálticos), cláusulas de salvaguardia acompañadas de sanciones para los países más endeudados, con el fin de garantizar que sigan la senda de la disciplina financiera y el respeto de las reglas europeas.

Aunque el déficit presupuestario se fije en el 3%, los países deberán comprometerse a no superar el 1,5%, según los deseos de Alemania, para disponer de un colchón de seguridad en caso de crisis o choque imprevisto, y poder aportar un apoyo presupuestario a la economía sin sobrepasar el 3%.

La Comisión establecerá programas presupuestarios para cada país cuya deuda supere el 90% del PIB. Estos países tendrán que reducir su deuda en un punto del PIB cada año mientras dure su plan nacional de gastos. Este objetivo se reducirá a la mitad para los países cuya deuda se sitúe entre el 60% y el 90% del PIB.

Se impondrán normas adicionales a los países con déficits presupuestarios superiores al 3% y niveles de deuda superiores al 60%. Las sanciones se intensificarán para los países que no cumplan sus objetivos presupuestarios: se les exigirá que reduzcan su gasto en un 0,5% adicional del PIB al año.

Las líneas generales de este Pacto de Estabilidad reformado no reflejan toda su complejidad y vaguedad. Todo se basa en conceptos mal definidos y fluctuantes. Aurore Lalucq lo llama una "fábrica de gas", lo que significa que ni los políticos ni el público en general pueden entender los mecanismos, discutirlos o cuestionarlos. "Ni siquiera los técnicos pueden entenderlo", afirma. "Mi única esperanza es que estas normas sean tan complicadas que no puedan aplicarse".

Un informe del instituto Bruegel (disponible aquí en inglés), elaborado a finales de diciembre sobre la base de los términos del acuerdo de los ministros de Finanzas, da una idea de la complejidad de las normas previstas: hay numerosas medidas casi incomprensibles.

La única certeza es que darán un poder exorbitante a la Comisión, vaciando un poco más de sentido los procedimientos democráticos nacionales. La Comisión se encargará de comprobar los planes presupuestarios de cada país, tendrá poder para imponer determinadas medidas y condiciones, y controlará la aplicación de los programas acordados. "Todo esto plantea un problema de credibilidad", afirma Éric Dor, Director de Investigación del IESEG. "El objetivo era que el sistema fuera más fácil de entender. Ahora es aún más opaco: cada país negociará sus programas presupuestarios con la Comisión. Y no todos tienen el mismo poder de negociación".

"Los detalles no importan realmente", insiste Philippe Lamberts. "Lo que tenemos que entender es que los halcones del presupuesto han ganado. Los recortes presupuestarios se están convirtiendo en obligatorios para todos".

Primeras medidas de austeridad

Mientras Europa vuelve a la senda de la austeridad, el déficit presupuestario medio de los países de la eurozona es del 3,6%. Según las previsiones de la Comisión Europea, diez de los veinte países que comparten el euro como moneda, entre ellos Francia, Italia, Bélgica y Finlandia, superarán el fatídico umbral del 3% en 2024. Del mismo modo, doce países han superado el 60% de deuda. Siete de ellos, incluidos Grecia, Bélgica, Italia y Francia, tienen niveles de deuda superiores al 100%. Sin más dilación, se espera que la Comisión inicie esta primavera procedimientos por "déficit excesivo" contra algunos Estados miembros, entre ellos Francia e Italia.

La subida de los impuestos sobre la electricidad en febrero y la duplicación de los gastos de bolsillo para los medicamentos a 1 euro, como precisó Emmanuel Macron en su conferencia de prensa, son sólo las primeras medidas de la austeridad anunciada. El Gobierno está decidido a hacer pagar el pasado "cueste lo que cueste" aumentando sustancialmente los impuestos, los más desiguales, y recortando los gastos sociales, en detrimento de los hogares más pobres y de las clases medias, diga lo que diga.

Bruno Le Maire ya ha anunciado la necesidad de encontrar 12.000 millones de euros de ahorro este año. Sin embargo, según cifras citadas por la Confederación Europea de Sindicatos, Francia tendrá que hacer recortes presupuestarios de más de 26.000 millones de euros al año a partir de la entrada en vigor del nuevo Pacto de Estabilidad, si el ajuste se hace en cuatro años, y de 14.000 millones si se hace en siete años.

Los esfuerzos exigidos a los demás Estados miembros son igualmente inmensos. Italia deberá reducir su gasto entre 13.500 y 25.400 millones de euros, dependiendo de si sus planes son a cuatro o siete años. España tendrá que ahorrar entre 8.900 y 13.900 millones de euros, y Alemania entre 5.800 y 11.000 millones.

En un momento en que la subida de los tipos de interés provocada por el resurgimiento de la inflación y el choque energético vinculado en parte a la guerra de Ucrania han sumido a la zona euro en una virtual recesión desde hace seis meses, esta política deliberada de restricción presupuestaria impuesta al mismo tiempo en los mayores países europeos corre el riesgo de provocar un choque recesivo sin precedentes y marginar a Europa.

Descalificación de cualquier política presupuestaria

Ante tales exigencias, cualquier opción presupuestaria se hace prácticamente imposible, y cualquier política pública queda condenada de antemano. "Esta es la base sobre la que se construyó Europa. Niega cualquier política pública ambiciosa que pueda reforzar el poder de los Estados", señala Anton Brender, profesor emérito de la Universidad París-Dauphine.

La influencia alemana en estas opciones es predominante. Mientras Alemania ve desmoronarse ante sus ojos todo su modelo económico industrial y exportador, el gobierno, y en particular su ministro de Finanzas, el centrista Christian Lindner, sigue defendiendo la más estricta ortodoxia presupuestaria.

El gasto público es intrínsecamente sospechoso. A pesar de las numerosas demostraciones de ello en los últimos años, sin olvidar el colapso de Grecia, cualquier política de apoyo presupuestario anticíclico se considera un grave error, cuando no una herejía. El déficit se considera una falta. En cuanto a la deuda, abre la puerta del infierno.

Y la posición de Berlín se endureció aún más tras la sentencia del Tribunal de Karlsruhe que prohibía al gobierno apartarse de la regla de oro del déficit cero: la austeridad impuesta constitucionalmente a Alemania debía extenderse a toda Europa.

"La deuda es consustancial a la actividad económica. Fijar la deuda en el 60% del PIB significa organizar la regresión económica. Tenemos que aceptar que estamos endeudados", afirma Anton Brender. Continuando con sus reflexiones paralelas, Éric Dor comparó las trayectorias presupuestarias y de endeudamiento de Europa y Estados Unidos. A pesar de su profesada postura liberal, el gobierno federal estadounidense proporciona un apoyo continuo a la economía, aceptando mucha más deuda que Europa. Y sigue haciéndolo, quizás incluso demasiado, hoy en día, con su política de reindustrialización.

¿Por casualidad? Aunque las economías europea y estadounidense habían seguido el mismo camino desde la década de 2000, se estancaron a partir de 2013, cuando se introdujeron las políticas de austeridad en Europa. Desde entonces, la brecha no ha dejado de aumentar: la diferencia de PIB entre Europa y Estados Unidos es ahora del 80%.

Transición ecológica comprometida

Lejos de tranquilizar a los mercados, como desearían los dirigentes europeos, el camino que está tomando la Unión corre el riesgo de preocuparlos. Porque las opciones de la UE están aniquilando una serie de opciones para su futuro y el desarrollo futuro de su economía.

Según los cálculos del Instituto Rousseau, citados por el grupo de los Verdes, cada país europeo tendría que invertir cada año alrededor del 2,3% de su PIB para apoyar la transición ecológica y el desarrollo de su defensa. No hace falta depender de las instituciones europeas para ello. Tras aceptar el plan europeo de recuperación en el momento de la pandemia, Alemania dejó claro que éste sería el único desvío de sus principios. Por tanto, los Estados miembros sólo pueden confiar en sus propias fuerzas y capacidades.

En un momento en que las ambiciones de Europa en materia de transición ecológica siguen reduciéndose, al revisarse a la baja el Plan Verde, la orientación austericida de este nuevo Pacto de Estabilidad corre el riesgo de asestar un golpe mortal a la aplicación de las políticas de lucha contra las perturbaciones climáticas.

Como de costumbre, Europa confía en el capital privado para aplicar esta política. Aparte de los problemas de control democrático, lo sucedido en los últimos cinco años plantea muchos interrogantes. Mientras abogaba por la "financiación verde", el capital privado sólo ha invertido en los proyectos más rentables, e incluso entonces ha exigido que los gobiernos ofrecieran garantías y asumieran todos los riesgos. En los últimos dieciocho meses, este capital se ha alejado incluso de los proyectos "verdes", volviendo en particular a la industria de los combustibles fósiles, mucho más rentable.

"No debemos olvidar los proyectos medioambientales no rentables. Proteger el agua, las costas, la biodiversidad, determinadas zonas... todo ello forma parte del bien común. Necesitamos políticas públicas para financiarlos y protegerlos. ¿Cómo hacerlo con políticas de austeridad?", se pregunta Aurore Lalucq. Del mismo modo, todas las medidas para apoyar a los hogares más pobres y ayudarles a compensar los costes de la transición ecológica parecen condenadas a quedar al margen. Se corre el riesgo de alimentar la oposición de la extrema derecha a todas las políticas ecológicas.

Lo que es cierto para la transición ecológica lo es también para la defensa, la investigación, la reindustrialización, el desarrollo de la economía digital... temas todos ellos destacados por la Comisión Europea en su apuesta por recuperar la soberanía del continente. "Vamos a la competencia mundial con un brazo y una pierna cortados, y luego se nos pide que corramos el maratón contra Estados Unidos y China", refunfuña Philippe Lamberts. "Con esta política, nos convertiremos en el juguete de estas dos potencias. Todo esto sólo puede hacer el juego a la extrema derecha y conducir a la desintegración de la Unión", vaticina el eurodiputado.

Traducción: Antoni Soy Casals