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La Vivienda, el Gran Teatro de la Inacción Política

Por Carlos Martínez

politólogo

y miembro de Soberanía y Trabajo

La crisis de la vivienda en España no es un fenómeno natural, como una sequía o una plaga. Es una catástrofe social meticulosamente diseñada, un síntoma terminal de un sistema político y económico que ha abdicado de sus funciones esenciales para servir a intereses espurios. Lo que vivimos es el abandono programado de las clases populares y trabajadoras, sacrificadas en el altar de la especulación, el turismo masivo y la doctrina neoliberal impuesta desde Bruselas. Y mientras, los partidos del sistema –tanto los que gobiernan como los que aspiran a hacerlo– utilizan este drama humano como reproche electoral, pero son absolutamente incapaces, o están del todo desinteresados, en aplicar las soluciones prácticas, urgentes y contundentes que la situación exige.

La gravedad es extrema. Generaciones enteras de jóvenes ven cómo el proyecto de vida de tener un hogar se les escapa de las manos. Familias trabajadoras destinan más del 50% de sus ingresos a un alquiler abusivo, mientras son desalojadas para dar paso a apartamentos turísticos o a los fondos buitre que acaparan el parque inmobiliario. Los centros de nuestras ciudades y pueblos, especialmente aquellos con valor turístico, se vacían de vecinos y de vida comunitaria para convertirse en parques temáticos para el ocio transitorio. Esta no es una economía de mercado; es una economía de saqueo.

La Farsa de la “Política de Vivienda”

El primer gran engaño es conceptual. Se habla de “mercado de la vivienda” como si el acceso a un bien tan básico y con una oferta tan rígida como la vivienda pudiera regirse por las mismas leyes que el mercado de los smartphones. Esta concepción es terriblemente cruel. Obliga a las familias a competir en una lucha desigual contra actores con un poder financiero infinitamente superior: fondos de inversión internacionales, grandes tenedores de patrimonio y la maquinaria global del turismo de masas. El Estado, en lugar de actuar como garante de un derecho constitucional, se limita a ser un espectador que, en el mejor de los casos, aplica parches inservibles.

La llamada nueva Ley de Vivienda, impulsada por Podemos y bendecida a regañadientes por el PSOE que también impuso sus condiciones liberales, es el ejemplo perfecto de esta farsa. Es un bodrio legislativo, lleno de agujeros y ambigüedades, cuya aplicación efectiva depende en gran medida de la voluntad de las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por la derecha y la extrema derecha, cuyo credo es la no-intervención en el “mercado”. Es una ley diseñada para el fracaso, para poder exhibir un titular progresista sin alterar en lo más mínimo los fundamentos del problema. Es la política del gesto vacío.

Detrás de esta inoperancia se esconde una cobardía estructural. El PSOE, históricamente, ha mostrado una sumisión vergonzante al poder socioeconómico del sector inmobiliario-financiero. Y esta cobardía se multiplica cuando miramos a Bruselas. La Unión Europea se ha erigido en el gendarme del neoliberalismo, imponiendo dogmas de austeridad, disciplina fiscal y “flexibilidad” de mercado que atan de manos a cualquier gobierno que, en teoría, quisiera implementar políticas soberanas y audaces. O bien la burocracia corrupta de la UE es utilizada como excusa por los gobiernos para no hacer nada o bien hacer el paripé de pedir permiso a una institución neoliberal impuesta para destruir todo lo público y liquidar la soberanía de los estados para someterla a los fondos buitre y de inversión. Bruselas nos ha convertido en un gran parque temático barato para el turismo del norte de Europa o ricos de Asía o América, y ahora, en un campamento militar para una guerra absurda y peligrosa contra Rusia, que solo sirve a los intereses geoestratégicos de la OTAN y desvía recursos billonarios que podrían destinarse a lo urgente: vivienda, sanidad, educación.

Es obsceno ver cómo nuestros estúpidos gobernantes, o quienes aspiran a serlo, se enredan en debates estériles mientras guardan un silencio cómplice ante el genocidio palestino o el expolio sistemático de Cisjordania. Este mismo cinismo es el que aplican a la crisis de la vivienda. El famoso rearme europeo, presentado como una necesidad de seguridad, se financia con el sudor y la sangre de las mayorías sociales, mientras la agenda “woke” importada de Estados Unidos actúa como un caballo de Troya cultural, dividiendo a las clases populares y desviando su atención de la lucha de clases, que es la única que realmente importa: la de los que tienen el capital contra los que solo tienen su fuerza de trabajo.

Medidas Urgentes y Posibles: La Voluntad que Falta

No es que no existan soluciones. Es que no existe la voluntad política para aplicarlas. Si de verdad hubiera un compromiso con la gente, se adoptarían de forma inmediata las siguientes medidas:

1. Recuperación de las competencias de vivienda. El modelo autonómico español es un desastre en esta materia, creando 17 sistemas diferentes, ineficientes y llenos de duplicidades. Es necesaria una nueva situación que permita una estrategia estatal única, coordinada y con recursos suficientes. La vivienda es un derecho fundamental y no puede depender del código postal.

2. Prohibición total de los pisos turísticos y de la conversión de bloques enteros en alojamientos turísticos. No se trata de regular, sino de prohibir. El negocio turístico ha demostrado ser un cáncer para el derecho a la vivienda. Hay que expulsarlo de los espacios residenciales y devolver los barrios a sus vecinos.

3. Expropiación de las viviendas en manos de fondos buitre y grandes tenedores. Estos actores no son propietarios, son extractores de renta. Su modelo de negocio se basa en la acumulación y la especulación, vaciando ciudades y encareciendo el acceso a la vivienda. El Estado debe ejercer su poder de expropiación por causa de utilidad pública y social, integrándolas en un parque público de alquiler social.

4. Plan urgente de construcción y rehabilitación masiva para crear un gran parque público de vivienda social. No hay atajos. Es necesario un esfuerzo inversor del Estado, al estilo del que se hizo tras la posguerra por ejemplo en Gran Bretaña, orientado al alquiler social asequible y en régimen de cooperativa. Esto no solo solucionaría el problema de acceso, sino que generaría empleo de calidad y reactivaría sectores económicos productivos.

Estas medidas no son imposibles. Tienen un coste político, sí: el de enfrentarse a los poderes financieros y a los dogmas de la UE. Pero el coste de no aplicarlas es infinitamente mayor: la condena a la precariedad vital de millones de personas, el aumento de la desigualdad y la desesperación social que, irremisiblemente, alimenta a la extrema derecha.

Un PSOE asimilado al wokismo cultural y una supuesta izquierda radical perdida en sus batallas identitarias son el caldo de cultivo perfecto para que la ultraderecha, con su discurso reaccionario y su práctica neoliberal feroz, engañe a unas clases populares desarraigadas y enfadadas. Necesitamos ya una herramienta política con la soberanía, la valentía y la claridad de ideas para hacer algo. La vivienda no es un lujo, es un derecho. Y la batalla por la vivienda es, hoy por hoy, la batalla por la democracia misma.