Un acuerdo indecente - por Ramón Trujillo, Portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz  de Tenerife  *

El gobierno municipal de Santa Cruz de Tenerife ha dado vía libre a un acuerdo sobre la gestión del ciclo del agua que es enormemente perjudicial para la ciudadanía del municipio. Un acuerdo que, sin embargo, es más desconocido por la población que perjudicial. Pues la mayor parte de la ciudadanía desconoce lo que está pasando, dado que la mayoría de los medios de comunicación no está muy interesada en poner el foco en cuestiones que podrían dañar las expectativas electorales del alcalde José Manuel Bermúdez.

Lo primero que hay que tener presente es que a Sacyr se le adjudicó la gestión privatizada del ciclo del agua en Santa Cruz de Tenerife, durante 25 años, a cambio de que pagara el precio por explotar ese servicio. Sacyr obtuvo el control de EMMASA, la empresa municipal del agua, y logró que el Consejo de Administración de EMMASA decidiera devolverle 59 millones de euros del precio que había pagado. En 2020, Sacyr llevaba indebidamente cobrados 33,6 millones de euros, provenientes de EMMASA. Y, como el dinero no era suyo, el Ayuntamiento exigió a Sacyr que devolviera ese dinero a EMMASA. 

Pues bien, el gobierno municipal de Coalición Canaria y Partido Popular ha aceptado un acuerdo para que Sacyr devuelva a EMMASA el dinero cobrado de forma indebida. Y, a cambio de que Sacyr devuelva un dinero que no le corresponde, se hace una gran cantidad de concesiones a Sacyr, que son absolutamente incomprensibles desde la perspectiva del interés público.

Creo que es evidente que la devolución de un dinero cobrado indebidamente no debe ser objeto de concesiones. Sacyr no debe obtener nada de nada a cambio de devolver un dinero que no es suyo. Lo cobró indebidamente y deberá devolverlo incondicionalmente y punto. Creo que esta es la lógica que se deriva del más elemental sentido de la justicia. Sin embargo, el gobierno del alcalde Bermúdez avala condicionar la devolución de esos 33,6 millones de euros a una serie de exigencias planteadas por Sacyr.

1. El Acuerdo entre Sacyr y EMMASA, aceptado por el gobierno municipal de Coalición Canaria y Partido Popular, establece que la devolución de los 33,6 millones de euros “no supone ni revocar, ni siquiera cuestionar la decisión” del pago indebido. O sea, mientras que, a raíz de la denuncia presentada por Unidas Podemos, un Auto del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, de abril de 2021, señala que la decisión de devolver parte del precio de la concesión hace presumir “la posible existencia de una infracción penal” y ordena imputaciones por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, el grupo de gobierno está de acuerdo con un documento que exige no cuestionar la decisión del pago indebido. El alcalde no sólo no persona al Ayuntamiento como acusación particular en este caso sino que, además, avala un Acuerdo que exige no cuestionar la decisión del pago indebido. Esto es una auténtica indecencia.  

2. El Acuerdo entre Sacyr y EMMASA ni tan siquiera exige a Sacyr que retire el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Ayuntamiento para no pagar lo cobrado indebidamente. Se trata de otra concesión inaceptable a Sacyr.

3. El Acuerdo condiciona la recuperación del dinero cobrado indebidamente a la subida de la tarifa y las tasas del agua. De hecho, lo que está exigiendo Sacyr es que, con la subida del precio del agua, la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife le pague el dinero que tiene que devolver a EMMASA. En este sentido, es curioso constatar que el Acta del Consejo de Administración de EMMASA, del día 1 de diciembre de 2021, prevé una recaudación adicional por la subida del precio del agua, entre 2022 y 2031, que suma un ingreso extra total de 33,64 millones de euros, lo mismo que Sacyr debe devolver a EMMASA. Es verdad, no obstante, que en el Modelo económico financiero por reformulación del Plan de Inversiones proyectado a fin de concesión, de mayo de 2022, los ingresos previstos por subidas del precio del agua, para 2022—2031, ascienden a un total de 49,03 millones de euros. Este último documento establece las previsiones económicas concretas del Acuerdo. 

Sacyr-EMMASA piden una subida total de las tarifas del agua del 14,2% para este año y el próximo (7,9% desde el 1 de enero de 2022 y 6,3% desde el 1 de enero de 2023). Esto produciría un ingreso extra por tasas y tarifas del agua de 7,16 millones de euros en esos dos años. Al mismo tiempo, el dividendo a repartir previsto, para 2022-2023, asciende a 7,69 millones de euros. Es decir, la subida del precio del agua sirve para garantizar el pago de dividendos.

Sin embargo, el Gobierno de Canarias ya ha limitado la subida de la tarifa al 2,5%. En principio, ni se autoriza la subida del 7,9%, en 2022, ni otro 6,3% para sumar un 14,2% de subidas en 2023. Conviene traer a colación que la subida de la tarifa del agua aprobada por PP y CC, en 2016, la tumbaron posteriormente el Gobierno de Canarias y los tribunales. Sin embargo, ahora el Gobierno del alcalde Bermúdez vuelve a excederse defendiendo los intereses de una empresa privada en contra del pueblo de Santa Cruz. Es más, el Acuerdo estipula que “los ingresos por actualización de tarifas y tasas anuales, en caso de no aprobarse o no materializarse a través de su repercusión al usuario, tendrán que ser objeto de compensación/subvención con cargo al presupuesto municipal”. 

4. El Acuerdo también estipula la subida anual de la tarifa del agua en función del IPC. Afirma que “en relación con las tarifas y tasas referidas al ejercicio 2023 y siguientes tendrán que ser revisadas todos los años, tomando como referente el IPC”. Es decir, le reconoce a Sacyr-EMMASA el derecho a la actualización anual de las tarifas en función del IPC, a pesar de que, en la Sentencia 000260/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que desestima la subida de la tarifa en 2016, se afirma que “ha de rechazarse la aplicación automática del incremento del IPC anual”. Por ello es realmente increíble que el Gobierno municipal de Bermúdez le reconozca a Sacyr un derecho que se le había negado por Sentencia judicial. Y es que, el Artículo 39.1 de los Estatutos de EMMASA establece que “la cuantía de la tarifa será la que resulte necesaria en cada momento para conseguir y mantener la autofinanciación y el equilibrio económico de los servicios cuya gestión tiene encomendada la empresa”. Por lo tanto, nada obliga al ajuste anual de la tarifa del agua al IPC.

5. El Acuerdo estipula que Sacyr devolverá, durante los próximos diez años, los 33,6 millones de euros, además de los intereses generados en ese decenio (pero no pagará intereses por los catorce años previos de acumulación de cobros indebidos). Según el Acuerdo, esto supone que la devolución del dinero cobrado indebidamente “se integra, trae su causa y constituye una de las bases del modelo económico financiero presentado por EMMASA, dentro de los flujos de caja que darían soporte a la reformulación del Plan de Inversiones”. Esto quiere decir que la devolución de los 33,6 millones se sumará al flujo de ingresos de EMMASA y acabará sumándose al excedente de tesorería de los diez años de gestión privatizada que quedan. Por lo tanto, según el Acuerdo, Sacyr volverá a recuperar casi el 45% del dinero que aporte, a través del reparto de dividendos. Porque el 45% del excedente de tesorería irá a dividendos (y el 94,6% del dividendo de EMMASA corresponde a Sacyr).

6. El Acuerdo también reformula los compromisos en materia de inversiones que adquirió Sacyr cuando obtuvo la gestión del servicio. La oferta de Sacyr incluía llevar a cabo inversiones por valor de 165 millones de euros, generados por su propia gestión, y, además, indicaba que “hasta que no se acometan [esas inversiones] no se ha planteado en el modelo reparto alguno de beneficios”. Pues bien, en 2021 debía estar ejecutado el 83,5% de esos 165 millones (o sea, 137,8 millones), pero sólo se había ejecutado el 37% (61 millones) de lo previsto. Y, aunque, en 2025, tenían que estar efectuadas esas inversiones, el Acuerdo las retrasa hasta 2031 y, asimismo, acepta que la ejecución sólo llegue al 64,2% de lo acordado (106,1 millones de 165 millones).

Pues bien, el gobierno municipal consiente que se incumpla el calendario de estas inversiones, acepta que se incumpla la cuantía comprometida y que, al final, sólo se ejecute el 64,2% de la oferta de Sacyr. Y, además, sin haber acometido los 165 millones en inversiones, se establece un reparto de dividendos por valor de 80,3 millones de euros hasta 2031. Es decir, Sacyr sólo invertirá 106 millones de los 165 millones de su oferta, aunque ingresará dinero más que suficiente para cumplir con el 100% de su oferta. Pero buena parte del dinero se irá a dividendos. Así que, al final, la ciudadanía, gracias a la privatización de la gestión del ciclo del agua que le regaló Coalición Canaria acaba pagando beneficios multimillonarios y se queda sin las inversiones comprometidas.

En suma, el gobierno municipal acaba aceptando el incumplimiento de lo acordado en materia de inversiones para así asegurar grandes beneficios a la empresa adjudicataria. El objetivo es que Sacyr logre un reparto de dividendos por valor de 80,3 millones de euros, entre 2022 y 2031. De ese modo, una contratación realizada supuestamente a riesgo y ventura del contratista acaba convirtiéndose en concesión a ventura sin riesgo. Pues el Acuerdo blinda los beneficios de Sacyr y eso que estamos hablando sólo de los dividendos. Además, Sacyr obtiene el 5,5% sobre la cifra de negocios, en concepto de know how (1,8 millones en 2021) y, en 2031, la devolución del valor nominal de las acciones. Al final, la empresa beneficiaria de la privatización del agua de Coalición Canaria obtiene el gordo de Navidad, la Bonoloto y la quiniela juntas. Sin embargo, mientras tanto, la ciudadanía obtiene su obligación de cumplir con la condena a pagar beneficios multimillonarios mediante el recibo el agua. Beneficios que no había que pagar cuando la gestión era pública y no había nada equivalente a un impuesto revolucionario patronal. A la ciudadanía le toca seguir escuchando al alcalde del gobierno-para-cuatro presumiendo de sus rebajas de impuestos… 

* En La casa de mi tía por gentileza de Ramón Trujillo