Carta abierta al consejero de Educación - por Sonia Puertas Sánchez. Profesora y miembro de Izquierda Unida Canaria *

   Estimado Sr. José Miguel Pérez:

   Ya van más de dos mil días de persecución institucional de género por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que usted encabeza. Ya han pasado seis años desde que solicité –hasta tres veces y por escrito- un permiso de lactancia para atender a mi hija recién nacida. Ya son setenta los meses transcurridos desde que la Consejería de Educación me acusó injustificadamente de faltar al trabajo, por acogerme al permiso de lactancia. Y eso que lo hice tras esperar a que transcurriera el tiempo legalmente estipulado para que la ausencia de respuesta, por parte de la Administración, implicara una autorización (art. 6.1 de la Resolución de 1 de agosto de 2006 de la Dirección General de Personal). De hecho, aún sigo esperando a que se me deniegue tal permiso.

 En cuanto concluyeron los días que me correspondían por el permiso y que fueron de auténtica pesadilla, porque uno tras otro tuve que responder por burofax a sus requerimientos -a pesar de que en los mismos reconocían haber perdido mis solicitudes- volví a mí puesto de trabajo. Y no pasó nada. Absolutamente nada. Pero remití una queja al Defensor del Pueblo que incluía el nombre de la persona que se negó a reconocer mi derecho a la lactancia con el argumento de que: “yo he renunciado al mío cuando mi hija tenía dos meses y tu deberías haber hecho lo mismo para coger el nombramiento que recibiste durante tu permiso de maternidad”. Cuatro meses después de mi vuelta al trabajo el Defensor del Pueblo pidió explicaciones por ello a la Consejería. Entonces, la Administración me abrió un expediente disciplinario que me acabó costando una sanción de 11.000 euros. Pagué 392 euros por cada día que “disfruté” del permiso de lactancia, por ser mujer y por ser madre y, sobre todo, por creer que donde decía derecho decía derecho.

   Después de la apertura del expediente me llamaron para hacer una nueva sustitución. Pero el día en que me tocaba empezar a trabajar coincidió con una cita médica, precisamente porque los efectos de las situaciones equivalentes al peor acoso laboral hacen que las personas de carne y hueso tengamos que pedir citas médicas. Y no me esperaron ni un día: expulsión definitiva de las listas del profesorado sustituto de la Consejería de Educación. Una fatwa tan implacable como inédita.

   Recurrí ante los tribunales y gané. La Consejería recurrió la primera sentencia favorable que obtuve y perdió. Usó dinero público para intentar que su injusticia tuviera refrendo legal. Sin embargo, la Consejería de Educación fue nuevamente condenada a indemnizarme por haber sido expulsada ilegalmente y a pagarme, también, las dos últimas nóminas que me adeudaban desde el que se convirtió –hace ya seis años- en mi último curso escolar. Siendo su Consejería, además, condenada en costas por la mala fe del procedimiento.

   Señor consejero, ¿por qué paga usted con el dinero de todos una indemnización producto de una conducta declarada ilegal por la Justicia? ¿Por qué no lo pagan quienes decidieron una sanción ilegal? ¿Por qué paga usted con el dinero de todos las costas judiciales que le ha impuesto la Justicia? ¿Por qué gasta dinero público para recurrir en los tribunales contra una trabajadora a la que se ha expulsado de forma ilegal de una lista de empleo? ¿Por qué avala usted que la Consejería de Educación sea representada ante los tribunales de justicia por unos servicios jurídicos incompetentes, que no guardan el más mínimo respeto al código deontológico de la profesión? ¿Por qué usa el dinero de todos para combatir contra los derechos de una de sus trabajadoras?

    Señor consejero, ustedes han retrasado todo lo que han podido el cumplimiento de la sentencia y, a la hora de cumplirla, la han incumplido parcialmente asignándome un número distinto al que me corresponde para reducir la cuantía de la indemnización que me abonaron. Para ello, su abogada aportó en los juicios dos informes con datos manifiestamente falsos y, ahora, tengo que denunciar penalmente a los funcionarios que, “presuntamente”, han delinquido, mostrando, de paso, el poco respeto que la institución judicial -cuyos dictámenes deberían al menos respetar- les merece. ¿O será un error? ¿Será un error como cuando me puntuaron a la baja mis ejercicios de oposición para obtener una plaza de profesora de enseñanza secundaria?

   Y es que he tenido que esperar unos cuantos años para que mi pregunta anterior no parezca un desvarío infundado. Pero hoy ya sabe, señor consejero, que tengo otra sentencia firme del Tribunal Supremo que dice que mis pruebas de oposición recibieron una puntuación muy inferior a la que merecían y que obligan a su Consejería a volver a evaluarlas. Los peritos que nombró el juez dictaminaron que la calificación que me correspondía no era el 5 que me pusieron, sino una nota superior a un 9. Eso sí, ustedes llevan un año sin cumplir una sentencia que han recurrido con dinero público hasta la máxima instancia, para volver a ser condenados, otra vez, en costas. Con los bolsillos llenos de dinero ajeno, ustedes no tienen prisa. Y es que, si luego hay que pagar más indemnizaciones -y habrá que hacerlo- no importa, porque lo harán con el dinero de los ciudadanos.

   ¿Cuánto van a tardar en aplicar la sentencia del Tribunal Supremo? ¿Van a cumplir con lo que prescriben los peritajes o van a obligarme a nuevos pleitos si vuelven, otra vez, a cumplir sólo de forma parcial la sentencia? Usted sabe que la sentencia es histórica: no es nada frecuente que la Justicia invalide la calificación decidida por un tribunal de oposiciones y lo ha hecho porque estaba muy claro y por el impagable trabajo de un abogado, Nicolás González, que ha peleado por esta causa como si fuera suya.

Señor Consejero, hace ya dos meses que le dirigí una carta en la que puse en su conocimiento estos y otros gravísimos hechos relacionados con las vulneraciones de derechos que he sufrido. En ella no le pido su intervención en relación a ninguno de ellos sino, simplemente, le exijo que cumpla las sentencias firmes que me afectan. Su respuesta ha sido la ausencia de respuesta.

Si este es el tratamiento que usted dispensa a temas tan graves e incontrovertibles como estos no puedo imaginar el tratamiento que habrán recibido de su parte mis compañeros de profesión cuyas demandas no estén avaladas por el Tribunal Supremo. Su actitud es el reflejo del desprecio que su administración siente y practica contra unos profesores y maestros sometidos estos últimos años a una permanente e inútil auditoría laboral en la que, lejos de evaluarse su competencia docente, se juzga su labor administrativa en relación a un nuevo modelo “educativo” cuya implementación, además de significar un claro empeoramiento de la calidad, sólo contribuye a crear, entre los que amamos esta profesión, desazón, desmoralización y tristeza.

      Señor consejero, decía José Martí que la mejor manera de decir es hacer. No son nuestras palabras las que nos definen, sino nuestros actos. A mí me define el haberme negado a renunciar a mis derechos y a los de mi hija recién nacida. En sus manos está definirse a sí mismo por habérmelo hecho pagar de forma tan injusta como ilegal. 

Sonia Puertas Sánchez. Profesora y miembro de Izquierda Unida Canaria.

* Se publica con autorización de la autora