La creciente criminalización de la solidaridad con las personas migrantes: estrategias políticas y judiciales - por Irene Graíño Calaza *

Día a día salen a la luz casos de criminalización de operaciones de rescate e intentos legislativos para frenarlas, a la par que los Estados de la Unión Europea ignoran su obligación internacional de rescatar a personas en el mar. Numerosos casos, como el de Italia y España, dan prueba de ello.

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En Italia, Giorgia Meloni se propuso luchar contra las organizaciones que se rescatan las vidas de personas migrantse en el mar desde el inicio de su mandato. Así, el 4 de noviembre, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, el de Defensa, Guido Crosetti y el de Transporte e Infraestructura, Matteo Salvini aprobaban un decreto por el que los barcos de rescate solo podrían entrar a puerto en caso de emergencia y desembarcar a personas en condiciones de salud precarias y el resto debía permanecer en las embarcaciones, regresar a aguas internacionales y que los Estados indicados en las banderas de las naves se hicieran responsables de las personas supervivientes. Esto tuvo como consecuencia que, a los pocos días, cuatro barcos con más de mil personas rescatadas esperasen asignación de puerto seguro sin encontrar respuesta.

En este escenario, el pasado 15 de febrero, la Cámara de Diputados de Italia aprobaba una legislación que transponía el Decreto-Ley nº 1 del 2 de enero de 2023, previamente adoptado por el Ejecutivo italiano, en legislación ordinaria. Esta normativa, ahora pasará al Senado, donde se prevé que se vote el día 2 de marzo. La implementación de requisitos más estrictos para las organizaciones que rescatan a migrantes en el mar, acompañados de la perspectiva de multas e incautación de los barcos son algunas de las medidas que podrían probarse en Italia en el próximo mes.

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SARAH BABIKER

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“Estas medidas están claramente diseñadas para obstaculizar a las ONG que llevan a cabo misiones de búsqueda y rescate para salvar vidas en el Mediterráneo central. Esto forma parte de un esfuerzo por garantizar que el mayor número posible de personas sean interceptadas por guardacostas libios y devueltas a Libia, donde se enfrentan a detención arbitraria y tortura”. Esta nueva legislación —en combinación con la práctica de los “puertos distantes”, que obliga a los buques de las ONG a desembarcar a las personas rescatadas en puertos muy alejados de los lugares donde habitualmente se llevan a cabo los rescates— genera el riesgo de provocar más muertes en el mar. Esto conllevará un mayor sufrimiento para los supervivientes de naufragios y una mayor criminalización de la labor legítima de los defensores de derechos humanos, afirmaba Matteo de Bellis, investigador del área de migración de Amnistía Internacional. Además de Amnistía, otras organizaciones de la sociedad civil han mostrado su preocupación con la posible aprobación de esta legislación en Italia, que consolidaría un paso más en la criminalización del rescate marítimo a personas migrantes en Europa, práctica de la que los Estados son directamente responsables, a pesar de eludir sus obligaciones en materia de derecho internacional.

En Grecia, el pasado 10 de enero comenzaba el juicio frente a dos defensores de derechos humanos, Sarah Mardini y Séan Binder, por trabajar en el salvamento de personas en movimiento, que según Human Rights Watch está plagado de defectos procesales que socavan sus derechos al debido proceso y a un juicio justo “Los cargos se basan en un informe de la policía griega que contiene flagrantes errores de hecho, incluidas afirmaciones de que algunos de los acusados participaron en misiones de rescate en varias fecha cuando no estaban en Grecia. El informe hacía referencia a comunicaciones entre trabajadores humanitarios que la policía vigilaba en fechas fuera del marco de tiempo de su orden judicial”.

Más de 20 acusados se enfrentan a un procedimiento en Lesbos. Un informe del Parlamento Europeo identificaba este caso como “el mayor caso de criminalización de la solidaridad en Europa”

En este juicio, más de 20 acusados se enfrentan a un procedimiento en Mitilene, en la isla de Lesbos, por delitos menores en relación con Emergency Response Center International (ERCI) una ONG de búsqueda y rescate que cooperó con autoridades griegas en aguas griegas y en Lesbos de 2016 a 2018. Un informe del Parlamento Europeo identificaba este caso como “el mayor caso de criminalización de la solidaridad en Europa”. Una de las acusadas, Sarah Mardini llegó en 2015 como refugiada a Lesbos con su hermana Yusra, huyendo de la guerra en Siria, y mientras cruzaban el Mediterráneo, su embarcación empezó a hundirse, y ellas, nadadoras profesionales, arrastraron la patera hacia la costa. En su llegada a Alemania, Yusra volvió a entrenar y nadó en el Equipo Olímpico de Atletas Refugiados de los JJOO de Río 2016 y Sarah regresó a Lesbos para trabajar en la ayuda humanitaria. En 2018, Sarah y Séan, compañero de ERCI, fueron detenidos y estuvieron 106 días en prisión, hasta salir bajo fianza. En el juicio de enero se les acusa de tráfico de personas, fraude, pertenencia a una organización criminal y blanqueo de dinero.

“Todo este procedimiento es absurdo, de lo único de lo que son responsables es de ayudar a personas que se ahogaban en el mar” alertaba Carlos de las Heras, de Amnistía Internacional España. Igualmente, un informe del Parlamento Europeo destacaba que “Los cargos penales contra ERCI como organización y sus voluntarios han sido considerados infundados”. Igualmente, la relatora de Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, expresaba el 9 de febrero su preocupación por la criminalización y represión que sufren las ONG de salvamento marítimo de migrantes en el Mediterráneo. Igualmente, pedía que se derogase la legislación adoptada en Italia que obstruía actividades esenciales de los buques de salvamento que operan en el Mediterráneo Central, una medida que a su juicio violaba el derecho internacional.

Por otro lado, en los próximos días comenzará nuevamente el juicio contra miembros de la tripulación del barco “Iuventa” que pertenece a ONG como Médicos Sin Fronteras o Save the Children, a los que se acusa de haber rescatado a más de 14.000 personas migrantes entre 2016 y 2017. La tripulación de Iuventa operó durante estos años, hasta que el barco fue confiscado por las autoridades italianas el 2 de agosto de 2017. Como afirmaba Kathrin Schmidt, abogada del Iuventa: “El juez rechaza garantizar de manera plena nuestros derechos a la defensa, a entender los cargos contra nosotros, a participar de manera efectiva y asegurar la equidad del juicio. Esto está sucediendo en un caso con mucha atención pública, por lo que es sencillo imaginar las devastadoras consecuencias en innumerables casos contra las personas en movimiento”.

En este sentido, como explica Iuventa en su página web, los abogados de la defensa presentaron una solicitud de exclusión de las partes, alegando que la solicitud estaba plagada de errores, tanto de forma como de contenido, y que por tanto era inadmisible. De hecho, algunos errores eran tan graves que los abogados de la defensa amenazaron con presentar una contrademanda por difamación, ya que la petición también incluía delitos por los que los acusados ni siquiera están imputados, como la pertenencia a una organización de delincuencia transnacional. Esto llevó al representante del gobierno a tener que disculparse y a suprimir pasajes enteros de la solicitud”. El juez anunciará la decisión sobre la participación del gobierno en la vista de hoy 25 de febrero de 2022.

Carola Rackete: “Un año después, continúa la criminalización de los rescates en el Mediterráneo”

MATHIAS RODRÍGUEZ

Los casos de criminalización de la defensa de derechos de las personas migrantes se extienden por toda Europa. En el verano de 2019, como señalaba Amnistía Internacional, numerosos gobiernos europeos dejaron bloqueadas durante semanas a la deriva en el Mediterráneo Central a cientos de personas que habían sido rescatadas en el mar. A fines de agosto de 2019, 356 personas quedaron varadas en el mar en el barco de rescate Ocean Viking, de las ONG Médicos sin Fronteras y SOS Mediterranée. Ese mismo mes hicieron falta 19 días, varias evacuaciones por motivos médicos, y que algunas personas se lanzaran al mar para que se permitiera desembarcar en Italia a las 83 personas que quedaban en el Open Arms, el barco de rescate de la ONG Proactiva Open Arms.

Anteriormente, en julio de 2019, la capitana del Sea-Watch 3, Carola Rackete, fue arrestada en Lampedusa por atracar en el puerto a pesar de la prohibición de la policía italiana. A comienzos de 2019, 49 personas pasaron 19 días abandonadas en el mar tras ser rescatadas por las ONG Sea-Watch y Sea Eye, efecto de la política de “puertos cerrados” que Italia había iniciado en junio de 2018, en virtud de la cual los barcos que rescatan personas refugiadas y migrantes en el mar ya no reciben autorización para desembarcarlas.

A la luz de las restricciones e impedimentos puestos en marcha por las autoridades europeas para impedir el desembarco seguro y el rescate efectivo de las personas migrantes en el mar —que es responsabilidad estatal— además de la criminalización que sufren las personas que ejecutan las tareas de rescate, cabe preguntarse, ¿cuál es la responsabilidad estatal en las tareas humanitarias de rescate de personas migrantes?

Según el derecho internacional, las personas que están en situación de peligro en el mar han de ser rescatadas sin demora y llevadas a un lugar seguro, donde reciban un trato humano y se les ofrezca una oportunidad real de solicitar asilo. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señala que el derecho internacional exige que toda persona rescatada en el mar sea rápidamente desembarcada y entregada a un “lugar seguro”.

En el artículo “¿Se encuentra la obligación de rescate en declive ante las políticas estatales de ‘puertos cerrados?’”, elaborado por Jacquelline Hellman, se explica la contraposición y posible articulación en torno a un enfoque de derechos humanos de las normativas supranacionales e internas en materia de derechos humanos. A tenor de lo que explica, actualmente, la obligación internacional de rescate aparece reflejada en el artículo 98 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1982, que codifica conductas practicadas tiempos atrás por los Estados, e incide en la idea de que esto es de obligatorio cumplimiento, independientemente de si los Estados han ratificado o no el Convenio.

Los Estados, en los últimos años, no sólo no han cumplido con su deber de rescatar a las personas, sino que además han venido restringiendo y bloqueando las tareas de rescate de migrantes por parte de la sociedad civil

A tenor de la regulación internacional, y su choque con las regulaciones internas en ciertos Estados, como Italia a la luz de lo que hemos señalado, es preciso homogeneizar la norma nacional de acuerdo con la obligación internacional y establecer estándares mínimos de cumplimiento junto con instrumentos de evaluación y monitoreo de dicho cumplimiento.

Se hace necesario profundizar un diálogo para una articulación justa entre las normativas internacionales, que vinculan a los Estados al rescate de personas en el mar, y las normativas nacionales, que en los últimos años no sólo no han cumplido con su deber de rescatar a las personas, sino que además han venido restringiendo y bloqueando las tareas de rescate de migrantes por parte de la sociedad civil, condenando y hostigando a los defensores de derechos humanos.

Como señala Hellman “respecto al Convenio SAR los Estados parte deben auxiliar a las personas que se encuentre en una situación de riesgo, independientemente de cuales sean su nacionalidad, condición jurídica o circunstancias. Consecuentemente, según la normativa internacional, la obligación de rescate se predica de cualquier ser humano que se encuentre en peligro. En este sentido, el Convenio SAR da más información y recalca que esta clase de operaciones no sólo deberían traducirse en proporcionar a las personas rescatadas los primeros auxilios médicos o los que sean necesarios, sino también en trasladarlas a un lugar seguro”.

Es necesaria una armonización de las normativas internas con la legislación de derecho internacional, y que los Estados se comprometan a cumplir las directrices emanadas de derecho internacional

A la luz del debate citado, se encuentran, como bien señala Hellman, los casos de España e Italia, y el efecto del bloqueo de las operaciones de rescate, a través dos vías legales distintas. En el caso de España, en 2019, y en relación con la embarcación Open Arms, fue muy relevante la interpretación que se realizó del art. 100 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, referida al régimen de navegación de buques en aguas españolas, que exige la suspensión de todas las naves que no reúnan las condiciones apropiadas de navegabilidad o seguridad. En este sentido, el capitán de Open Arms, Óscar Camps, recibió un comunicado del Director General de Marina Mercante, para que pusieran fin a las operaciones de rescate, basándose en ese artículo. Esto muestra, como afirma Hellman en su artículo que “en España se han adoptado preceptos legales excesivamente vagos que, teniendo en cuenta, la falta de contundencia de las normas supranacionales, permiten sin duda cierto margen de maniobra estatal”, como se ha reflejado en el caso del Open Arms.

Las operaciones de rescate no sólo están en peligro por la interpretación de leyes y la falta de cumplimiento de los estándares internacionales, sino que son criminalizadas en Europa, donde podemos observar distintos casos de juicios celebrándose actualmente en contra de defensores de derechos humanos. Es necesaria una armonización de las normativas internas con la legislación de derecho internacional, y que los Estados se comprometan a cumplir las directrices emanadas de derecho internacional. Ante la criminalización de la solidaridad y una Europa cada día más fortaleza, más solidaridad, justicia y reparación con las víctimas de las fronteras y con los defensores de derechos humanos.