La ecotasa en Canarias: una cuestión de responsabilidad social - por José Luis Hernández, concejal de Unid@s se puede en La Laguna

E l ayuntamiento de La Laguna, mediante una moción de Unid@s se puede, ha acordado instar al Parlamento de Canarias a iniciar el debate para la elaboración de medidas legislativas, tendentes a la mejora de la actividad turística y la preservación del medio ambiente, que contemplen la creación de un impuesto para el turismo sostenible (ecotasa), con un carácter finalista que garantice la competitividad, la calidad y la sostenibilidad de la actividad.

Se convierte así en la primera Corporación municipal de Canarias en dar ese paso, después de que también lo hiciera el Cabildo de Lanzarote.

El fenómeno de masas en que se ha convertido el turismo en la inmensa mayoría de los países conlleva grandes beneficios de todo tipo, pero también desajustes y serias afecciones sociales y ambientales que es conveniente tener en cuenta.

En Canarias asistimos desde la década de los ochenta a un auténtico boom turístico, que, con una especie de trashumancia económica de las medianías hacia la costa, desde la agricultura hacia el turismo, generó un importante avance de la economía y también una transformación muy importante de nuestra sociedad. Ese fenómeno también traía de la mano un serio impacto en la forma de vida de la población autóctona y en general en el medio ambiente, con un incremento considerable de la presión sobre el territorio.

En los últimos años, el aumento sostenido, que no sostenible, de la actividad turística en Canarias se ha visto impulsado por la situación de inestabilidad política en el área del norte de África y en general en el Mediterráneo oriental, alcanzándose cifras de récord que afianzan al sector como una verdadera industria, en realidad la principal industria en las Islas. Los crecimientos sostenidos anuales desde 2010 son superiores al 6%, suponiendo más del 34% del PIB, acaparando el 40% del mercado laboral y alcanzando cifras próximas a unos 16 millones de turistas en 2017.

Las administraciones públicas tienen en las políticas ambientales y fiscales potentes instrumentos para garantizar una organización social más respetuosa con el medio ambiente y también para favorecer una adecuada redistribución de la riqueza. Son eficaces herramientas para minimizar el impacto del turismo en zonas de alta concentración turística o en territorios frágiles. Y nuestras islas lo son por estar mediatizadas por su condición insular y por su origen volcánico, aspectos geográficos que determinan una capacidad de carga que no deberíamos perder de vista.

Los municipios tienen un papel clave en el desarrollo del turismo, pero también tienen que soportar gastos y responsabilidades (seguridad, promoción, información, mantenimiento de espacios y atractivos turísticos, transportes, mantenimiento urbano, gestión de residuos, energía, personal, formación, actividades culturales...), que afectan a sus economías y por tanto a la posibilidad de atender las necesidades globales de la población residente.

En todo el planeta son muchos los países, ciudades o zonas turísticas que aplican una tasa o un impuesto para recaudar recursos que se destinan a mitigar los efectos negativos de la actividad turística y, sobre todo, a garantizar la competitividad, la calidad y la sostenibilidad de la actividad y en ningún caso se ha visto reducido afectado el negocio como consecuencia de haber aplicado una ecotasa.

En el Estado español Catalunya en 2012 y Baleares en 2016, son la vanguardia en la aplicación de iniciativas legislativas para aplicar una ecotasa con una imposición finalista que destinan a garantizar la calidad y la sostenibilidad del sector.

El propio FMI considera que un impuesto de estas características y vinculado a la sostenibilidad, es una oportunidad y una potente herramienta que fortalecería las economías municipales. En parecidos términos se pronuncia el Informe Final de la Comisión de Expertos para la Revisión de la Financiación Municipal, emitido en julio de 2017.

En Canarias, teniendo en cuenta las cifras del sector en el año 2017, se calcula que la ecotasa al turismo podría suponer una recaudación de unos 130 millones de euros, con la que se podría garantizar la sostenibilidad de la actividad y también serviría para aliviar la carga que Ayuntamientos, Cabildos y el propio Gobierno de Canarias, tienen que soportar para mantenerla.

Después de tantos años de sacrificios soportados por amplias capas de la población canaria, con el sector turístico plenamente consolidado y con una rentabilidad considerable, ha llegado la hora de la responsabilidad social y de la redistribución efectiva de la riqueza que genera.

Apelamos a la patronal turística canaria para que asuma su importante parte en esa responsabilidad y para que, escudándose en pueriles argumentos como la disminución de la competitividad, deje de hacer lobby para frenar la implantación de una ecotasa.

En cualquier caso, la apelación más firme la debemos hacer a los grupos del Parlamento de Canarias y lo es para que hagan política pensando en las mayorías y no deleguen por más tiempo sus obligaciones.

* La casa de mi tía agradece la gentileza de José Luis Hernández