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La  escasez de vivienda social y protegida que no vieron los gobernantes de este país

Erasmo Quintana *

A pesar del crecimiento vegetativo en España, propio de más de cuarenta años, la vivienda pública ha sido la más abandonada por todos los gobiernos que han sido hasta aquí. Ha gobernado la izquierda y la ha sustituido la derecha, todo durante 47 años, sin que ninguna de las dos se percatara de que la política habitacional es uno de los principales problemas que, quien gobierne, debe solucionar preferentemente. El no haber movido una sola voluntad de primera magnitud, es el gravísimo estado actual, corroborando que la vivienda hoy es un artículo de lujo, con el que los más avispados aprovechan para enriquecerse, pues invierten todo lo que tienen en viviendas, no para vivirlas, sino en utilizarlas como pura y dura especulación.

La vivienda es uno de los mayores problemas que actualmente tienen las grandes ciudades españolas. Es escasa y está envejecida, ésas que las corporaciones están en la obligación de renovar. El crecimiento vegetativo de la población, decíamos, no para de aumentar, mientras que las políticas de construir vivienda social brilla por su ausencia. Esta calamitosa situación hace que la vivienda de alquiler se ha hecho una auténtica necesidad, lo que le cuesta al ciudadano medio destinar un tercio de lo que gana por su trabajo, y anomalía que provoca haya una imparable demanda de la de alquiler. En este sentido la Ley de Vivienda poco o nada resuelve, convirtiendo el derecho a tener casa propia en una fábula. No se cumple la Ley. La Constitución Española, en su Art. 47 dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

En Barcelona y Madrid, donde se reconoce el enquistamiento del problema que comentamos, puesto que son ciudades donde acude un excesivo número de visitantes, los alquileres deberían estar controlados por las autoridades, evitándose que sean tan prohibitivos y un claro abuso. Hace tiempo que estas dos ciudades debieron implementar estrategias encaminadas a ampliar el parque público de vivienda social y facilitar las privadas, así como incluir acuerdos con las promotoras con el fin de conseguir que el coste de la social no sea tan oneroso para las arcas públicas. 

Han faltado programas y políticas destinadas a proporcionar a la población con menores recursos económicos, o algo más de los que serían necesarios para una vida sin sobresaltos, que les permitieran viviendas asequibles a su economía. El Estado, y con él las demás administraciones públicas, deberían promover la construcción de vivienda al alcance de esos depauperados emolumentos, ya que hay una importante población que malvive, cosa esta que quien está sobrado en su economía no es capaz de comprender: Quien no haya vivido o vive una situación determinada, no lo entiende. De paso se soluciona el problema sobrevenido de la carencia crónica habitacional, y puesto que hoy tener una vivienda propia es un lujo. La vivienda protegida, término para referirnos a las que están sujetas a un régimen de protección oficial y supone limitaciones en su precio; ¿y por qué no?, como en la época de Franco, que ésto sí lo hizo bien: levantar barrios enteros de viviendas modestas con un plausible alquiler, el cual servía para ir pagando el valor de la vivienda, y llegado el momento,  recibían escritura de propiedad de la misma. Con el tiempo llegaban a ser dueños de sus propios hogares. Lástima que no se limitara de ninguna manera la posibilidad de su venta, con lo cula muchas de esas viviendas pasaron a ser pasto de la especulación. Esa especulación urbanística que ya vimos que los redactores de la Constitución sabían que estaba en el fondo del origen del problema. 

En la actualidad, las políticas de vivienda son competencia de las Comunidades Autónomas, lo que comporta que hayan variaciones significativas entre ellas; pero en ausencia de los políticos en la materia, todas han hecho lo mismo: nada. Las administraciones, pues, tienen la obligación de iniciar el aumento de la oferta pública de vivienda protegida, garantizando así que los recursos económicos “vacantes” en los Bancos tienen el destino adecuado. Para conocer la indolencia de los actuales mandatarios, fijarnos en que, tanto el Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. como el Cabildo Insular, guardan mucho dinero en cuentas Bancarias, en las que este último, al parecer, cuenta con cincuenta millones de euros, por los que recibe en intereses doce millones anuales. Si hubiera sensibilidad y voluntad política, ¿qué les impide que ambas Corporaciones se unan para promover la construcción de vivienda social que llegue al mayor número de ciudadanos, los cuales lo agradecerían mucho más que ponerles un tren al Sur de la Isla o la Metroguagua?

Cosas como éstas son las que traen la creciente desafección y desconfianza de la ciudadanía en sus políticos e Instituciones públicas; sus dirigentes no se han preocupado por algo tan esencial para la emancipación de la juventud. ¿Quién es capaz de casarse sin tener un hogar asegurado? El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, el día 19 del actual, en declaraciones hechas en el Foro de Prensa Ibérica del Hotel Santa Catalina de nuestra Capital,  anunció que, por Decreto Ley 1/2024, Canarias destina más fondos que nunca en la construcción de Vivienda Pública para mitigar la emergencia habitacional que padece nuestra Región. La partida global asciende a 171.800 millones de euros, por lo que nuestro Archipiélago será una de las comarcas en que un problema global nacional empieza a solucionarse. Así que, bienvenida la buena noticia.