ESPAÑA CANARIAS: Una solidaridad impuesta, pero aún insuficiente

Jacinto Ortega del Rosario *

exconcejal de Cohesión Social, Igualdad y Juventud del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La reciente aprobación en el Congreso del real decreto ley que obliga a redistribuir a los menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas marca un punto de inflexión en la política migratoria del Estado. Desde una perspectiva canaria, esta medida llega tarde, no resuelve el problema de fondo y deja al descubierto una preocupante falta de compromiso real por parte de muchas administraciones peninsulares, que parecen más preocupadas por el cálculo electoral que por los derechos humanos.

Canarias ha estado durante años gestionando en solitario una crisis migratoria de enormes dimensiones. En lo que va de 2024 y comienzos de 2025, más de 5.500 menores no acompañados han llegado a nuestras costas, una cifra que ha colapsado los recursos y sobrepasado tres veces la capacidad de acogida de las islas. Esta situación, que no es nueva, ha sido históricamente ignorada por muchas comunidades del continente, que miraban hacia otro lado mientras el Archipiélago se convertía en frontera, en trinchera, y en contenedor de un problema que es común, pero que hasta ahora solo afectaba directamente a unos pocos.

El decreto, aprobado con los votos del PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y otros grupos, y rechazado frontalmente por PP y Vox, establece que, cuando una comunidad autónoma triplique su capacidad de acogida, se activará de forma automática un reparto de menores hacia otras regiones del país. Es una medida necesaria, sí. Pero ¿por qué hemos tenido que llegar al límite para que se tome una decisión así? ¿Por qué no se planteó una distribución preventiva, solidaria, cuando ya era evidente el colapso de los centros en Canarias desde hace más de dos años?

El problema no es solo técnico, ni logístico. Es profundamente político. El Partido Popular, con Feijóo al frente, ha votado en contra del decreto, reafirmando su estrategia de endurecimiento del discurso migratorio y alineándose, una vez más, con los postulados más duros de la ultraderecha de Vox. Algunas comunidades gobernadas por el PP han llegado incluso a negarse a enviar los datos básicos necesarios para planificar el reparto de menores, una actitud que no solo es irresponsable, sino también profundamente insolidaria.

¿Desde cuándo los derechos de los menores —porque no hablamos de inmigración en abstracto, hablamos de niños y niñas solos, en situación de vulnerabilidad extrema— están sujetos a la voluntad política de unos gobiernos autonómicos? ¿Desde cuándo se ha convertido la infancia migrante en arma electoral?

Desde Canarias no podemos más que recibir este decreto con alivio, pero también con escepticismo. Alivio, porque es cierto que cualquier esfuerzo por compartir la carga es bienvenido. Escepticismo, porque sabemos que esto no es una solución estructural. La medida entra en vigor en verano, como si el tiempo no contara para estos niños hacinados en recursos desbordados, como si su bienestar pudiera esperar a que la política se tome su pausa estival.

El Gobierno central, aunque acierta en el enfoque de corresponsabilidad, también llega tarde. Y más aún: actúa sin haber articulado todavía una estrategia clara para garantizar que las comunidades receptoras cuenten con medios suficientes, formación específica y planes de integración real para estos menores. Redistribuirlos no es simplemente cambiar su ubicación geográfica; es asumir su cuidado, su educación, su protección, su futuro.

Como canario, me enoja profundamente la indiferencia con la que muchos en la península han contemplado durante años la crisis migratoria en nuestras islas. Me indigna que solo ahora, cuando la presión institucional es insoportable y los medios se hacen eco, se empiecen a mover engranajes que debieron haberse activado mucho antes. Y me avergüenza que, en pleno 2025, aún tengamos que debatir si proteger a menores migrantes es una prioridad o no.

Este decreto es un parche. Necesario, pero insuficiente. Ojalá sea el primer paso de una política migratoria seria, sostenida y verdaderamente solidaria. Una que no deje a territorios como Canarias o Ceuta aislados ante una realidad que nos afecta a todos como sociedad. Porque solo cuando entendamos que los derechos humanos no se aplican en función del código postal, podremos decir que vivimos en un país justo.