La Justicia, a veces tan sorprendente -por Nicolás Guerra Aguiar

(A J. Morgan, inspiración)

No anda muy encarrilado el mundo de nuestra Justicia por más que se intente restar importancia a las tempestades que de cuando en cuando lo azotan. Es un tema de sensibilidad ciudadana, a fin de cuentas su correcto funcionamiento implica un ajustado equilibrio entre lo justo y lo legal, lo razonable y lo rigurosamente judicial, la intromisión política y la pureza judicial.

  A lo largo y ancho del negro período de la dictadura franquista ninguna persona ajena a delitos “normales” -pero sí pregonera de principios democráticos- podía acudir a ella a la búsqueda de ayuda o protección frente a la barbarie de un sistema represivo. Muy al contrario: la estructura fascista la tuvo como aliada e, incluso, como sangre de su sangre, gente de su gente, ritmo cardíaco que alimentaba amenazas. Y sus condenas -legitimadas sí, pues eran conforme a las leyes; pero no adecuadas ni lícitas según justicia y razón- se ejercían para imponer miedos, terrores (“el pánico silbaba más que el viento”, escribió Agustín Millares).  

 Recuerdo mi primer contacto con ella (imagen imborrable, tenía diecisiete años cuando me precipitaron al mundo de los mayores). Arranca desde mi preuniversitario: un condiscípulo del instituto, Salvador Sagaseta, fue absuelto tras un consejo de guerra -fui testigo directo en el castillo de Mata- por haber publicado en su página de Diario de Las Palmas el poema “Consejo de Paz” (Pedro Lezcano), considerado como agresión al honor del Ejército. 

 Pero como la sentencia exculpatoria del tribunal militar no satisfizo al capitán general de Canarias, el procedimiento se repitió al pie de la letra… salvo en el veredicto: Salvador fue condenado a pena de prisión superior a la solicitada por la fiscalía militar (“disparatada arbitrariedad jurídica”. Así la definió años después el abogado Lorenzo Olarte). Distintas ciudades fueron prisiones por las que encarcelaron su cuerpo de diecinueve años (menor dd edad). Después vino el “secuestro” organizado por el Partido Comunista para salvarlo del inmediato envío al Sájara… y servir a la Patria con uniforme de soldado.  

  Catedráticos, ayudantes de cátedra, maestros… fueron reprimidos por las comisiones depuradoras, expulsados de sus puestos de trabajo por años o a perpetuidad mientras sin éxito recurrían a la justicia civil: buscaban imparcialidades, conciencias profesionales, la iustitia definida como ‘Derecho, razón, equidad’.  Así, varios profesores del “Pérez Galdós” sufrieron las iras del fanatismo fascista, arbitrario y demoledor, enemigo de la Ciencia y el pensamiento.

  ¿Y qué decir del Tribunal de Orden Público, instrumento en manos de jueces voluntariamente destinados a tal institución? Fue creado (1963) para reprimir graves  culpas como, por ejemplo, la reclamación del bien más preciado por el ser humano:  la libertad, la libre determinación. Juzgaba y condenaba los “delitos políticos” cuya arma destructiva -la palabra serena y racional, desapasionada y coherente- dejaba impasibles a señorías y fiscales (me viene a la memoria el letrado Pedro Limiñana Cañal, víctima de tal barbarie…). Fue una de las primeras instituciones fascistas desaparecidas en 1977. 

  El tiempo se ha renovado. Y todo lo sucedido es como el pretérito anterior y el pluscuamperfecto: acciones pasadas de ayer o anteantier. Pero permanecen situaciones llamativas como, por ejemplo, las luchas políticas por acceder al control de las instituciones jurídicas. O, como poco, mantener normas bien definidas y apuntaladas en los textos constitucionales por más que estos, como obra humana, necesitan decisiones conducentes a vitales renovaciones: hoy no es 1978. Pero esta Constitución permanece políticamente encadenada por acuerdo tácito de PP y PSOE, sus beneficiarios.

  Así, por ejemplo, el acceso a la Fiscalía General del Estado. Es despotismo legal claramente descarado que la señora Delgado García, anterior ministra de Justicia del Gobierno socialista, fuera nombrada fiscal general por el mismo PSOE (dimitió el 19 de este mes. El Gobierno nombró a su número dos). O que ejerciera como fiscal general en el último gobierno pepero el señor Maza, tan controvertido por la purga de fiscales en Murcia, precisamente en Murcia (2017). Fue denunciado por la Unión Progresista de Fiscales: "Claro retroceso en la pretendida autonomía del Ministerio Público frente al poder Ejecutivo”. 

  Nuestra Constitución necesita cambios. Así, el artículo 124.4. establece que el fiscal general “Será nombrado [...] a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”. Y la “dependencia jerárquica” de los fiscales también está regulada en el mismo constitucional artículo 124.2. Este añade: “...y con sujeción [...] a los principios de legalidad e imparcialidad”. Es decir, desde la propia impureza humana posibilita un hipotético desajuste: ¿la “dependencia jerárquica” no podría afectar a la imparcialidad?

  Todo lo anterior, en fin, explica el interminable desencuentro PSOE – PP sobre el asedio a las altas instituciones judiciales. Así, marcados contrastes: Libertad Digital habla de “Rapto del Constitucional por Sánchez”; El País (junio) titula “El Constitucional se prepara para bloquear la renovación que planea el Gobierno”… Incluso se habla de magistrados conservadores y progresistas. Lo cual podría hacer sospechar (podría) que concretas señorías son propuestas para, en caso de necesidad, dirimir y dictar sentencias sobre políticos.

  Que el exmagistrado señor Alba fuera expulsado de la carrera judicial se debió a la condena por prevaricación, cohecho y falsedad: “Confabuló para perjudicar a la ahora jueza en excedencia y actual diputada de UP, Victoria Rosell” (CANARIAS7, 2019). ¿Influyó la política en su disparate? (La condena va más allá: casi siete años de prisión y dieciocho de inhabilitación. A cuyo pesar, al día de hoy no se ha sabido que haya ingresado en la carcel.)

 ¿Politización de las instituciones? Concluyamos: “Recusados los magistrados vinculados al PP que deben juzgar el caso de la ‘caja B’ del partido” (infoLibre, 2015); “El PP recusa a la juez del caso de los ordenadores de Bárcenas por sus ‘vínculos’ con el PSOE” (El Mundo, 2016); “Anticorrupción apoya estudiar la recusación de un magistrado que juzgará a Camps por vínculo con el PP” (La Vanguardia, junio/2022). Y la última: “Anticorrupción pide al juez que archive la causa contra Esperanza Aguirre por la caja B del PP”. Subtítulo: “Dos de los tres fiscales del caso se niegan a firmar el escrito de conclusiones”, eldiario.es, 19 julio. (¿Descubre usted alguna coincidencia, sagaz lector?) 

* La casa de mi tía agradece la gentileza de Nicolás Guerra Aguiar