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jueves, 28 de marzo de 2024 09:57h.

Los laguneros pagaremos en los próximos años la mala gestión en tiempos de bonanza económica - por Santiago Pérez

La autorización que el Ministerio de Hacienda ha dado al Ayuntamiento de La Laguna para formalizar un nuevo préstamo, esta vez por casi 19 millones de euros, para el pago a acreedores, ha vuelto a poner de manifiesto que la Hacienda municipal de La Laguna no ha estado bien gestionada a lo largo de la última década.

Los laguneros pagaremos en los próximos años la mala gestión en tiempos de bonanza económica - por Santiago Pérez, concejal de XTF en el Ayuntamiento de La Laguna

La autorización que el Ministerio de Hacienda ha dado al Ayuntamiento de La Laguna para formalizar un nuevo préstamo, esta vez por casi 19 millones de euros, para el pago a acreedores, ha vuelto a poner de manifiesto que la Hacienda municipal de La Laguna no ha estado bien gestionada a lo largo de la última década.

Esta comprobación conlleva un efecto muy pernicioso, porque durante esta última década hemos vivido un lustro de bonanza económica --por muy artificial que fuera-- y los últimos cinco años ya ha transcurrido en un clima de grave crisis económica y social.

Me explico: durante una etapa duradera de crecimiento económico los presupuestos de las Administraciones públicas debieran quedar saneados; la justificación es sencilla: el crecimiento genera actividad empresarial, gasto de las familias y por lo tanto incremento en los ingresos de la Hacienda pública, también de la municipal.

Al propio tiempo, las demandas de la ciudadanía de carácter social disminuyen al haber empleo. Luego al finalizar una etapa de crecimiento económico sostenido la Hacienda de La Laguna debiera estar saneada y con superávit, lo que había permitido afrontar con un cierto margen de maniobra la reducción de ingresos el incremento de demandas sociales característicos de una etapa de crisis.

Sin embargo, no ha sido así. La Laguna ha firmado el año pasado un préstamo de 51 millones de euros, al que hay que añadir un nuevo préstamo de casi 19 millones: total 70 millones de euros para el pago a acreedores.

Quiénes son esos acreedores, cuál es la justificación de esas deudas.

En primer lugar, hay que insistir en el dato de que el Gobierno de España al establecer un mecanismo de ágil pago a acreedores no ha puesto distinción alguna entre aquellos compromisos que han sido adquiridos dentro de la legalidad, por parte de las entidades locales, de aquellos contraídos ilegalmente. De forma que los dos Decretos Ley, el número 4/2012 y el número 8/2013, producen una derogación singular de la legislación presupuestaria de las entidades locales y de la legislación de contratos del sector público que contravienen directamente los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad establecidos por la constitución española.

Es realmente paradójico que los alcaldes de municipios no gobernados por el Partido Popular estén elevando la voz al cielo en protesta por lo que consideran un ataque a la autonomía municipal a través del proyecto de ley sobre régimen local que el Gobierno ha enviado al Congreso y, al mismo tiempo, estén callados por la intervención que el Ministerio de Hacienda ha hecho de los Ayuntamientos con el pretexto de autorizarles nuevos préstamos para el pago ágil a acreedores.

La razón es fácil de entender: el Ministerio de Hacienda interviene a los Ayuntamientos, pero al propio tiempo autoriza a los alcaldes a pagar incluso las obligaciones contraídas ilegalmente, es decir les autoriza a sacar todos sus muertos de los armarios. Por eso, los alcaldes callan.

El precedente no puede ser más negativo de cara a la garantía de la autonomía local, ni más negativo para la inaplazable recuperación de la credibilidad de las instituciones democráticas.”Legalizar”, con el pretexto del pago a acreedores, las obligaciones contraídas al margen de la ley por los alcaldes y gobiernos municipales es el equivalente en este terreno a la amnistía concedida a los grandes contribuyentes.

Es decir, la ruptura del principio de legalidad, la ruptura de la prohibición de derogaciones singulares de las leyes --que directamente atentan contra el derecho fundamental de igualdad ante la ley, clave del Estado de Derecho--, la consagración de la inseguridad jurídica y, sobre todo, un elemento de desmoralización para quienes como contribuyentes o como responsables de los gobiernos municipales han cumplido con la legalidad.

Nos retrotrae no ya al siglo XIX, sino al siglo XV, a aquella etapa en la que los gobernantes, a la sazón los Reyes de Castilla, pretendían situarse por encima de las leyes aprobadas en Cortes.

En segundo lugar hay que decir que gran parte de las deudas con proveedores que se van a pagar con los dos créditos mencionados no son deudas derivadas de actuaciones inversoras, sino de la prestación de servicios públicos municipales por las empresas que los gestionan, o simplemente se trata de gasto corriente fruto de la adquisición de bienes y servicios.

Empresas como Urbaser, que gestiona el servicio municipal de recogida de basuras, transporte y limpieza viaria, tenían cobros pendientes desde los ejercicios de 2003 en adelante, por importe aproximado de 15 millones de euros.

El servicio que gestiona Urbaser es uno de los servicios fundamentales que presta el Ayuntamiento a los ciudadanos y que debiera ser financiado con los ingresos ordinarios de la Corporación. Pero no ha sido así, de manera que todas esas deudas pendientes --que provienen de años y presupuestos en etapa de bonanza-- van a tener que ser pagadas por los ciudadanos laguneros en tiempo de crisis, cuando a lo largo de la próxima década y en cumplimiento del plan de ajuste exigido por el Ministerio de Hacienda tengan, como obligación presupuestaria de carácter prioritario, que devolver estos préstamos.

De forma que en tiempos de bonanza no sólo no ha quedado saneada la Hacienda de La Laguna, sino que deudas provenientes de los servicios ordinarios de la Corporación, o sea por lo tanto gasto corriente, van a tener que ser afrontadas por los ciudadanos de La Laguna a lo largo de una crisis cuyo desenlace tiene un oscuro pronóstico.

Además, deudas que ascienden a varios millones de euros provienen de los gastos en fiestas populares. Así, va a resultar que durante la próxima década, insisto, con unas previsiones económicas nada halagüeñas, los ciudadanos de La Laguna van a estar pagando el gasto en fiestas producido en años de bonanza y en estos primeros años de la crisis económica en los que, el Gobierno municipal, está gastando en fiestas como si tal cosa, por razones de mero clientelismo político.

Lo que ocurrió realmente durante la pasada década es que la entonces alcaldesa, Ana Oramas, no recibió las transferencias de capital desde el Gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife en la cuantía que ella, el Ricardo Melchior y Adán Martín habían prometido --como señuelo electoral-- a los votantes laguneros.

Pero, lejos de arredrarse y ante el extraordinario interés electoral que su calendario de inversiones tenía, no vaciló en acometerlo a base de endeudar al Ayuntamiento, por un lado, y por otro dedicar a la financiación de esas inversiones recursos ordinarios de la Corporación desviando los de lo que es su destino natural: la financiación de los gastos ordinarios y muy en particular el coste de la gestión y prestación de los servicios públicos municipales.

En definitiva, gracias al plan de ajuste 2012-2023, los laguneros vamos a tener que pagar en tiempos de dificultades económicas los gastos del Ayuntamiento correspondientes a la etapa de bonanza económica.

Y esto sólo podrá hacerlo el Ayuntamiento bien subiendo los tributos bien recortando aún más el gasto que es imprescindible para mantener las políticas sociales y la calidad de los servicios públicos esenciales.

No en vano una de las exigencias que el Ayuntamiento ha tenido que aceptar para obtener la autorización de estos préstamos y la aprobación de su Plan de Ajuste es la de generalizar el establecimiento de tasas, la elevación de las que ya existían o la implantación de mecanismos de copago para la prestación de los servicios municipales, muchos de los cuales eran disfrutados hasta fechas recientes con carácter gratuito por los ciudadanos.