No, el ciudadano no es enemigo - por Nicolás Guerra Aguiar
El señor Fernández Díaz, ministro del Interior, tiene en sus manos y en su mente un proyecto que llama “Ley de Seguridad Ciudadana” y cuya finalidad es el control casi absoluto de calles, vías, ramblas, travesías, avenidas, rondas, bulevares, carreras, rúas (en la Rúa Ruera vive Belarmino Pinto, personaje de Pérez de Ayala), paseos, arterias e, incluso pasajes, callejones y pasadizos, por si el enemigo del anterior jefe superior de Policía en Valencia (2012) se oculta subrepticiamente en tales recónditos espacios, que la gente huye al primer toque de carga.
No, el ciudadano no es enemigo - por Nicolás Guerra Aguiar
El señor Fernández Díaz, ministro del Interior, tiene en sus manos y en su mente un proyecto que llama “Ley de Seguridad Ciudadana” y cuya finalidad es el control casi absoluto de calles, vías, ramblas, travesías, avenidas, rondas, bulevares, carreras, rúas (en la Rúa Ruera vive Belarmino Pinto, personaje de Pérez de Ayala), paseos, arterias e, incluso pasajes, callejones y pasadizos, por si el enemigo del anterior jefe superior de Policía en Valencia (2012) se oculta subrepticiamente en tales recónditos espacios, que la gente huye al primer toque de carga.
¿Y por qué tal Ley de Seguridad Ciudadana? Elemental, querido ciudadano: a fin de cuentas la calle es suya. Ya lo afirmó con rotundidad el señor Fraga Iribarne en su etapa de ministro de la Gobernación y, años antes, ministro franquista de Información y Turismo, a la vez que padre ideológico de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 y su famoso artículo 2º. Gracias a este se incoaron cientos de expedientes administrativos a medios de comunicación con algún que otro secuestro y elevadísimas multas ¡sin pasar por los juzgados! En Canarias, por ejemplo, sufrieron los impactos las revistas Millares, Sansofé, Las Palmas de noche; los periódicos El Día, La Tarde, La Provincia, Diario de Las Palmas, e incluso hasta El Eco de Canarias, antes Falange, diario del Régimen. (Nada se sabe sobre las hojas parroquiales que se repartían los domingos tras la misa.)
Sin embargo, ciudadanos hay que temen por los elementales derechos de pacíficas manifestaciones y libres exposiciones de ideas en las calles, derecho que reconoce el señor presidente del Tribunal Supremo sobre el americanismo escrache (voz que, en principio, significó ‘fotografiar a una persona’, aunque hoy también expresa ‘importunar a alguien’). Para tan alta autoridad judicial los escraches son "un ejemplo de la libertad de manifestación”. Y como parece que muchos jueces mantienen parecidos planteamientos, la idea es que todo lo no autorizado se califique como delito administrativo, no penal, lo cual a su vez deja las manos libres para las imposiciones de multas a incorrectos manifestantes que alteran con su disconformidad callejera la paz social que ha de caracterizar a todo Estado europeo (“para soñar ya hay decretadas fechas”, escribió Pedro Lezcano). Como con la Ley de Prensa e Imprenta fraguista: los expedientes que casi siempre terminaban con fuertes sanciones eran administrativos, es decir, el ministerio los abría, los agilizaba y, a la vez, condenaba.
Supongo que si el señor ministerio del Interior cree necesaria y urgente una Ley que garantice la seguridad de los españoles será por algo. Quizás porque las calles se volverán poco invitadoras para distendidas caminatas cuando a partir de 2014 se recuperen e impongan los peripatéticos diálogos entre profes de Filosofía y discípulos, pues la asignatura quedará relegada a una simbólica presencia en las aulas. Y estas, en esencia, recuperarán a Santo Tomás de Aquino y su sistema escolástico, más que suficientes para conocer por encima aquello que se define como ‘amor a la sabiduría’ o invitación al raciocinio. ¿Acaso no fue España feliz sin que el noventa y ocho por ciento de los ciudadanos nada supiera de Platón, Descartes, Kierkegaard, Voltaire, Erasmo de Rotterdam, Sartre, epistemologías, materialismos dialécticos, éticos, históricos, o postulados de razones prácticas? Y el triunfo de la selección española de fútbol en 1964 contra la Unión Soviética con el gol de Marcelino, erróneamente adjudicado a Amancio Amaro, ¿fue acaso producto del pensamiento o consecuencia de la serenidad de un país que se encontraba seguro sin manifestaciones, huelgas, ruidosos tambores y estridentes sonoridades que impiden el éxtasis sereno, apacible?
Hay, sin embargo, algo que me preocupa: la limitación a la libertad ciudadana para ejercer pacíficamente el derecho a exteriorizar en público la disconformidad con alguna normativa que emane del Gobierno central. Si un grupo de españoles no está de acuerdo, por ejemplo, con la misma Ley de Seguridad Ciudadana, ¿acaso no podrá manifestarse sin estridencias para criticar ante el Congreso de los Diputados la ley que sus señorías aprobarán, en uno de cuyos apartados se especifica que quedan prohibidas las acciones en las proximidades de tal institución? Pero, ¿no es acaso el Congreso la representación de la voluntad ciudadana? ¿No están allí los representantes del pueblo? ¿Cómo se les puede hacer saber que hay discrepancias con ciertas actuaciones si a los ciudadanos se les impide acercarse al edificio?
¿Es acaso inseguridad ciudadana que alguien grabe incorrectas actuaciones de algunos que tienen fuerza física en la calle y usan porras, escudos, gases, estrategias, algunas veces sin necesidad en cuanto que frente a ellos tienen a personas cuyas únicas armas de ofensa son el silencio, las manos en alto, la inexistente agresividad? Los Gobiernos saben que hay violencia interior, oculta, y que se ejerce incluso en dependencias policiales, como pasó en una comisaría de Barcelona. Y como lo saben, colocan cámaras ocultas para controlar las actuaciones de algunos que pierden control y sosiego, aunque son sabedores de su indiscutible superioridad. ¿Estarían hoy procesados los policías catalanes que golpearon salvajemente -hipótesis- a un ciudadano si no hubiera una contundente prueba, la grabación hecha por gente de la calle, perpleja ante tal barbarie?
No, señor ministro, con todos mis respetos le digo que los ciudadanos no son el enemigo. Los ciudadanos usan la calle para expresar malestares, disconformidades, a veces desesperaciones. Pero ni usan violencias ni invaden edificios públicos, en absoluto. Su arma es la palabra, oral y escrita, pero nunca revolucionaria ni incendiaria. ¿Quiere usted seguridad ciudadana? Deles, entonces, amparo y protección: defiéndalos frente a recortes en sanidad, educación, ayudas sociales; protéjalos ante el hambre, el paro, la Banca, explotaciones laborales; recupéreles dignidades personales…
Nuestra gente, a la vista está, es serena, dócil, resignada. Pero a veces necesita reclamar justicia social y eso, señor ministro, no es inseguridad ciudadana. Que a miles de jubilados les hayan robado sus ahorros sí fuerza, señor ministro, a salir a la calle. Por ejemplo.
También en: