¿A qué se refieren con romper España?

María José Landaburu

INFOLIBRE

Llevamos unos días de agitación política, mediática y callejera a cuenta de la amenaza, por lo visto inminente, de que se rompa España. Así de rotundo y dramático se nos exhibe un argumentario que tiene como eje central de esa ruptura el hecho, al parecer inevitable, de la pérdida de igualdad entre los y las ciudadanas de este Estado. Como estudiosa del derecho constitucional patrio que soy, y como ciudadana comprometida, no puedo sino solidarizarme con la preocupación por la puesta en riesgo de un principio informador de nuestro ordenamiento jurídico y reiteradamente reivindicado en nuestra Constitución: la igualdad, no solo formal, sino material, que persigue la interdicción de determinadas diferencias históricamente muy arraigadas que, tanto por la inacción de los poderes públicos como por la inercia social, han situado a amplios sectores de la población en posiciones no solo desventajosas, sino abiertamente contrarias a la dignidad humana.

Por supuesto, comparto que a España la rompe de dolor la violencia machista, que acumula la insoportable cifra de 1.234 mujeres asesinadas desde el año 2003, fruto de un sistema patriarcal de dominación de la mitad de la población sobre la otra mitad y que se expresa en todos los ámbitos de la sociedad, desde los roles en los cuidados hasta la brecha salarial, pasando por una pluralidad infame de acosos. El machismo mata, quiebra, separa la sociedad y violenta gravemente la Constitución. El machismo rompe España.

También la rompen la pobreza, la brecha de clases, los salarios de miseria, las pensiones insuficientes, el precio de los alimentos, el desempleo juvenil o la especulación con la vivienda. La rompen la injusticia fiscal, las rebajas impositivas a las grandes fortunas, la supresión de los impuestos de sucesiones y donaciones, los ridículos tipos efectivos impositivos de las grandes empresas extractivas, que luego desaparecen con las arcas llenas y las conciencias vacías.

La rompen el deterioro paulatino de la sanidad, el desmantelamiento de la escuela pública, la supresión de las becas y todas las persecuciones diarias a las minorías, ya sean por razón de identidad de género, de origen, de culto. España se rompe cada vez que se desmoronan los pilares del Estado social, del objetivo de bienestar que ha de permanecer en el frontispicio de la esperanza y el trabajo colectivo en pro de la mayoría social.

El machismo rompe España. También la pobreza, la brecha de clases, los salarios de miseria, las pensiones insuficientes, el precio de los alimentos, el desempleo juvenil... España se rompe cada vez que se desmoronan los pilares del Estado social

Y ante estas rupturas del pacto social que compartimos como Estado, como nación, como pueblo de pueblos, claro que hay que acudir a la Constitución y reivindicarla y esgrimirla recordando que la interacción entre el derecho como fenómeno social y las propias sociedades a las que ordena es exponencial en el caso de los derechos fundamentales, que acaban siendo un elemento de la realidad y no sólo normatividad, de tal manera que el texto constitucional se manifiesta como impulsor de transformaciones y asiste al cambio social estimulándolo.

La Constitución es así una norma viva destinada a irse interpretando en función de la evolución histórica social y de pensamiento; a verse penetrada por las luchas y las reivindicaciones, ante el nacimiento de nuevas realidades que exigen respuesta jurídica al máximo nivel. La Constitución debería dar respuesta a todas las cuestiones que la sociedad demanda, incluidas todas las cuestiones civiles, económicas, sociales y culturales que hemos señalado, también la resolución (el encaje lo han llamado algunos) de la diversidad territorial que componemos, pero como dice el Tribunal Constitucional, leyendo el texto de la norma a la luz de los problemas contemporáneos y de las exigencias de la sociedad actual a riesgo, en caso contrario, de convertirse en letra muerta. (STC 198/2012, de 6 de noviembre, FJ9). Todo ello bajo los parámetros de la legitimidad política de las mayorías legislativas que impulsen las iniciativas puestas en cuestión y de que exista una justificación objetiva y razonada para las mismas. De esa legitimidad política parlamentaria que pueda darse y de la justificación de la medida propuesta, dependerá que se vulnere o no la igualdad en este caso. En cuanto al machismo y a la consolidación del Estado del bienestar, ya sabemos que se vulnera cada día. 

________________________

María José Landaburu Carracedo es Doctora en Derecho, experta en derecho laboral y autora del ensayo 'Derechos fundamentales, Estado social y trabajo autónomo'.

* Gracias a María José Landaburu, a INFOLIBRE y a la colaboración de Antonio Aguado

https://www.infolibre.es/opinion/ideas-propias/refieren-romper-espana_129_1611673.html