Si devuelvo lo robado, ¿estoy perdonado? - por Nicolás Guerra Aguiar
De la misma manera que eufemísticamente nuestra recatada sociedad habla de alumbramientos cuando de naturales partos se trata, o rechaza por impúdico el término mear y lo sustituye por orinar (lo de miccionar ya es de sublimación social), se denomina desvío de subvenciones públicas a lo que en la calle se llama robar dinero a las arcas del Estado, dicho en román paladino.
Si devuelvo lo robado, ¿estoy perdonado? - por Nicolás Guerra Aguiar
De la misma manera que eufemísticamente nuestra recatada sociedad habla de alumbramientos cuando de naturales partos se trata, o rechaza por impúdico el término mear y lo sustituye por orinar (lo de miccionar ya es de sublimación social), se denomina desvío de subvenciones públicas a lo que en la calle se llama robar dinero a las arcas del Estado, dicho en román paladino.
Así, se lee que un partido político con implantación en España, Unió Democrática de Catalunya, en los años noventa del siglo pasado distrajo intencionadamente ochenta millones de pesetas (muchísimo más que 380.000 euros) que debían emplearse en beneficio de la sociedad catalana. Pero como UDC también es una sociedad –a fin de cuentas está formada por personas–, decidió que lo mejor era quedarse con los euros, todo quedaría en Catalunya. Y desde que se denunció el supuesto atraco, juramentos y palabras de honor pusieron a Dios por testigo de que habría dimisiones inmediatas si se confirmaba tal pirateo. Pero como no se celebrará juicio –perplejidad de perplejidades–, la palabra quedó en el aire y los compromisos éticos y morales se fueron a hacer puñetas.
Tras catorce años de investigaciones –¿quién resarce a la sociedad de los gastos ocasionados?– se descubre el latrocinio, pero no por arrepentimiento de sus autores, en absoluto, sino gracias a la labor de funcionarios públicos que cumplieron rigurosamente con su deber (¡qué pena de trabajo, para nada!). UDC reconoce su «financiación ilegal» (robo), promete devolver los euros (¿y los intereses?), hay unos cuantos imputados cuyas penas de cárcel podrían sobrepasar los dos años (para alguno, once) y así, de repente, como si nada hubiera pasado, se permite por parte de algunas instituciones que no haya juicio. Por tanto, los encarcelables pueden respirar tranquilos: la prisión (aunque sea preventiva) para otros, para quienes no tienen agarraderas, poder, ni forman parte de entramados partidistas. Es decir, para el infeliz que roba comida en un supermercado, por ejemplo, o a quien agarran como ilegal en España.
Así, por ejemplo, uno de los catalanes implicados en el robo de dinero público, el señor Vallvé, solo pagará una multa y no ingresará en la cárcel, aunque anteriormente había sido condenado a un año de prisión por malversación de fondos públicos (se le suspendió la condena porque en aquel momento carecía de antecedentes). Magnanimidad legal, pues, que en estos momentos sorprende, anonada, perpleja, confunde.
Porque, parece, la Historia se repite. Durante siglos, los reyes fueron dueños absolutos de vidas, haciendas, poder. Así, por ejemplo, la reina Isabel de Castilla en 1481 (doctor Lobo Cabrera) invita a los criminales condenados en Galicia a que se alisten «a las órdenes de Pedro de Vera en las huestes de la conquista de Gran Canaria» y en las de Tenerife y La Palma. A cambio, ordena que quienes así hicieran, fueran perdonados de todas sus penas, crímenes, excesos cometidos e, incluso, aunque hubieran quebrantado iglesias y monasterios. La razón, clara y contundente: como en las islas habitan gentes infieles a las que es preciso convertir, todo está justificado. No se trata, como en el caso de UDC, de simples beneficios económicos, en absoluto: ¿qué es el poder frente a la satisfacción de convertir a los canarios, atrofiados en lo religioso por creencias falsas que, inexorablemente, los conducirían al Infierno?
En el caso anterior, pues, la salvación de las almas estuvo por encima de las leyes que dictaron sentencias de cárcel para los criminales gallegos. Pero en nuestros momentos del siglo XXI, ¿qué razón se oculta a mi limitada capacidad intelectual para que un delito grave, gravísimo, como es robar fondos europeos destinados a formar a desempleados, se desviase a un simple mea culpa y a la devolución de lo sustraído? ¿Por qué se ha permitido tal apaño, tal desestabilizadora solución, tal injusto pacto entre fiscalías y procesados, entre la representación judicial y el partido político? Más: ¿qué tienen que decir nuestros representantes políticos, nuestros electos cargos, aquellos que deben luchar por la justa implantación de la Constitución Española? Algo queda claro: es posible escapar de la cárcel –en apariencia– si uno acepta que, en efecto, robó dinero (aunque sea al propio Estado) pero se compromete a devolverlo.
Pero no, esta no es la excepción ante cuestiones que afectan a la igualdad de los ciudadanos, aquella que pregona el artículo 14 del Capítulo Segundo, Título 1: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación por […] cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Porque varios mossos d’escuadra, condenados por dar una paliza a un detenido, fueron indultados por el Gobierno, como si tundas, felpas o zurras por parte de quienes deben defender los derechos ciudadanos fueran, simplemente, fallos burocráticos, simples errores fácilmente subsanables. Porque ya no se trata de presunción de inocencia, no: hubo condena y orden de encarcelamiento por la barbarie de los hechos.
Y el mismo Gobierno acaba de indultar a un conductor asesino que circuló intencionadamente durante un tiempo en dirección contraria y atropelló, con muerte, a un ciudadano inocente. En diciembre se le concedió el indulto: sus trece años de cárcel serán sustituidos por dos años de multa a razón de seis euros diarios. Eso es lo que vale una vida: 4.380 euros.
Casos como los expuestos –condenas que son indultadas, cárceles que se sustituyen por multas irrisorias, palizas en comisarías d’escuadra, atropellos mortales en plan kamikaze…– pueden sorprendernos, nos hacen temblar, pero son legales, potestades de una ley que arranca de aquella España corrupta y descompuesta, la del siglo XIX. Si añadimos la capacidad legal de llegar a acuerdos frente a ladrones de la cosa pública, ¿qué nos queda para seguir convencidos de que vivimos en un Estado de Derecho que asegura «el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular?».
http://canarias-semanal.org/not/6822/si_devuelvo_lo_robado___estoy_perdonado_/
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=289283