Urgentes leyes represoras - por Nicolás Guerra Aguiar

 A poco que se escarbe en cualquiera de los estamentos políticos, administrativos e incluso bancarios del país, surgen como géiseres de sangre y fuego nuevos casos –hipotéticos- de corrupción, deshonestidad y podredumbre que afectan siempre, siempre, al más inocente de todos: el ciudadano de a pie, víctima a quien se le garantizan purezas y limpiezas pero ante el cual siguen desfilando sospechas, denuncias, cohechos, corruptelas y corrupciones.

Hoy es una más –supuesta- en Valencia, la Comunidad que compite con Andalucía y otras muchas por ser el estandarte de la descomposición político-administrativa, siempre con dinero de nuestros impuestos. Dos altos cargos más para un buen puñado de sospechosos fueron detenidos porque seis millones de euros para ayudas a países subdesarrollados (solo llegaron 70.000 €) se volatilizaron –supuesto- y aparecieron convertidos en propiedades inmobiliarias, casas, chalés, apartamentos. Por otra parte, la señora exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo fue destituida fulminantemente de su cargo y expulsada de la entidad bancaria acusada de «manipulación y falseamiento de resultados», actuar en beneficio propio y deficiente gestión. Y ahora se presenta como especie inmolada por una incorrecta expulsión de la empresa, reclama los 280.000 euros anuales que ella misma se había asignado más una indemnización por «daño moral»: 10.000.000 € (diez millones). (En Islandia, sin embargo, los juzgan, qué contrastes.)

El señor Urdangarín también inicia sus juicios por aparente apropiación indebida de dinero público, cantidades algunas que –se sospecha- le fueron cedidas por el también procesado ex presidente de Baleares y, tal vez, otros políticos. Y como si se tratara de un puro trámite mientras debe estar en Mallorca, el yerno del rey moró en el palacio de Marivent, residencia de verano de sus suegros, edificio que es propiedad de la Comunidad y, por tanto, del pueblo mallorquín, aquel mismo al cual -se presume- le fueron robados millones de euros en ilícitas transacciones y operaciones ficticias. O lo que es lo mismo, los contribuyentes isleños pagaron la estancia de quien entró en los juzgados como acusado. Ironía coñona si no pareciera chanza, burla, tomadura de pelo. Voilà, que diría Hèrcules Poirot, lo que su suegro llamó «igualdad ante la ley».

Pero es que junto a la corrupción que significa enriquecimientos irregulares a costa de lo público o de bancos y cajas de ahorro salvadas por el Estado, hay otros comportamientos en apariencia delictivos. Me refiero a obras construidas (canariasinvestiga) inservibles o que a medio construir se abandonaron: aeropuertos sin aviones (el de Castellón no tiene movimiento, ni tan siquiera permisos de vuelo, pero costó 150 millones de euros; se sospecha de un pelotazo urbanístico), puertos que en tres años reciben dos barcos (Arinaga), puentes que se empiezan pero quedan en el aire, viviendas de protección oficial abandonadas, edificios reconstruidos pero que se caen… están ahí, a la vista. Sin embargo, nadie es responsable de tales despilfarros, a nadie se le exigen responsabilidades, contra nadie actúan fiscalías ante tamaña supuesta mala gestión de fondos públicos.

Reprimir es contener por la fuerza el desarrollo de algo. Pero la fuerza no siempre se refiere al poder físico, al dominio de unos sobre otros porque tienen más capacidad para ejercer la violencia. No, en absoluto. Existe también la fuerza del poder legal, aquel que el pueblo concede a jueces y magistrados para que lo protejan frente a quienes delinquen y abusan de cargos y representaciones –políticos, parientes, direcciones bancarias, por ejemplo-. Siempre –obviamente- en el más absoluto respeto a inocencias previas, derechos constitucionales, dignidades personales, al buen nombre de quienes son investigados. Y aunque bien es cierto que todos deben ser tratados por igual, la propia condición de personajes públicos que han gozado de prebendas, privilegios y canonjías magnifica el interés de los ciudadanos, en cuanto que muchos de ellos son sus representantes elegidos no precisamente para tales hipotéticos comportamientos.

Será condenado quien robe, por supuesto, pues perjudica a un tercero. Pero la sentencia al personaje público que se beneficia de un organismo del Estado o de una banca salvada debe añadir también un castigo ejemplar -siempre dentro de la legalidad- si abusó de su cargo en detrimento de aquella competencia: robos y desfalcos a la hacienda pública, tráficos de influencias, malversación de fondos, falsedades en documentos públicos, especulaciones urbanísticas… son delitos muy, muy graves que merecen rigurosos fallos pues ya no solo significan ilícitos beneficios sino que atentan contra la propia imagen del sistema democrático por una razón elemental: al delincuente se le entregó un poder sobre los demás para que administrara, y gozó de privilegios vedados a los votantes. Por tanto, la transgresión de sus responsabilidades –honradez y ecuanimidad- debe ser considerada como agravante por su propia condición de autoridad.

Y ante tales y otros dislates, la sociedad debe protegerse de gentes sin escrúpulos que usan la actividad pública para malsanos intereses personales. Por eso defiendo la actuación de leyes represoras, pero no con violencias ni pistolas, por supuesto: con el riguroso cumplimiento de las mismas y la inflexibilidad en su aplicación. Y si contra determinadas actuaciones no las hay, es urgente su aprobación. Se reprimen gravísimos delitos sociales como el narcotráfico, la trata de blancas, las bandas armadas… ¿Y por qué no los anteriores?