Vulneración de derechos humanos de los migrantes en Canarias -  por Domingo Méndez Rodríguez (+) 2020

Imagen de C.E.A.R. Canarias

Desde que el  martes, 17 de noviembre, la policía puso en libertad a 227 inmigrantes magrebíes internados en el campamento de la vergüenza de Arguineguín, todos los medios han puesto su atención en ese recinto improvisado, a donde son conducidos en primera instancia todos los inmigrantes rescatados cerca de la isla de Gran Canaria.

El campamento, levantado por la Cruz Roja en el muelle de Arguineguín  como lugar de estancia provisional -en donde se tomaría la filiación y se harían los test para comprobar si alguno está contagiado de Covid-19 y se tendría a los inmigrantes un máximo de 72 horas, con una capacidad de 400 personas, ha llegado a tener hacinadas, al sol muchas de ellas, durmiendo en el suelo, con dos mantas, a casi 2.000 personas durante mucho más tiempo que las 72 horas de retención legal, como ha denunciado el juez Arcadio Díaz Tejera, encargado de la vigilancia del CIE de Gran Canaria, que ha pedido reiteradamente el desmantelamiento de la instalación.

Los internos se alimentan de bocadillos, zumos y agua; comparten los escasos servicios, ante los cuales hay colas permanentes; no disponen de duchas, ni de mudas de ropa.

La policía Nacional hizo salir del campamento el pasado 17 de noviembre a 227 marroquíes, sin recursos ni lugar a donde ir. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, alquiló varias guaguas en las que trasladó a Las Palmas, capital de la isla, a todos los desalojados del campamento. Los dejó en la Plaza de la Feria, junto a la Delegación del Gobierno que, supuestamente, no tenía información de lo ocurrido.

La solidaridad de algunos vecinos y vecinas, que dieron alimentos y agua a los jóvenes, la intervención de la Cruz Roja y del Gobierno canario, a cuyo presidente, Ángel Víctor Torres había informado de la situación la alcaldesa de Mogán, permitió buscar alojamiento en hoteles del Sur.

Tras el incidente, del que no se ha aclarado quién es el responsable, se han desatado las críticas de las autoridades canarias, que exigen la derivación a la península o la deportación a los países de origen o tránsito de los inmigrantes. De hecho, desde el día 10 se ha reanudado la deportación a Mauritania.

El Gobierno canario pide también el reparto de menores no acompañados, de los que están en Canarias más de 2.000 en instalaciones, en muchos casos provisionales, sin atención suficiente. Pide también la financiación de su mantenimiento, tanto al Gobierno español como a la Comisión Europea.

En el debate en el Congreso el día 18 el Gobierno declaró que pondrá en marcha un plan de choque para resolver el problema. Por lo pronto, Grande Marlaska ha dispuesto el traslado a Canarias de 250 policías antidisturbios  adicionales para controlar a los inmigrantes, de los que no se conoce que, a pesar del maltrato que sufren, hayan ocasionado ningún incidente. Marlaska se trasladó el viernes pasado a Rabat para urgir el aumento de la vigilancia en las costas marroquíes y saharauis y las deportaciones de marroquíes, que son el grueso de los llegados a Canarias en el último mes.

El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha prometido disponer antes de fin de año de alojamientos para 6.450 inmigrantes en campamentos montados en instalaciones militares de Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, en alguna nave industrial cedida por Bankia en Las Palmas o en un colegio.

Las instalaciones hoteleras que han servido de alojamiento para unos 6.000 inmigrantes se desalojarán ante la expectativa de recuperación del turismo y la exigencia de las patronales del sector.

Mientras tanto, los diputados nacionalistas, sobre todo la diputada Ana Oramas, de Coalición Canaria, critican que no se “derive” a los inmigrantes a la península y acusan al Ejecutivo de querer convertir a las Islas en una nueva Lesbos o Lampedusa.

Ante la aparente descoordinación ministerial y el retraso en cumplir promesas de adecuar instalaciones o cerrar el campamento de Arguineguín, crece la alarma social y la sensación de que no hay control. Caldo de cultivo perfecto para la intervención de la extrema derecha que exige la expulsión inmediata y organiza manifestaciones xenófobas y racistas.

En Arguineguín, el jueves pasado, unos cien manifestantes pedían la expulsión de los inmigrantes y se oponían, físicamente al traslado a otros alojamientos a parte de los internos del campamento. Entre otras consignas, gritaban “Stop invasión”, “No somos fascistas, somos realistas”.

En Tenerife, el día 21, un grupo de extrema derecha convocó una manifestación para recorrer los hoteles de Santa Cruz en que están alojados algunos inmigrantes. La contramanifestación convocada por grupos antifascistas, entidades de apoyo y organizaciones de inmigrantes residentes en la isla, fue en cambio prohibida.

También ha habido muestras de solidaridad, como la reacción de vecinos de Las Palmas proporcionando alimentos y apoyo a los abandonados frente a la Delegación del Gobierno, o la convocatoria de una caravana que recorrió la isla.

Aparentemente, la respuesta del Ejecutivo estatal se caracteriza por la falta de coordinación de los ministerios implicados en la respuesta  a la inmigración, en primer lugar Interior y Migraciones. Aún no se han levantado los dispositivos de alojamiento necesarios, ni hay tripulaciones suficientes para los barcos de Salvamento Marítimo, cuyos trabajadores, encabezados por el Comité de empresa, de CGT, exigen su aumento. Ábalos, ministro de Transporte, les ha prometido este fin de semana que habrá más contrataciones. Tampoco hay atención adecuada para los menores bajo custodia del Gobierno de Canarias, que son inexpulsables.

Lo que es más significativo y denunciable es la actitud institucional de falta de respeto a los derechos humanos: ni intérpretes para la mayoría, que no entienden el castellano, ni el francés, ni el inglés; ni se facilita la comunicación con sus familias, ni la identidad de los internados a personas que son familiares de las que han emigrado; ni se facilita asistencia letrada, con lo que posibles peticionarios de asilo quedan sin protección jurídica; ni se pone en libertad pasadas las 72 horas; ni se recibe en muchos casos alojamiento, manutención o ropa, ni se dispone de duchas.

Tanta descoordinación y aparente improvisación encubre que la decisión tomada desde un principio ha sido la deportación, que se retrasa por el cierre de fronteras como consecuencia de la pandemia.  Marlaska ha dicho sin remilgos que no se les derivará  a la península para no alentar el efecto llamada. Se quiere impedir que se pueda circular dentro de la UE hasta reunirse con familiares y amigos ya residentes y encontrar trabajo. Tanto Ylva Johansson, comisaria de Interior de la Comisión Europea, como Marlaska han insistido en que no se admitirá sino a quienes tengan derecho a asilo, lo cual nos tememos que, según su interpretación, llevará a reconocer a pocas personas.

Sea deliberada o no la descoordinación ministerial,  junto a las protestas del Gobierno canario, la agitación de la extrema derecha, el tratamiento informativo, todo tiene como consecuencia que se extienda la sensación entre parte de la población residente de que la presencia de 18.000 inmigrantes, que por otra parte quieren continuar viaje hasta el continente europeo, afecta negativa y gravemente a la población de las Islas.

La política migratoria del Gobierno es la primera responsable del ascenso de actitudes xenófobas. Luchar contra esa política, en defensa de la libertad de migración, de la solidaridad con los pueblos africanos, víctimas del colonialismo, el neocolonialismo, el saqueo permanente de sus recursos y la pandemia, es la obligación de las organizaciones de izquierda.

La lucha del penúltimo contra el último tendría un vencedor: la clase capitalista, que los explota y enfrenta.

Domingo Méndez Rodríguez era militante de Anticapitalistas.Canarias