Wert pone en la mira a la universidad pública como su objetivo a destruir - por Justo Bueno Ingelmo
Tras implantarse la LOMCE contra la voluntad de la práctica totalidad de la comunidad educativa, José Ignacio Wert ha anunciado una próxima reforma universitaria, y aunque aún no está definida ni su forma ni su alcance parece claro que irá en dirección opuesta a la ahora seguida...
Wert pone en la mira a la universidad pública como su objetivo a destruir - por Justo Bueno Ingelmo
Tras implantarse la LOMCE contra la voluntad de la práctica totalidad de la comunidad educativa, José Ignacio Wert ha anunciado una próxima reforma universitaria, y aunque aún no está definida ni su forma ni su alcance parece claro que irá en dirección opuesta a la ahora seguida. El ministro pretende dar un golpe de estado dentro de las universidades públicas, vulnerando sus principios fundamentales de funcionamiento democrático y su finalidad como vía para la consecución de la justicia social, y creación y difusión del pensamiento y la ciencia.
José Ignacio Wert tiene un plan para los universitarios españoles: que se endeuden para hacer frente al pago de sus estudios. La última ocurrencia del ministro de Educación es una copia del modelo estadounidense que ha llevado a la ruina a miles de familias al ser incapaces de asumir el pago de la deuda contraída con los bancos. Los últimos datos revelan que el 27% de los universitarios de E.U. que pidieron un préstamo no podrán pagarlo.
Los dirigentes universitarios, que están dispuestos a aceptar «una racionalización de las estructuras de gobierno y una adecuación de las titulaciones universitarias a las demandas de la sociedad», rechazan de pleno el “modelo ejecutivo e intervencionista”. El conjunto de la comunidad universitaria, personal en general y estudiantes, viven un momento de urgencia similar al que se está desarrollando en Grecia, Italia o Portugal, donde las universidades públicas están siendo objeto de reformas que persiguen objetivos comunes: la conversión de las universidades públicas en centros de formación profesional de mano de obra flexible y adaptable a la voluntad de maximizar el beneficio empresarial, subordinando la producción científica a un idéntico fin. Todo ello se conseguiría eliminando las formas de decisión y gobierno democrático existentes en las universidades públicas, precarizando la mano de obra y reduciendo las plantillas universitarias y sometiendo a las y los estudiantes al endeudamiento permanente (la ya conocida burbuja de préstamos de estudio) para poder sufragarse la educación superior.
Son estos los fines que se contienen en el informe de la “Comisión de expertos”, constituida por el Ministerio, cuyas propuestas de reforma parten de un diagnóstico erróneo y poco fundamentado de la realidad de las universidades públicas, para plasmar unas ideas marcadas por una profunda ideología autoritaria, neoliberal y mercantilista, que colocará a nuestras universidades, nuestra investigación y nuestro estudiantado en la senda del subdesarrollo educativo y científico.Las propuestas son una vuelta de tuerca más sobre el ahogamiento financiero al que se está sometiendo a las universidades públicas desde el Gobierno, así como al acoso económico que se mantiene sobre los estudiantes, con la subida de las tasas y la reducción del número y de la cuantía de las becas.
→Modelo de Universidad Pública
Un modelo de universidad pública basado en una formación básica, polivalente y crítica como forma de acceso al saber complejo y siempre abierto; un sistema universitario de sólidas bases democráticas que garanticen la autonomía y la independencia de las universidades públicas y las relaciones de cooperación y colaboración entre ellas; una universidad orientada al servicio de la sociedad, la formación de científicas y científicos capacitados para investigar e innovar en el proceso de construcción del modelo socio-económico equitativo; un modelo educativo centrado en la enseñanza gratuita, con becas para que la situación económica nunca sea un impedimento para el libre desarrollo del derecho a la educación superior; un modelo transversal de servicio público basado en las relaciones de trabajo estable y de calidad para los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas; unas universidades con un gobierno propio efectivo, estructurado de procesos democráticos basado en la participación y la transparencia , que permita el permanente contacto de la comunidad universitaria junto con el con el conjunto de la sociedad, desde los colectivos socio-económicos, para que la función social de la institución sea una realidad.