Hacemos públicas nuestras alegaciones a las 51 "medidas" que presentó hace un mes el Gobierno de Canarias. Cincuenta y una medidas avaladas por un numeroso grupo de "expertos", más de cien, 51 medidas que en su mayoría no pueden considerarse medidas, son más bien brindis al sol, declaraciones de intención, soluciones informáticas, indicadores, oficinas, recomendaciones o predicamentos para alabar las maravillas y bondades del turismo en Canarias. 

Nuestra posición desde la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta no puede ser más contraria a esta tomadura de pelo de medidas, en especial las del bloque de la vivienda, dictadas a la par entre Visocan y las patronales de la construcción. En nuestro documento de alegaciones van perfectamente razonadas las mismas, y como solemos hacer siempre no nos quedamos en la crítica y aportamos 16 medidas en favor del derecho a la vivienda, que seguramente en su mayoría no serán atendidas.

Dado lo mucho que nos jugamos en Canarias y la hoja de ruta totalmente suicida que nos plantean desde el Gobierno de Canarias, rogamos máxima difusión y hasta el día 15 de noviembre si pueden también participación, enviando sus propias alegaciones o tomando las nuestras y presentandolas a la dirección de correo info@retodemograficogobcan.org

 

ALEGACIONES A LAS 51 “MEDIDAS” PARA LA CANARIAS DEL FUTURO 

(Elaboradas por más de 100 expertos) 

  

PRIMERO 

Alegaciones de carácter general. 

El Gobierno de Canarias presentó a mediados de octubre el denominado Plan para la  Canarias del futuro, planteado como una hoja de ruta básica para las administraciones  canarias en los próximos años, y consensuado por más de 100 expertos de los ámbitos  públicos y privados para impulsar el desarrollo sostenible en Canarias. Todo ello tras seis  meses de trabajo de 5 mesas organizadas por bloques temáticos con mucha gente muy  experta trabajando en cada mesa. Leído así suena a mucha solemnidad, la voz de los  expertos, comisiones de trabajo, organización, trabajo arduo, altura de miras,  sostenibilidad, futuro… Pero una vez que se repasan las 51 “medidas” es fácil preguntarse  dónde está el verdadero trabajo o la verdadera planificación de un modelo sostenible para  el futuro de Canarias.  

La primera falla o tomadura de pelo a la ciudadanía del documento es hablar de medidas  cuando la mayoría no son medidas propiamente dichas, son sobre todo brindis al sol,  declaraciones de intención, soluciones informáticas, indicadores, oficinas,  recomendaciones o predicamentos para alabar las maravillas y bondades del turismo en  Canarias. 

La segunda tomadura de pelo grosera que hay en el documento es hablar de sostenibilidad  y de hoja de ruta para el futuro de Canarias, cuando no se abordan para nada muchos de  los problemas más graves que soporta el Archipiélago con vistas a plantear soluciones,  como son las superpoblación de la mayoría de su territorio, la brecha salarial y la  generalización de la figura del trabajador pobre, la recuperación de la isla de La Palma, el  colapso de la sanidad pública, la mala calidad de la educación pública, así como la falta de  recursos energéticos o alimenticios, las dificultades extremas que está soportando nuestro  sector primario para siquiera subsistir (lo que nos hace fatalmente dependientes del  exterior), además de la inflación galopante y los altos precios de todo que deriva en 

empobrecimiento y expulsión de los canarios de nuestra propia tierra, por no mencionar el  colapso de las carreteras y la movilidad en las islas capitalinas o la contaminación creciente  de nuestras costas y playas. 

Así las cosas, plantear medidas a futuro en Canarias sin tener en cuenta cuestiones como  la densidad de población o la capacidad de carga es un disparate y también un suicidio, lo  que se entenderá mejor si repasamos algunos datos. 

Canarias presenta una densidad de población de 302 habitantes por Km2, muy superior a  la densidad de población de España o la del resto de Comunidades Autónomas. Pero si  tenemos en cuenta que la mayoría de la población se concentra en las dos islas capitalinas  y que en torno al 40% del territorio de Canarias son espacios protegidos, la resultante real  de las dos islas más pobladas en cuanto a densidad de población, restado el territorio  protegido, nos lleva a hablar de una densidad de en torno a 1.000 habitantes por Km2, lo  que sitúa a Tenerife o Gran Canaria a la altura de países como Bangladesh o Palestina en  densidad de población. 

Pero si no nos queremos ir tan lejos a comparar podemos fijarnos en las islas y  archipiélagos que componen la Macaronesia, donde lo que tenemos son 14.617 Km2 de  superficie para toda la Macaronesia y una población total aproximada de 3.229.000  habitantes, de donde Canarias ocupa más o menos la mitad del territorio (7.447 km²) pero  acoge en torno al 75% de la población total de la Macaronesia. 

En vistas a lo que hay, un análisis sensato de las opciones de futuro para Canarias pasaría  ineludiblemente por la búsqueda de una diversificación económica, en aras de implantar  opciones laborales con un mayor valor añadido y más sostenibles, o como mínimo buscar  que el modelo turístico reporte al pueblo canario más riqueza y menos depredación de la  que deriva actualmente. Y por supuesto no seguir inflando el modelo turístico con más y  más turistas al año, lo que obliga a aumentar también la población residente y los recursos  e infraestructuras necesarias, lo cual no hace más que acercarnos irremediablemente hacia  el colapso general. 

Frente a las notables ausencias de las que hacen gala las 51 “medidas”, el documento  pivota continuamente sobre dos ejes: 1) uno es la liberalización de la economía, con menos  impuestos, muchas facilidades a empresas y la eliminación de garantías y trámites  administrativos; 2) el otro es elevar a la categoría de dios supremo el modelo económico  insostenible actual canario basado en el turismo masivo, al servicio del que se pone todo el  sistema y en torno al cual se vinculan todas las opciones laborales posibles, en lo que  supone muy a las claras una claudicación total de la búsqueda de otros sectores  productivos para Canarias. 

Mención obligada aparte a las tres islas verdes que no sufren el turismo masivo y la  superpoblación. Por lo que se desprende de las 51 “medidas”, las administraciones de las  tres islas están empeñadas en llevar allí el modelo turístico extensivo y depredador que ya  hay en el resto de islas, cuando el valor intrínseco real que tienen las islas verdes reside  precisamente en su sostenibilidad y la ausencia de ese modelo económico que no genera  más que sobrecarga y sobrexplotación. Un ejemplo de otras islas muy turísticas que hay en  el mundo donde el modelo es otro, la isla de Hawái, un auténtico paraíso americano donde  solo van turistas con alto poder adquisitivo, su densidad de población es de 45 habitantes  por Km2, La densidad de población actual de La Gomera está en 58 habitantes por Km2,  la de La Palma en 117 y la de El Hierro en 41. Luego, ¿por qué no copiar este modelo  mucho más sostenible y trabajar por un turismo selecto y de calidad, de naturaleza, cosa  que ya desgraciadamente no podemos hacer en las otras cuatro islas?

SEGUNDO 

Alegaciones a las “medidas” sobre vivienda. 

Más allá de las alegaciones de carácter general del apartado anterior, dada que nuestra  especialidad y campo de trabajo fundamental es el derecho a la vivienda, vamos a centrar  nuestras alegaciones en denunciar el despropósito de propuestas que se presentan en  relación al derecho a la vivienda en Canarias. 

En el bloque de Gestión del suelo, 

al que corresponden las “medidas” 7, 8, 9, 10 y 11. 

Los “expertos” empiezan mal con el análisis de situación, pues achacan a la excesiva  burocracia y a la lentitud en la tramitación de los expedientes la falta de construcción de  vivienda de promoción pública en Canarias. Convendría recordar a los “expertos”que el  Gobierno de Canarias apostó hace ya décadas por dejar de promover vivienda pública,  cuando no había prisa ni teníamos la falta de vivienda actual, apostando por las viviendas  de promoción privada que dejaban la construcción de las viviendas a empresarios privados,  preferentemente amigos o afines, a los que se subvencionaba con dinero público. Por esta  vía las viviendas nunca llegaron a ser públicas, solo un porcentaje menor debía mantener  alquileres asequibles durante unos años, con opción a compra en algunos casos. En otros  muchos casos el resultado fue aún peor, ya que muchas promotoras quebraron tras la crisis  de 2008 y pocas veces devolvieron la subvenciones. Con el tiempo todas esas viviendas  pasaron a los bancos, después a los fondos buitre (muchas de ellas todavía vacías) y  después a manos privadas fruto de la especulación. 

Otro condicionante importante que impidió la promoción de viviendas públicas en Canarias  en las últimas décadas ha sido la nefasta gestión llevada a cabo por las dos entidades del  Gobierno de Canarias encargadas de la promoción de viviendas de protección oficial, como  son el Instituto Canario de la Vivienda o la empresa pública Visocan. Al ICAVI no se le dotó  de capital y operatividad para la promoción de vivienda pública, puesto que el interés estaba  puesto en la promoción privada. Y la empresa pública Visocan, históricamente, ha sido  tomada por muchos años como un echadero donde colocar a gente afín al gobierno con  buenos sueldos o dietas, dedicados a todo menos a la promoción de vivienda. Hasta tal  punto fue así que son de sobra conocidos los millones que Visocan perdió en la primera  década del milenio invirtiendo en fondos swaps de alto riesgo. En lugar de cerrar la empresa  pública por quiebra como habría sido razonable, se la mantuvo derivándole nuevas  competencias e ingentes cantidades de capital público. Con todo, a día de hoy todavía  arrastra la empresa pública Visocan una deuda que ronda los 100 millones de euros en  créditos pendientes, en torno a la mitad a entidades privadas y la otra mitad al propio  Gobierno de Canarias. 

Con esta auténtica parálisis en la promoción de viviendas públicas por varias décadas,  culpa de la nefasta gestión y de la corrupción de las personas encargadas de la vivienda  pública en Canarias, el porcentaje de viviendas públicas en el archipiélago ronda hoy el 1%,  cuando la media estatal está en torno 2,5% y la europea sube hasta el 11%.

El resto de dificultades o condicionantes que limitan la promoción de vivienda pública en  Canarias lo ponen el encarecimiento de la energía, de los transportes y de los materiales,  lo que hace inviable para los empresarios privados el aventurarse con una licitación pública,  pues no ganan lo que desearían, habiendo quedado desiertas unas cuantas ofertas  públicas en los últimos años. 

Errado el diagnóstico inicial de los “expertos”, fallan también en la propuesta o medida de  externalizar o privatizar las oficinas (medida 7) encargadas del control y la verificación del  cumplimiento de la normativa urbanística municipal, dicen, a través de una ventanilla única  (medida 8), que en teoría dirigiría la supuesta empresa privada a la que se derivaría la  gestión. 

Lo que desde el Gobierno de Canarias ven como burocracia innecesaria o cuellos de botella  que enlentecen o dificultan la promoción de vivienda pública, nosotros en AR Lolo Dortalo  vemos como garantías procesales y administrativas para evitar la tan acostumbrada  corrupción que rodea todo lo relativo a la vivienda y a la gestión del suelo. 

Y esto no solo lo vemos nosotros, la conocida asociación Transparencia Internacional  refiere que el ámbito donde la corrupción en España es más elevada es el local, en especial  en municipios situados en la costa o en las inmediaciones de las grandes ciudades,  centrando en la calificación del suelo urbano el origen de muchos casos de corrupción. 

En la misma línea, Vicente Magro Servet, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal  Supremo, en su artículo “La corrupción urbanística como atentado al principio de confianza  en los responsables públicos y a la proporcionada ordenación de suelo.”, manifiesta lo  siguiente: 

“la propiedad privada, (...), a través de una serie de hechos administrativos (planeamiento)  persigue su reclasificación (de rústico a urbano), permitiendo a sus titulares la obtención de  rentas millonarias. Y es en este marco en el que se fragua la llamada “corrupción  urbanística”, que muestra, con claridad meridiana, la subordinación de la política a los  intereses de ciertos grupos económicos (propietarios de suelo, constructores y promotores  inmobiliarios).” 1 

En base a lo expuesto, en la AR Loro Dorta creemos que no es conveniente que se lleven  a la práctica las medidas 7 y 8, por riesgo mas que evidente de corrupción. En todo caso,  si lo que se busca es agilizar los expedientes, propongan contratar a más personal en las  administraciones o la implementación de fórmulas más eficientes que no redunden en  pérdida de garantías. Y ello por una razón fundamental, porque la corrupción urbanística  implica casi siempre la imposibilidad de recuperar los activos perdidos, pues incluso en el  caso de que se decreten indemnizaciones, el daño a lo público ya está hecho y la reparación  total es imposible (véase el Hotel Oliva Beach en Fuerteventura o el hotel en ruinas de la  costa de Añaza en Santa Cruz de Tenerife). 

Las otras tres medidas de este bloque la 9, la 10 y la 11, no son en realidad medidas  propiamente dichas. La medida 11 es simplemente aplicar un mínimo de transparencia en  relación a la calificación del suelo y en la tramitación de los expedientes, lo cual no nos  parece mal. Y las medidas 9 y 10, como decimos, tampoco son medidas, son simplemente  la expresión de una voluntad, la de crear un catálogo de suelo disponible con más suelo  susceptible de ser urbanizado por empresas privadas. 

  

1- https://elderecho.com/corrupcion-urbanistica-como-atentado-al-principio-confianza-en-responsables-publicos

Frente a este afán del sector privado y nuestro Gobierno de Canarias por que se habilite  más suelo para la construcción, que en absoluto compartimos, conviene recordar a los  “expertos” que lo que se plantea desde la empresa privada, con el apoyo total del Gobierno  de Canarias, no es la promoción de viviendas sociales públicas, tan necesarias, es volver  a repetir el modelo que ya fracasó hace décadas (es lo que pretende el Decreto-ley 1/2024,  de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda), ese donde el Gobierno de  Canarias subvenciona a empresarios amigos para que construyan vivienda de promoción  privada, para gente de clase media alta, guardando solo un porcentaje para viviendas  llamadas “asequibles”, en alquiler a precios casi de mercado. También es importante  recordar la densidad de población que ya soportamos en Canarias, además de la gran  cantidad de ladrillo improductivo o las muchas miles de viviendas vacías, una quinta parte  del total, 211.000 según el INE, de donde bien se podría negociar la adquisición ó cesión  pública de una parte de ellas, evitando así el impactar con mas cemento y depredación de  suelo en Canarias. 

En el bloque de medidas fiscales para facilitar 

el acceso a la vivienda, al que corresponden las “medidas” 12, 13 y 14. 

Como medida 12, los “expertos” proponen ampliar las deducciones autonómicas en el IRPF  para el alquiler de vivienda habitual, tanto para el arrendatario como para el arrendador. En  cualquier caso conviene aclarar que para el arrendatario solo hay una medida, consistente  en una pequeña deducción en la Hacienda Autonómica por el pago del alquiler. Para el  propietario o arrendador en cambio hay unas cuantas medidas más, que pasan por instar  al Estado a mejorar la intensidad de la reducción estatal de los rendimientos obtenidos por  el alquiler (instar a otro no es una medida en sí), actualizar la deducción por la prima de  seguro frente a impagos (será una pequeña deducción), eliminar las restricciones a la  materialización de la RIC en viviendas protegidas en arrendamiento a través del Impuesto  de Sociedades (en la práctica es una evasión fiscal a los ricos), y aplicación de  bonificaciones fiscales y exenciones en el pago del IBI (otra pequeña cantidad). 

Las propuestas que recoge la medida número 12 nos parecen a todas luces inoperativas,  y no van a cumplir su objetivo de aportar más vivienda en alquiler al mercado, por varias  razones fundamentales: 

1) El problema de la falta de vivienda en alquiler en Canarias estriba en una alarmante falta  de oferta, frente a una demanda altísima. En este contexto, la competencia entre los  inquilinos posibles, cuando una vivienda sale al mercado de alquiler residencial es tan alta,  que por regla general va a dejar siempre fuera a las familias con ingresos medios o bajos,  accediendo al alquiler, entre tanta competencia como si de un casting se tratara, los  arrendatarios con rentas más altas y mejores trabajos. Por tanto, pocas familias de clase  media o baja se van a poder beneficiar de esta deducción autonómica en el alquiler, puesto  que el mercado del alquiler en Canarias no tiene apenas ofertas a las que puedan acceder  familias de clase media o baja. 

2) Sobre las medidas que los “expertos” plantean para hacer que los propietarios de  viviendas vacías las pongan en alquiler, conviene destacar que la primera medida no es  una medida en sí, pues instar al Estado a hacer algo no supone nada si el Estado no lo  hace. Luego, las otras dos medidas de bonificaciones en la prima del seguro y exenciones  en el pago del IBI, en realidad no suponen gran beneficio para el propietario, resultando  solo una pequeña cantidad anual, que teniendo en cuenta cómo está el mercado, con la 

especulación y los beneficios tan grandes que los propietarios adquieren por otro lado, nos  lleva a pensar que no va a mover apenas vivienda al mercado del alquiler. Dicho de otra  manera, para que lo entiendan mejor: un propietario, en muchos casos gran tenedor, que  mantiene su vivienda vacía durante años, es evidente que no tiene necesidad de una  pequeña propinilla, y la mantendrá igualmente vacía pese a esos incentivos mínimos. La  última propuesta relativa a la RIC la trataremos en unión de la medida 14. 

Con la medida 13 (reducciones en impuestos a la compra de viviendas) nos encontramos  ante el mismo problema, su incidencia práctica va a ser mínima, dado que son muy pocas  las viviendas en venta que se ofrecen en Canarias susceptibles de ser compradas por  clases medias (no digamos ya por clases bajas totalmente excluidas). Para empezar porque  las clases medias ya casi han desaparecido, y además los bancos no dan créditos como lo  hacían antes. Para acceder a un crédito hoy el comprador debe aportar un porcentaje  importante de capital en ahorro que no cubre la hipoteca, un ahorro que los canarios  habitualmente no tienen. Así las cosas, el canario medio necesitado de vivienda queda  generalmente excluido del mercado, y un porcentaje elevado de las viviendas que hay son  compradas por extranjeros o peninsulares con alto poder adquisitivo, sin necesidad de  recurrir a hipotecas. 

Mención aparte merecen las propuestas relativas a incentivos para la materialización de la  RIC que recogen las medidas 12 y 14. Para empezar no son cuestiones que hayan salido  de ese comité de “expertos”, pues ya venían recogidas en el Decreto-ley 1/2024, de 19 de  febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda que aprobó el Gobierno de Canarias  a principios de este año. 

En realidad estas medidas a modo de beneficio fiscales son imposiciones hechas al  Gobierno por los constructores de Canarias, que son los que en realidad mandan en la  política de vivienda en el Archipiélago en esta legislatura. Se trata básicamente de que los  constructores en Canarias tengan todas las facilidades habidas y por haber para maximizar  sus beneficios, y no es más que una evasión fiscal en toda regla, que no está pensada para  pequeños propietarios, no para ese matrimonio jubilado que tiene una vivienda que quiere  alquilar, puesto que no tiene empresa a la que aplicar la RIC. 

Pero el engaño no se limita a lo ya dicho, pues si nos fijamos en la medida 14, dice  literalmente: Facilitar el uso de la RIC en la construcción de viviendas protegidas y  destinadas al alquiler asequible, eliminando barreras fiscales que dificultan la inversión  privada. 

Traducida la medida a un lenguaje más entendible, viene a decir que los favores fiscales a  los empresarios están pensados para viviendas de promoción privada, preferentemente en  zonas donde el precio medio de la vivienda sea alto y les pueda rentar, no en barrios  populares. Promociones de viviendas que nunca serán viviendas sociales ni viviendas  públicas, bastando con que los promotores cumplan con un porcentaje dedicado a alquiler  asequible, a precios ligeramente menores a los del mercado libre, pensados para familias  con rentas medias y altas, como el propio Fernando Clavijo afirmó en declaraciones a la  Cadena Ser el pasado 6 de junio:2 En este sentido, apuntó que uno de los principales retos  de este grupo de gobierno es "hacer vivienda protegida (...) para los médicos o profesores  que se trasladen" . Se entiende pues cuando Clavijo dice que las viviendas serán para  médicos y profesores que se trasladen, que se está refiriendo sobre todo a médicos y  profesores peninsulares que se trasladen a Canarias. Luego, no están pensadas para los  canarios. Y este es el partido que se preocupa de “nuestra gente”. Igual habría que  preguntarle a Clavijo cuáles son para ellos “su gente”. 

  

2- https://cadenaser.com/canarias/2024/06/06/fernando-clavijo-el-principal-reto-es-hacer-vivienda-protegida-publica de-alquiler-por-400-euros-ser-lanzarote/

En este apartado por tanto, muy errados vienen también los “expertos”, que en todo caso  son solo expertos del ámbito más ultraliberal de la economía. 

En el bloque de Gestión del parque público 

de vivienda, al que corresponden las “medidas” 15, 16 y 17. 

Con este bloque nos encontramos ante algo parecido a lo que nos ha pasado anteriormente  con lo de la RIC, las propuestas no salen en absoluto de los “expertos”, vienen directamente  de la empresa pública Visocan, pues es Visocan la que gestiona buena parte del parque  público de viviendas de Canarias, y es la que repite continuamente los argumentos  criminalizantes que culpabilizan a los inquilinos de viviendas sociales. 

Que la empresa pública Visocan diga esto de las familias que peor están, cuando arrastra  una deuda millonaria que ronda los cien millones de euros, funciona como un fondo buitre,  lleva décadas sin cumplir con su objetivo fundamental de promover vivienda pública y aplica  una política de cobro a las familias totalmente abusiva, con cuotas que están muy por  encima de lo que las familias pueden pagar, con presión constante, amenazas de  desahucio, abandono de las obligaciones propias de mantenimiento e incumpliendo incluso  la ley, cargándole a las familias el IBI contra la propia LAU y una sentencia del Tribunal  Supremo que lo prohíben, no es ya solo una tomadura de pelo a la ciudadanía, es una falta  de respeto a las propias familias afectadas y un ataque injustificado. 

Si nos vamos a lo concreto, la medida 15 propone programas de educación y  concienciación para los inquilinos similar a lo que se hace en el País Vasco, con vistas a  que paguen puntuales y eviten la morosidad, mantengan en buen estado la vivienda y  convivan bien con otros vecinos. 

Visocan intenta aplicar aquí una medida que parte de una falacia, la que supone comparar  a Canarias con el País Vasco, el día y la noche, la Comunidad más rica y donde mejor  funcionan las cosas, con las ayudas sociales y prestaciones más amplias y donde hay  menos pobreza de toda España, con la Comunidad canaria, la más pobre y con la más  nefasta empresa pública de vivienda, con todo lo que ya hemos dicho. 

Lo que pretende el Gobierno de Canarias con esta medida, criminalizando a las familias  que peor están y mandándolas al colegio otra vez a educarse, tendría algo de sentido si el  Gobierno de Canarias y la empresa Visocan cumplieran primero, con cobros adecuados a  la renta de cada familia, con trabajos dignos y ayudas sociales suficientes, o cumpliendo  las obligaciones de mantenimiento de las comunidades inherentes a Visocan. Como nada  de esto ocurre en Canarias, entendemos que esta medida tiene sólo un nombre, aporofobia,  o criminalización y desprecio al pobre, y es usada por Visocan para preparar el terreno para  cuando decaiga la moratoria antidesahucios del gobierno de Sánchez y empiecen a  presentar demandas de desahucio, para echar a las familias con menos recursos a la calle  y dar entrada a familias con mayor poder adquisitivo, en el modelo tramposo de alquileres  “asequibles” con los que Visocan pueda seguir tapando su enorme deuda. 

En la medida 16 insisten los “expertos” en nombre de Visocan con la morosidad de las  familias y con copiar el modelo del País Vasco. Hablan de implementar planes de pago  flexibles, asesoramiento financiero, acuerdos adaptados, reestructuración de deudas y  acompañamiento a los inquilinos con problemas para ayudarlos a acceder a subsidios y  otras ayudas sociales. 

El problema de estos pagos aplazados flexibles y reestructuraciones de deudas, que  Visocan ya aplica desde hace tiempo, es que parten de una trampa que explicamos.  Cuando una familia de una vivienda social de Visocan acumula algún impago de la cuota  del alquiler, Visocan le quita automáticamente la subvención y pasan a cobrarle un alquiler 

de desorbitado que puede rondar los 500 euros. Si la familia tarda un año o dos en firmar  una reestructuración de su deuda, acumulará como deuda atrasada todas esas  mensualidades de 500 euros, que pasan a ser una deuda ilegítima que les resulta imposible  de pagar, por mucha reestructuración o pagos aplazados que se firmen, pues son familias  que apenas cobran una mínima ayuda, y en algunos casos ninguna entrada económica. 

El asesoramiento financiero a familias que tienen tan bajísimos ingresos no sirve para nada,  ninguna entidad les va a dar crédito alguno por muy asesorados que estén, y las ayudas  sociales y los subsidios en Canarias brillan por su ausencia, en nada se parecen a los del  País Vasco. 

La medida 17, centrada en el mantenimiento preventivo de las edificaciones y el fomento  de la corresponsabilidad es otra tomadura de pelo ofensiva, cuando hay edificios de  viviendas sociales de Visocan en La Laguna con ascensores rotos desde hace tiempo y  familias enfermas, con ancianos o discapacitados que viven en plantas altas y tienen  imposible salir de sus viviendas si no son transportados por familia o vecinos solidarios,  ante la desidia y el abandono de la empresa pública Visocan. En otros casos Visocan no  favorece la creación de comunidades de vecinos y no cubren humedades sobrevenidas y  otros daños estructurales de los que ninguna culpa tienen los vecinos. 

En el bloque de Incorporación de viviendas 

vacías al mercado de alquiler, al que corresponden las “medidas” 18, 19 y 20. 

La medida 18 que plantean aquí los “expertos” pasa por la creación de un fondo de garantía  pública que asegure el pago de la renta a los propietarios que alquilen sus viviendas a  precios asequibles. Piensan ellos que este fondo de período limitado ofrecerá garantías  suficientes a los propietarios y éstos convencidos acudirán en masa a poner sus viviendas  a disposición de las Administraciones a precios asequibles. 

Aquí de nuevo los expertos toman a la gente por tonta, si no son ellos mismos los tontos,  por el desconocimiento tan grande que muestran del mercado inmobiliario. Para empezar  este tipo de garantías ya existen desde hace tiempo, ya hay empresas aseguradoras que  facilitan este tipo de pagos adicionales en caso de morosidad, de modo que no están  descubriendo la pólvora. Por otro lado, la oferta de vivienda en alquiler en Canarias es tan  mínima y la demanda tan alta, que cualquier propietario con una vivienda susceptible de  ser puesta en alquiler residencial tendrá al segundo siguiente de publicitarla una larga lista  de posibles inquilinos donde elegir, y en lo último que pensará el propietario es en entregar  su vivienda a la administración para un alquiler asequible a una familia con no tan altos  ingresos, teniendo en cuenta además lo poco serias que son las administraciones públicas  en este tipo de gestiones. 

La medida 19 es otra más que tampoco sale de los “expertos”, es la repetición de una  medida ya intentada por Visocan en la anterior legislatura que acabó en un estrepitoso  fracaso. En concreto leemos en el documento que se trata de un programa para captar  vivienda vacías en el mercado, garantizándole al propietario una renta mensual por unos  años, una renta que se ajustará a las características del mercado inmobiliario en 

cada zona, a precios casi de mercado libre. 

El fracaso de la anterior medida similar a esta lo denunció el Diputado del Común en un  informe del año 2023. En dicho informe refería el Alto Comisionado que se habían dispuesto  cuatro millones de euros a Visocan para este programa de captación, y solo consiguieron  entregar una vivienda, en marzo de 2023, dos meses antes de las últimas elecciones. 

Lo único que parece cambiar en este nuevo intento es que la administración va a pagar  más al propietario de renta mensual, solo mínimamente por debajo de los precios de 

mercado. 

De nuevo volvemos a insistir en el amplio desconocimiento que los expertos y el Gobierno  de Canarias tienen de la realidad del mercado de la vivienda. Como ya hemos dicho, la  demanda de vivienda en alquiler es tan grande y la oferta tan reducida que, primero, cada  propietario que ponga su vivienda en alquiler tendrá a su disposición a una inacabable lista  de posibles inquilinos; segundo, los propietarios en su mayoría saben de lo poco serios que  son en las administraciones y lo tarde y mal que pagan, y no se fijan; y tercero, muchos  propietarios temen que la administración coloque en su casa a una familia de bajos ingresos  que no va a cuidar su vivienda como merece. 

De igual modo, si un propietario mantiene su vivienda vacía a pesar de las cantidades  elevadísimas que se pagan actualmente por una vivienda en alquiler, es porque no tiene  necesidad alguna de ponerla en alquiler, porque no necesita el dinero o está esperando una  futura operación de venta con la que ganará muchísimo más. 

Por último, la medida 20 no es más que un refuerzo o garantía adicional con la que los  “expertos” y el Gobierno de Canarias esperan poner en marcha su fantástico plan de  captación de vivienda vacía, en la figura de un seguro para el mantenimiento de las  viviendas. Y de nuevo estamos ante una medida que no servirá y tampoco es nueva, pues  ya existen seguros que cubren estas situaciones de desperfectos o daños a la vivienda,  que cualquier propietario puede contratar sin necesidad de recurrir a la administración  pública. 

Los “expertos” acaban su análisis de las medidas relativas a vivienda en Canarias con unos  cuantos párrafos que nos vemos obligados a comentar, que serían un mal chiste, sino se  tratara de un drama tan doloroso para tantas familias en Canarias. Los párrafos vienen a  decir lo siguiente:  

En definitiva, con estas medidas, tanto en la gestión del parque público de viviendas como  en la incorporación de viviendas vacías al mercado de alquiler, se ofrecen soluciones  realistas y viables para mejorar el acceso a la vivienda en Canarias. 

La educación de los inquilinos y la implementación de garantías para los propietarios son  claves para asegurar la sostenibilidad y el éxito de estos programas. 

Pero vamos a ver, ese nuevo enfoque en la gestión del parque público de viviendas, mandar  a los inquilinos al colegio a educarse, prestarles asesoramiento financiero o  acompañamiento social, al margen de que pueda estar más o menos justificado -a nosotros  nos parece claramente ofensivo y aporofóbico- y de que arroje un mínimo resultado positivo,  no va a traer ni una sola vivienda nueva al mercado del alquiler en Canarias. 

Por otro lado, ya lo hemos dicho, todas esas fórmulas para rogar a los propietarios con  vivienda vacías o no, para que las pongan en alquiler gestionadas por las Administraciones  Públicas, aparte de ser iniciativas la mayoría que ya se han intentado y han fracasado, con  más razón fracasarán hoy y dentro de unos meses, con los precios cada día más disparados  e inaccesibles y un mercado salvaje y sin control donde el propietario es el rey, y puede  pedir lo que le de la gana. 

En resumen, las medidas que plantean los “expertos” del Gobierno de Canarias relativas al  derecho a la vivienda, son un insulto a la inteligencia de cualquiera de los que estamos  vinculados al problema de la vivienda con un mínimo de seriedad y rigor, y son también,  como ya hemos apuntado, una auténtica tomadura de pelo al pueblo de Canarias. En base  a ello, como en la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta no acostumbramos a quedarnos

solo en la crítica, pasamos a continuación a desgranar otras medidas en favor del derecho  a la vivienda que creemos darían más y mejores resultados. 

TERCERO 

Las medidas sobre vivienda 

de la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta. 

Una necesaria radiografía inicial. 

Para poder plantear medidas reales y efectivas sobre el acceso a la vivienda en Canarias,  lo primero que hay que tener es una radiografía real de la situación de la vivienda en  Canarias. Con esta idea, en la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta observamos cinco  realidades dominantes en el mercado de la vivienda en el Archipiélago, y una sexta  importante que casi nadie quiere ver. 

-Hay un gran déficit de viviendas sociales, sólo un 1% del total, cuando la media estatal  supera el 2% y la media europea está en torno al 11%. Este enorme déficit, cuando un tercio  de la población canaria vive en la pobreza o en riesgo de padecerla, con los sueldos entre  los más bajos de todo el país, suponen un gravísimo problema para acceder a una vivienda  que nos arroja realidades como la que leíamos en la portada de un Diario de Avisos  reciente: “Aumentan los casos de personas sin hogar y con trabajo en Tenerife. Cáritas  constata el preocupante crecimiento del número de mujeres y jóvenes viviendo en vehículo,  chabolas y cuevas”. 

-Hay muchísimas vivienda vacías, según el Instituto Nacional de Estadística podrían ser  211.000, nada menos que una quinta parte de todas las viviendas que hay en Canarias, el  porcentaje más alto de toda España, una auténtica barbaridad que nos lleva a pensar que  muchas de esas viviendas están vacías por pura especulación. 

-Hay una grandísima demanda con una oferta casi inexistente. El boom del turismo  masivo y su crecimiento descontrolado implica más y más población residente para cubrir  los puestos de trabajo que se demandan. Si a esto le sumamos las bondades de nuestro  clima, los pocos impuestos que se pagan y lo fácil que es hacer negocios legales o no en  Canarias, la resultante es que tenemos a medio mundo queriendo venirse a vivir y a hacer  negocio a Canarias, y una demanda altísima de vivienda que no hay forma de cubrirla con  la escasísima oferta actual, alcanzando precios imposibles. 

-El alquiler vacacional es masivo y sin control. Canarias es con diferencia la Comunidad  Autónoma con el mayor porcentaje de viviendas vacacionales. Suponen nada menos que  el 5,59% de todas las viviendas que hay en Canarias, y el 17,5% del total de viviendas  vacacionales que hay en España. Contribuyen a estas cifras escandalosas la nefastas  normativas actuales, empezando por la Ley de Vivienda estatal y terminando con el  anteproyecto del Gobierno de Canarias que pretende regular el modelo vacacional, que  está suponiendo un auténtico efecto llamada y no va a solucionar nada, más bien  empeorará. 

-El propietario de vivienda es el rey. Esta última realidad se desprende lógicamente de  las cuatro anteriores. Así, a cualquier persona, particular o empresa, que tenga en Canarias 

alguna vivienda en disposición de hacer negocio con ella, se le abren infinidad de opciones  a cuál más rentable. Esta realidad debería llevarnos a descartar medidas y soluciones  tendentes a rogarle al propietario, del estilo de las que estamos viendo en las 51 medidas  del Gobierno. Es sencillo: los beneficios y la especulación son tan grandes que por mucho  que les roguemos, los bonifiquemos o les presentemos garantías, los propietarios no  necesitan de nada de eso. 

-La vivienda no es un lujo ni un negocio, es un derecho. Esta realidad que casi nadie  quiere ver está sobre la mesa porque así lo dice la Carta Magna, no un panfleto del Partido  Comunista o la Constitución de Venezuela, es la Constitución Española de la que emanan  todas las demás normativas, como leemos en su artículo 47: Todos los españoles tienen  derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán  las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este  derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir  la especulación. 

Vistas estas seis realidades del mercado de la vivienda en Canarias es más fácil avanzar  soluciones realistas y efectivas, algunas de las cuales pasamos a presentar. 

MEDIDA UNO: 

Apostar decididamente por aumentar el parque público de viviendas sociales en  Canarias. Con solo un ridículo 1% de viviendas sociales el modelo debe ser este, no el de  quitar impuestos, regalar terrenos y otro montón de facilidades más a los promotores  privados, para que construyan viviendas privadas con ayudas públicas con la excusa de un  porcentaje de viviendas en alquiler “asequible” a precios casi de mercado. 

MEDIDA DOS: 

Aprobar la Ley de Tanteo y Retracto en viviendas privadas. Esta ley ya aprobada en  otras comunidades permitiría a la Administración Pública el acceso preferente a viviendas  a muy bajo coste de entre las muchas que hoy se venden, se trafican y se subastan entre  bancos, fondos buitres y otros especuladores. 

MEDIDA TRES: 

Captar viviendas entre las 211.000 vacías que hay en Canarias. A través de la Ley de  Tanteo y Retracto o con negociaciones directas con los propietarios de promociones  inacabadas, y también con sanciones y fuertes recargos a los propietarios que dejen las  viviendas vacías sin justificación, llegando a expropiarlas temporalmente en base a una Ley  que habría que aprobar, para dedicarlas a alquileres sociales cuando excedan de un  determinado tiempo (más de un año) sin justificación, mediando pago justo a los  propietarios: Esto último ya se ha intentado en Baleares y la Comunidad Valenciana con  anteriores gobiernos, y se aplica en otros países de Europa como Holanda o Bélgica, países  perfectamente capitalistas. 

MEDIDA CUATRO: 

Hacer públicas todas las viviendas de la SAREB. Promesa largamente anunciada por  Pedro Sánchez pero nunca cumplida, algo perfectamente factible cuando el Estado es el  accionista mayoritario de la empresa. Muchas de las viviendas de la SAREB que hay en  Canarias están siendo o han sido compradas por fondos buitres y empresarios con vistas  a la especulación pura y dura. En la Comunidad Valenciana se van a destinar viviendas de  la SAREB a las familias afectadas por la Dana; la crisis habitacional de Canarias tiene visos  de catástrofe humanitaria, luego, no entendemos por qué no se hace también aquí.

MEDIDA CINCO: 

Moratoria indefinida a la concesión de nuevas licencias para el alquiler vacacional. El volumen de vivienda vacacionales que hay en Canarias supone ya en torno al 40% de  las camas alojativas turísticas totales, más que suficiente como para poner el freno y no  conceder más licencias. 

MEDIDA SEIS: 

Una regulación efectiva del alquiler vacacional para limitar su número. El 17,5% de  las viviendas vacacionales que hay en toda España están en Canarias, un porcentaje  excesivo, sobre todo si tenemos en cuenta que muchas de ellas son ilegales. Es urgente  por tanto aprobar un reglamento para Canarias que regule y limite esta actividad, un  reglamento que no pasa por el nefasto anteproyecto de ley que pretende aprobar el  Gobierno de Canarias. En este caso sí consideramos importante fijarse en reglamentos que  llevan años vigentes y funcionando sin ningún problema, como el del País Vasco, que se  centra en parámetros de calidad y de seguridad y fiscalizan convenientemente en unión con  los ayuntamientos, no como lo que se plantea aquí. 

MEDIDA SIETE: 

Disolución de Visocan. La deuda millonaria que arrastra Visocan por su mala gestión  mantenida durante muchos años, la mala praxis habitual que practican con las familias que  peor están, sus maneras de fondo buitre, las amenazas de desahucio, los cobros indebidos,  las deudas ilegítimas o el cobro del IBI en viviendas sociales contra la propia ley y una  sentencia del Tribunal Supremo, son argumentos tan graves y tan contundentes que no hay  forma de arreglarlos cambiando algunos directivos. Es urgente por tanto disolver la empresa  y crear otra nueva con otra filosofía, otras formas y otros responsables. 

MEDIDA OCHO: 

Mejorar la gestión de las viviendas públicas. Antes de mandar a la gente a la escuela a  educarse así como otras tantas de las medidas que plantea el Gobierno de Canarias  culpabilizando a los inquilinos de las viviendas públicas, habría que empezar por poner  orden en el parque público, coordinarse mejor entre instituciones y empresas públicas,  saber quién vive en cada vivienda y si tiene o no derecho, saber cuántas están ocupadas  ilegalmente, reparar los daños y desperfectos que no son achacables a los inquilinos,  favorecer la creación de comunidades y mejorar el trato a las familias, entre otras  soluciones. 

MEDIDA NUEVE: 

Frenar la actividad especulativa de los fondos buitre. Es necesario implementar en  Canarias medidas que promuevan una fiscalidad ascendente para todas las empresas y  fondos de inversión que especulan con la vivienda, retirando beneficios fiscales como los  que se conceden a las SOCIMIs y otras empresas que materializan la RIC en vivienda,  gravando convenientemente las ventas entre agentes especulativos, o haciendo  seguimiento y denuncia de las actuaciones en paraísos fiscales de estas grandes  empresas. 

MEDIDA DIEZ: 

Housing first para personas sin hogar. El fenómeno del sinhogarismo va en aumento en  Canarias empujado por la realidad imposible de la vivienda, y es urgente por tanto trabajar  en recursos habitacionales, pisos tutelados y viviendas compartidas donde las personas sin  hogar, muchas veces arrastrando patologías y dificultades añadidas, puedan vivir  dignamente y tener una mínima oportunidad de reincorporarse a la sociedad y salir de la  marginalidad.

MEDIDA ONCE: 

Trabajar en el modelo de viviendas colaborativas y compartidas. En Canarias también  va en aumento el modelo de familia monoparental o de personas que viven solas, a veces  jóvenes y en muchas ocasiones personas ya de avanzada edad, con el agravante de  soledad y de dependencia que este último hecho supone. Por eso creemos que es  importante fomentar modelos habitacionales que favorezcan fórmulas tipo coliving y  cohousing basados en viviendas colaborativas, compartidas y cooperativas. 

MEDIDA DOCE: 

Limitar la venta de vivienda a extranjeros. En esta medida parece que ya trabaja el  Gobierno de Canarias planeando alguna consulta a la Unión Europea. Dadas las  dificultades jurídicas para llevarla a la práctica, valorando también su excepcional  importancia para frenar el acaparamiento continuo de vivienda por parte de extranjeros con  alto poder adquisitivo, consideramos fundamental contar con un amplio consenso social y  político en torno a esta propuesta. 

MEDIDA TRECE: 

Moratoria turística. Si continuamos con el actual modelo turístico expansivo sin límite  previsible en la llegada de turistas y construcción de nuevos complejos turísticos, además  del impacto negativo en sostenibilidad y consumo de recursos también vamos a continuar  demandando más población residente para que ocupe los puestos de trabajo que se  generan con el aumento de los turistas y plazas hoteleras, aumentando así también la  demanda de vivienda. 

MEDIDA CATORCE: 

Trabajar en la concienciación social de la emergencia habitacional. En España entera  pero especialmente en Canarias, es importantísimo hacer ver a la población que la actual  crisis habitacional que sufre Canarias tiene tintes de emergencia humanitaria, y con la  misma urgencia y excepcionalidad con que se abordan las emergencias humanitarias, así  hay que abordar el problema de la vivienda en Canarias. De igual modo es importante que  se deje de criminalizar a las personas que tienen problemas de vivienda, entendiendo que  son simplemente víctimas de un sistema donde prima la desigualdad. 

MEDIDA QUINCE: 

Penalizar a las empresas de desocupación que se valgan de las coacciones y otros  delitos. La crisis habitacional extendida en toda España ha hecho proliferar supuestas  empresas de mediación que son contratadas por los propietarios para echar a la gente de  sus viviendas. Estas empresas en muchas ocasiones se valen de la intimidación física y  otros tipos de coacciones que vulneran claramente la legalidad. Es importante que estas  conductas sean perseguidas e ilegalizadas. 

MEDIDA DIECISÉIS: 

Creación de juzgados especializados en materia de vivienda. Al objeto de agilizar los  trámites de desahucio y favorecer la recuperación de la vivienda a los propietarios, se hace  necesaria la creación de juzgados especializados en esta materia, como de hecho ya están  pidiendo algunas asociaciones y colegios inmobiliarios en otras Comunidades. 

Y hasta aquí nuestras aportaciones o alegaciones a las 51 medidas que presenta el  Gobierno de Canarias, convencidos de que a pesar de lo mucho que las razonamos y  argumentamos y lo convenientes y necesarias que son, la mayoría no serán atendidas, 

dado que el plan de este Gobierno de Canarias parece claro en materia de vivienda, lo  dictan entre Visocan y las patronales de la construcción.  

Hecho en Santa Cruz de Tenerife 

Noviembre de 2024 

  

ACAMPADA REIVINDICATIVA LOLO DORTA