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CANARIAS:

Cuando el ruido político del Estado se convierte en abandono  

Jacinto Ortega del Rosario

Secretario General del Sindicato de Gremios Unificados

Si el clima político nacional es ya de por sí frustrante para cualquier ciudadano, en comunidades como Canarias se vuelve aún más indignante. La distancia geográfica, unida a la escasa voluntad política real de comprender las especificidades del archipiélago, hace que las consecuencias del inmovilismo y la bronca partidista en Madrid se sientan aquí con mayor crudeza.

Canarias, por su condición ultraperiférica, requiere atención específica, diálogo constante y políticas adaptadas a su realidad. Hablamos de una economía fuertemente dependiente del turismo, de una cesta de la compra con sobrecostes estructurales, de un sistema de transporte condicionado por el aislamiento insular y de una población cada vez más expuesta a la crisis habitacional, la precariedad laboral y la inmigración irregular sin recursos estatales suficientes. Sin embargo, mientras en el Congreso se lanzan reproches sobre cuestiones que muchas veces poco o nada tienen que ver con las necesidades inmediatas de la gente, los problemas estructurales de Canarias se postergan o se abordan a medias.

El Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, por ejemplo, no es un privilegio, sino una herramienta de justicia territorial. Pero su defensa ha sido utilizada más como arma arrojadiza entre partidos que como base para construir una estrategia común de desarrollo sostenible. Lo mismo ocurre con la financiación autonómica: Canarias necesita un modelo que tenga en cuenta su singularidad, y sin embargo, el debate está completamente empantanado por cálculos partidistas.

Otro caso paradigmático es la gestión de la inmigración. El Estado, año tras año, se muestra reactivo y no proactivo ante las llegadas constantes de personas migrantes a las islas. Falta coordinación, recursos y, sobre todo, visión. Lo que debería ser una respuesta solidaria, conjunta y planificada, se convierte en una improvisación constante, mientras miles de personas –incluidos menores no acompañados– quedan atrapadas en un sistema colapsado. Y Canarias, con medios limitados, termina pagando los platos rotos de un Estado desbordado... o indiferente.

Además, el coste político de este abandono se traduce en un desapego ciudadano. ¿Cómo pedir confianza en las instituciones cuando buena parte del tiempo político se pierde en luchas que nada tienen que ver con los problemas del día a día? ¿Cómo creer en un proyecto común cuando las islas siguen siendo vistas por muchos como una postal turística y no como un territorio con retos propios que deben ser entendidos y respetados?

En definitiva, el ruido político no solo cuesta dinero. En lugares como Canarias, cuesta dignidad, igualdad de oportunidades y progreso. Lo que en Madrid puede parecer una escaramuza más entre partidos, aquí se traduce en servicios que no llegan, en promesas que no se cumplen y en una sensación constante de orfandad institucional.

Por eso, desde Canarias deberíamos exigir algo más que palmadas en la espalda y campañas de propaganda. Merecemos una política que escuche, que actúe y que entienda que la ultraperiferia también es parte del corazón del Estado. Porque mientras ellos discuten, nosotros esperamos. Y esa espera, ya es demasiado larga.