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Darse de baja como español

Joaquín Rábago

“¿Sabes cómo puedo darme de baja como español?”,  me preguntó el otro día de sopetón un viejo amigo en el  café de El Puerto de Santa María donde desayunábamos.

Supe inmediatamente cuál era el sentido de su pregunta: el día anterior se había dado a conocer el fallo condenatorio del fiscal general del Estado por el Tribunal Supremo.

Mi amigo no cabía en sí de indignación y mientras tomaba su café con leche, iba creciendo su tono de voz hasta el punto de que empezaron a mirarnos desde las mesas próximas.

Yo entendía su profundo enojo con lo ocurrido y compartía plenamente su estupor por la decisión de un tribunal al parecer dispuesto a servirse en todo momento de la ley como arma política.

Es lo que los estadounidenses, que saben de eso también mucho y no sólo desde el regreso a la Casa Blanca del republicano Donald Trump, conocen con el término de “lawfare”.

“Lawfare”, es decir,  el abuso de la ley para combatir al rival político, es algo que nuestros tribunales llevan mucho tiempo practicando, pero que con este último caso parece haber alcanzado un nuevo ápex.

Que demuestra una vez más algo que muchos llevamos tiempo diciendo, y es que la llamada “transición” no fue más que un simulacro que permitió que el franquismo continuara bajo nuevos mantos en amplios sectores de las instituciones.

Continuó por supuesto en muchos medios de comunicación, en la policía, en el Ejército y también, lo que es igualmente grave, si no más,  en nuestra  judicatura.

En Alemania, pese a su derrota por las democracias en la Segunda Guerra Mundial y un proceso de “desnazificación” por parte de los aliados, personajes  que habían servido fielmente al régimen hitleriano lograron recuperar rápidamente posiciones de poder.

¿Cómo no iba a ocurrir lo mismo a fortiori en España, donde el dictador Francisco Franco murió en la cama tras treinta y seis años de control absoluto del país?

Aquí hay un importante sector de la judicatura  dispuesto, según parece,  a ayudar al partido con el que claramente sus miembros simpatizan a  conquistar un poder que no ha conseguido limpia y democráticamente en las urnas.

Para ese sector, todos los métodos son válidos. Ya hemos visto cómo en una sentencia abusiva, como se vio solo dos años después, un juez logro que un diputado canario de Podemos perdiera su escaño.

Muchísimo más grave todavía que aquello es que el fiscal general del Estado se vea ahora condenado a dos años de inhabilitación y a indemnizar a un presunto delincuente fiscal,  pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid,  por revelar un secreto que no era tal porque diversos medios habían informado ya del mismo.

Como grave es que el desvergonzado asesor de esa política no tenga que responder de la mentira que dio lugar al desmentido de la fiscalía y encima se jactase ante el Supremo de no tener que fundamentar su acusación contra el fiscal porque no era, según dijo, ningún notario, sino “periodista” que trabaja  “en política”.

Un periodista que al parecer no necesita fuentes, es decir que se inventa impunemente sus bulos, como la descarada política a la que tan eficazmente sirve y los medios que los reproducen.

 ¡Así está España! José María Aznar debe de estarse riendo todavía en el gimnasio.