Deportar ocho millones de personas. La amenaza de Vox y el riesgo para Canarias - por Jacinto Ortega del Rosario
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Deportar ocho millones de personas. La amenaza de Vox y el riesgo para Canarias
Jacinto Ortega del Rosario
La última propuesta de Vox no es solo inquietante; es una amenaza directa a la democracia, al Estado de derecho y a la convivencia que tanto ha costado construir en territorios como Canarias. La idea de deportar entre siete y ocho millones de personas —incluidos ciudadanos nacionalizados y nacidos en España— no es una política: es una provocación autoritaria, imposible en la práctica y tóxica en lo ideológico.
Que un partido con representación parlamentaria se atreva a plantear semejante barbaridad, recurriendo a discursos de odio y teorías conspirativas como la del “reemplazo demográfico”, debería activar todas las alarmas. No solo porque es legalmente inviable, económicamente suicida y humanamente inaceptable, sino porque normaliza el desprecio al otro, al diferente, al vulnerable.
En las Islas Canarias, donde la migración no es una amenaza sino una constante histórica, la propuesta suena aún más absurda y peligrosa. Aquí, en un territorio insular, fronterizo y profundamente diverso, expulsar a cientos de miles de personas supondría desmantelar sectores clave como la agricultura, la hostelería o el cuidado de mayores. Sería, literalmente, un colapso.
En este archipiélago, la convivencia entre culturas no es un experimento: es una realidad cotidiana. Barrios como La Isleta, El Fraile o La Cuesta no entienden de pureza étnica, sino de vidas cruzadas, esfuerzos compartidos y futuro común. La deportación masiva rompería ese delicado equilibrio, sembrando miedo y desconfianza allí donde hoy hay redes de apoyo y vecindad.
El populismo del odio.
Vox no propone una solución. Propone un enemigo. En lugar de afrontar los verdaderos retos migratorios -como la llegada de menores no acompañados o la necesidad de políticas de integración-, ofrece un chivo expiatorio fácil. Apunta a los de siempre: los que vienen de fuera, los que no tienen papeles, los que hablan con otro acento o rezan a otro dios. Lo hace sin matices, sin distinciones, sin humanidad.
La historia ya nos ha enseñado a dónde conducen esos discursos. Y Canarias, que ha sido tierra de emigrantes tanto como de inmigrantes, lo sabe bien. Nuestros abuelos cruzaron el Atlántico buscando oportunidades en Venezuela o Cuba. Hoy recibimos a quienes huyen del hambre, la guerra o la desesperación. La solidaridad no es caridad: es memoria.
Una defensa de la democracia
Frente al odio, toca defender la democracia. Y eso no se hace solo en las urnas, sino también en los barrios, en los centros de trabajo, en los medios y en las aulas. Se hace denunciando cada intento de dividirnos, de señalarnos, de enfrentarnos entre iguales. Porque si hoy son los inmigrantes, mañana serán los pobres, los disidentes o los que piensan distinto.
Canarias no puede aceptar ni tolerar que se propongan medidas que vulneran los derechos humanos más básicos. No podemos permitir que se despoje de su dignidad a millones de personas con un decreto o un eslogan. No podemos dejar que la política se convierta en una máquina de fabricar odio.
La verdadera fuerza de un país no se mide por cuántos expulsa, sino por cómo acoge, cómo integra, cómo convive. Y si algo ha demostrado Canarias, una y otra vez, es que en medio del Atlántico caben muchas orillas.
“Canarias no odia, Canarias abraza”