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Golpe de Estado con togas

Antonio Aguado

coherente veterano socialista, exmilitante del PSOE

La condena exprés decidida en apenas una semana (aún sin sentencia) al fiscal general del estado Álvaro García Ortiz que contempla su inhabilitación por dos años, una multa de 7.200 euros y pagarle al defraudador confeso, novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador 10.000 euros por, supuestamente, revelación de secretos que a éste involucraban, relacionados con delitos de evasión fiscal a la Agencia Tributaria, ha dado la medida exacta de cómo está la Justicia en nuestro país.

Es evidente sus reminiscencias franquistas y lo más probable, para que esto se demostrara el Tribunal Supremo, el fallo condenatorio lo emitió el pasado 20 de noviembre, coincidiendo con el 50 aniversario del fallecimiento del fascista y genocida Francisco Franco. Es evidente que, para dar golpes de Estado, ya no es necesario hacerlo con armas y sí, mediante jueces con sus togas, como ha sucedido con el referido Tribunal Supremo.

Lógicamente, la condena no será efectiva hasta que no se dicte la correspondiente sentencia y con toda probabilidad, será recurrida por el fiscal general del estado. Argumentos tiene más que suficientes para que sea revocada por el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Sin embargo, esto no exime de que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. Ya anteriormente ocurrió con el acoso al que fueron sometidos el partido político Podemos y parte de sus dirigentes,como el mismo Pablo Iglesias Turrión. O el diputado de la misma formación política, el canario Alberto Rodríguez, al que injustamente el Tribunal Supremo, le condenó en octubre de 2021 por un supuesto atentado a la autoridad en 2014 (no demostrado), y la inhabilitación para ejercicio de cargo público. Todo ocurrió con la complicidad de la presidenta del Congreso Meritxell Batet.

Con Mónica Oltra ocurrió otro tanto. En abril de 2022 fue imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por supuesta complicidad con un delito cometido por su exmarido. Era vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, teniendo el acta de diputada ejercía como portavoz del Consejo y consejera de Igualdad y Política Inclusiva. El 21 de junio de ese referido año dimitió de todos sus cargos. Posteriormente y debido a no haber pruebas incriminatorias, fue absuelta de todas las acusaciones que le habían vertido. Sin embargo, el daño ya se le había causado.

Esto demuestra que la reaccionaria derecha tiene la Justicia a su disposición. Por eso no se comprende que después de estar por más de cinco años el Consejo General del Poder Judicial sin renovarse, cuando se llegó a un acuerdo entre el PP y el PSOE, para que la renovación se llevara a efecto, nada de eso ha ocurrido e incluso, podría decirse que la situación se ha agravado.

Dentro de sus amplias competencias, el Consejo General del Poder Judicial tiene la de tutelar y vigilar el buen gobierno del poder judicial en todo el país, refrendar los órganos jurisdiccionales de las comunidades autónomas. La persona que ostenta la Presidencia del CGPJ, tiene esas mismas competencias en el Tribunal Supremo. Este se compone de 20 personas, pero el fallo inculpatorio al fiscal general del Estado, lo emitieron sólo cinco y tuvo dos en contra, que demostraban la inexistencia de motivos probatorios de que hubiera cometido ningún delito.

Máxime cuando la persona que con bulos y mentiras urdió la trama para la acusación, Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, reconoció en sede judicial no tener pruebas inculpatorias y sí sospechas. Algo que no debería ser tenido en consideración para haberse tomado el fallo que se adoptó. Con todas las gestiones que ha venido realizando, para defender a un particular, es evidente que ha estado malversando el dinero público, con la defensa a ultranza ejercida a favor de  Alberto González Amador.  

Lo cierto es que tal y como está el panorama con la ley, los golpes de Estado en la actualidad no se ejercen mediante las armas y si con las togas de los jueces. En este sentido, sólo se necesita tener controlada la Justicia y a la entera disposición, algo que, por su carácter ultraconservador, ocurre por la sintonía que tiene con la reaccionaria derecha. 

A todo esto, se le añade que la carrera de juez es muy elitista y el corporativismo entre ellos, forma parte del paisaje natural que les protege. Siendo un poder no elegido por votación popular, sin embargo, en muchas (demasiadas) ocasiones, se sitúa por encima de los poderes legislativo y ejecutivo. En consecuencia y para acabar con esta muy grave anomalía, si queremos que realmente la Justicia sea democrática, debe emanar del pueblo.