Pilar Álvarez en EL PAÍS informa de las declaraciones de cuatro personas expertas sobre la decisión del juez Manuel Piñar sobre el indulto a Juan Rivas. Y yo, Chema Tante, agrego que lo que dicen los expertos lo entiende cualquiera que tenga algo entre las orejas. Pero lo que solamente una mente calenturienta puede entender es el mismo procedimiento. No se puede explicar que un indulto, que supone la neutralización del efecto de una sentencia, sea decidido por quien emitió la misma sentencia. En todo caso, hay que insistir en la frecuencia con que algunos jueces y algunas juezas en este estado español dan prueba de su fanatismo ideológico, su falta de equidad, y hasta de su ignorancia. Y, encima, con total impunidad.
Esta es una de las aristas más cortantes del lacerante problema del Sáhara Occidental, la inicua actitud de los gobiernos del estado español que desertan de su obligación y del mandato de naciones Unidas. Algo que no es sabido por mucha gente y que se oculta con mucho cuidado es que la soberanía del territorio saharaui está depositada en el gobierno del estado español que, de acuerdo a la decisión tomada por la ONU, debe restituirla en la forma que decida el pueblo saharaui en referéndum. Y ahí está el nudo del problema. Marruecos, ocupante ilegal del Sáhara Occidental, pone mil obstáculos a la realización de ese referéndum, prologando un hecho consumado, con la complicidad del estados español y francés. Y todo ello, también es preciso recordarlo, cuando gobierna un partido que tiene vigente una resolución de su Congreso reconociendo el derecho del pueblo saharaui. Y, como nos explica José Antonio Gómez en este artículo en DIARIO 16, recomendado por Luis Portillo Pasqual del Riquelme, para mayor vergüenza, el ministro Marlaska, siendo juez, reconoció ese derecho saharaui que su gobierno desprecia.
Ante las noticias aparecidas en algunos medios de comunicación, referente al contenido del “auto del juzgado de instrucción nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria notificado el 6 de marzo de 2019, donde se acuerda transformar las “diligencias previas” en “procedimiento abreviado”.
“La instructora se ha inhibido de realizar su trabajo tratando de adelantar el juicio absolutorio, que es algo que corresponde hacer al Tribunal que juzgue este caso”. “El alcalde se ha lanzado a un tour mediático para dar por cerrado el caso y achantar a la oposición para que no cumpla su función”
En este procedimiento, que continúa abierto ya que aún el Tribunal Constitucional debe de resolver si se vulneraron o no los derechos de los diputados, el Grupo Parlamentario no solicitaba que se dirimiese sobre los aspectos de la Ley de las Islas Verdes que podrían vulnerar la Carta Magna, porque eso se decidirá a través del recurso de inconstitucionalidad que el Grupo Unidos Podemos del Congreso de los Diputados presentó contra la norma.
Izquierda Unida elevará al Congreso a través de su grupo parlamentario una serie de preguntas para que el estado se pronuncie sobre este tema y tome medidas