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La gente de GESTHA es una de las esperanzas que tenemos en el estado español

La misma fiscalía que despliega todos sus recursos y jugarretaas para impedir que a Cristina Borbón la empapelen, la que ignora la figura de la actuaciób de oficio en casos flagrantes de delito, se alía con su conmilitón Fernández Díaz para acosar y siquitrillar cualquier voz cargada de razón que saque a la luz las vergüenzas del poder. Ahora esta fiscalía vendida azuza a los tribunales contra GESTHA, la asociación de técnicos de Hacienda, culpable del horrible delito de decir la verdad. Único crimen perseguible en este estado de derecha. Insoportable.

Esata pareja chapucera es la que defiende que la contención del déficit es la clave de la recuperación

Han recortado todos los servicios a la gente y eliminado la inversión pública, pero han gastado 54.000 millones por encima de sus posibilidades. Imagínense en qué se los han estallado. El déficit público del estado español, según declara el gobierno pepero (vaya usted a saber cuál será la cifra exacta, habida cuenta de cómo miente esta gente) ha llegado, hasta julio de este año, al 5,27%, cuando el tope anualestá en el 6,5%. Es decir, que no cumplen con el déficit. Y son ellos, quienes no cumplen, porque el problema está en la Administración del Estado, que se ha estallado 54.000 millones más de lo previsto.

La información inunda todos los espacios de la comunicación, cargando de alarma y de asombro a la gente. Según su propia Memoria Económica sobre el asunto, el Gobierno del partido llamado popular le birla directamente 33.000 millones de euros a los y las pensionistas. A lo bestia. Pero, como tienen que hacer honor a las palabras de Rajoy, cuando dijo "Si algo no tocaré, son las pensiones", los embusteros profesionales del Pp se atreven a formular esta paradoja matemática de difícil aceptación: "Restamos en las pensiones, pero sumanos en las pensiones". Todo el problema viene de las órdenes fatídicas del ultraliberalismo: hay que recortar la actividad pública. 

Se nota que les duele, pues lo que hace Interior es obligar a la policía a faltar a la ley. Porque "coacciones", "acoso" o "amenazas" son deltios tipificados. Y solamente un juez o una jueza puede sentenciar que tales delitos se han cometido.