Francisco Morote, de Attac cita a Voltaire: "En cuestiones de dinero, todos somos de la misma religión", a cuento del pacto neoliberal cerrado entre PP, C's y VOX en Andalucía. Un acuerdo que comenta Eduardo Garzón, también de Attac, en este artículo en PÚBLICO. Y yo, Chema tante, recordaré que en materia de religión, como en materia de dinero, algunas personas son más fanáticas que otras. Desde luego, lo que está claro es que la derecha, cada vez que tiene la oportunidad, aplica las medidas que sean necesarias para que la gente rica sea más rica y más poderosa, a costa del sufrimiento de la mayoría, que somos la gente pobre. Eduardo Garzón nos hace ver cómo el espanto producido por lo que se ha sabido de las intenciones represoras del pacto de la derecha andaluza en el campo de las libertades sociales no debería mitigar el estremecimiento por sus propósitos en el ámbito económico.

Resulta paradójico, miserablemente paradójico que, mientras en los pueblos que gemimos en este estado de lo que va quedando del imperio español, la mayoría de la gente tenemos que andar contando y sufriendo, euro a euro, allá arriba, en las alturas, bailan las decenas de miles de millones, como i nada. Francisco Morote, de Attac Canarias, señala esta apabullante, aunque ya archisabida, noticia de que a la banca privada del gremio de Botín hubo que apuntalarla con nada menos que 64.098 millones de euros, porque ese era el tamaño del agujero fruto de la granuja mamanza. Porque ese dinero faltaba porque arramblaron con él. Y las venales voces de la tecnocracia neoliberal aullaba que había que preservar el sistema financiero porque su ausencia truncaría la estructura misma de la sociedad. Burda falacia, porque una sociedad necesita un sistema financiero, sí, pero no tiene por qué ser privado, Todo lo contrario. La estabilidad de una economía se asegura con un sistema financiero público, que además, sofoca las malandanzas estafadoras de los usureros. Pero lo que llega al esperpento es que ese dinero público que se le inyectó a unas empresas privadas, se ha traspasado a fondo perdido; más del 90 % no se recuperará jamás. Ni menos, los astronómicos intereses que esa tonga de pasta debería generar. La historia de este negro negocio redondo la cuentan 20 MINUTOS, la página de Attac Canarias y Juan Sérvulo González en EL PAÍS. Pero pocos cuentan que la única manera de terminar esta funesta historia de la estafa bancaria y de la complicidad oficial es la implantación inmediata de una banca pública. Si esos casi setenta mil millones se hubieran destinado a una banca pùblica, otro sería el actual panorama económico en este vestigio el imperio español que soportamos.

A un mes de firmado el II Acuerdo de Mejora del Empleo público y las Condiciones de Trabajo de las empleadas y empleados públicos a nivel de estado, las tres organizaciones exigen al Gobierno de Canarias el inicio de las negociaciones para trasladar a Canarias las mejoras pactadas en dicho acuerdo.

La Consejería de Educación y Universidades continua con su política de privatización de los servicios que se prestan en los centros educativos públicos de Canarias. En esta ocasión corresponde a la categoría de Auxiliar Educativo que desempeñan sus funciones en los centros específicos, centros preferentes de motóricos y residencias escolares, así como las aulas enclave de los centros ordinarios.

El grupo parlamentario de Unidos Podemos ha elevado al Congreso de los Diputados una propuesta para que la conectividad entre los archipiélagos y zonas ultraperiféricas con la Península sea de índole pública

Desde que en julio de 2015 el Cabildo de Gran Canaria aprobara por unanimidad la creación de una Comisión para estudiar los desequilibrios de esta isla respecto a las demás en el tratamiento que recibe por parte del Gobierno de Canarias y del Gobierno Estatal, han pasado dos años en los que, según denuncia la Consejera de Podemos Ylenia Pulido, apenas se han producido reuniones hasta hoy, 20 de febrero, que se convoca para presentar informes realizados por los grupos políticos.

El sindicato se ofrece a ir a las redacciones y servicios de comunicación para formar a periodistas y personal directivo con el objetivo de que se autorregulen