El portavoz de Sí se puede para asuntos canarios, Roberto Rodríguez Guerra, ha criticado la acción del Gobierno del PP, utilizando el Tribunal Constitucional (TC) como un instrumento para impedir que la ciudadanía pueda ser consultada sobre su futuro.
Julián Ayala recomienda este artículo del politólogo y miembro del Consejo Político Federal de IU, Manolo Monereo, en CUARTO PODER
Sí se puede lleva al Pleno una moción en consonancia con las demandas de este colectivo en su enfrentamiento con la Seguridad Social
José M. Corrales insistirá en las vías políticas para investigar las posibles irregularidades y la desviación del 600 % del presupuesto inicial de este proyecto
Tras embarrancar un petrolero en la costa de Tan Tan, Marruecos, el portavoz insular de Sí se puede, Fernando Sabaté, ha vuelto a reclamar al Estado español y al Gobierno canario más medidas de seguridad para controlar el paso de buques con mercancías peligrosas por aguas cercanas a Canarias.
Dos tercios del Parlament de Cataluña han aprobado la fecha de la discutida consulta -en noviembre 2014 y el texto de las preguntas: "¿Quiere usted que Cataluña se convierta en un Estado? ¿Quiere que este Estado sea independiente?" Esas son las preguntas que la mayoría del pueblo catalán quiere hacerse a sí mismo. Y la pregunta que el resto de los pueblos que nos desesperamos en el estado español debemos hacernos es ¿puede un gobierno central, incluso el resto de los pueblos, impedir que el pueblo catalán manifieste su criterio? ¿puede ser constitucional eso? Porque si lo es, está claro que esa constitución no es democrática?
En todo caso, lo que está quedando cada vez más claro es que la cerrilidad de los cenbtralistas retrógrados esta conviertiendo en un problema de consecuencias imprevisibles lo que podría quedarse en, simplemente, una consulta y, en su caso, la búsqueda de soluciones pacíficas. Dígase lo que se quiera, griten o se enfurezcan, si el pueblo catalán no quiere ser español, eso no se podrá cambiar.
Yo pienso que lo que les pasa a los centralistas, que demuestran su talante escasamente democrtático, es que temen la realidad de la respuesta.
Alrededor de una cuarentena de activistas de la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas de Tenerife, pensionistas de clases pasivas, han podido presentar esta mañana ochenta reclamaciones en la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Cumpliendo órdenes del Subdelegado del Gobierno, miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional trataron de impedir la entrada al recinto argumentando que allí no se podían lucir las camisetas alusivas a la lucha por las pensiones públicas que vestían lxs activistas.
No me sorprende, pero me irrita que esta importante noticia solamente la publique EL ECONOMISTA y NORICIAS 999. Porque la información de Lorena López y Rubén Esteller dice algo muy grave.
