En la España continental las renovables van ganando terreno, mientras que en Canarias, que podríamos producirlas mucho más baratas, nos hemos quedado anclados quince años atrás
"El TSJC duda de la constitucionalidad de la reducción salarial a 3.600 empleados públicos". La banda que gobierna Canarias, en su ardor neoliberal por recortar presupuestos públicos, partió la cruel idea de recortarle empleo y sueldo a un grupo de empleados y empleadas no funcionariales. Como eso no se sostiene jurídicamente -como demuestra el profesor Santiago Pérez, en memorable artículo, que vuelvo a publicar- la artimaña de estos pseudonacionalistas -unos- y desertores del socialismo -los otros- ha desencadenado una catarata de demandas judiciales. Y la cosa ha terminado nada menos en que el Tribunal Superior de Justicia Canariasle maja las liendres a los aprendices de Maquiavelo, declarando su opinión de que la medida agrede la Constitución y, por tanto, inicia un procedimiento ante el Tribunal Constitucional. Por menos de eso, un gobierno decente, en un país denocrático, hubiera agarrado la puerta. Claro que no es el caso, evidentemente. La cuestión es otra de las muchas que revisten sublimes niveles de gravedad. a tal punto, que es el propio gobierno de Paulino quien reconoce la debilidad jurídica de su medida.
Hace tiempo que es necesario llamar a las cosas por su nombre: Dice el Diccionario de la Academia Canaria: "jediondada: acción sucia e indecente". Y eso y ninguna otra cosa fue la adjudicación de parques eólicos que, como en todo donde anden metidos los tres partidos de la hidra tricéfala que destruye Canarias desde siempre, fue una -en palabras de Paco Pomares, que suscribo- una "gigantesca chapuza". Pero no una chapuza motivada por la ignorancia, sino por la ruindad. Una chapuza dirigida con toda conciencia, como de costumbre, a favorecer a unas empresas, menos capaces, pero amigas; a beneficiar a unos proyectos menos convenientes, pero más generosos con las arcas de partidos y de personas. Una chapuza que sepulta por los siglos de los siglos las posibilidades de que Canarias aproveche el tesoro energético eólico de que disfruta. Una chapuza, en fin, que, como todas las perpetradas por esta manada de bardagos que nos gobierna, perjudica a otras empresas más preparadas y, sobre todo, al pueblo canario, condenado una y otra y mil veces, a pagar mucho más por trabajos mucho peores o, incluso, inexistentes. A todas estas el mayúsculamente cínico gobierno de Paulino respònde que "está estudiando la sentencia con sus servicios jurídicos". (Traducción:"estamos buscando la manera de hacer el salto de pastor con esta sentencia". Otra vez)
Lo dijo CANARIAS AHORA en la tarde del 11 de septiembre. Y más nada. Luego, a rastras, despacito, a media mañana del 12, ha empezado la prensa comercial (por no decir vendida, que lo digo, refiriéndome a empresas, no a profesionales), a dar la noticia, que puede irritar a los paganinis.
La sociedad Inversiones Las Teresitas, propiedad de Antonio Plasencia y la familia de Ignacio Gonzalez, se había apoderado de la totalidad de los terrenos de Las Huertas, sin que una parte de los propietarios se enterara. Un asunto terrible que sería el primer acto de la barbaridad pelotera que tendría lugar posteriormente, con la connivencia del ayuntamiento chicharrero comandado por ese tipo despreciable llamado Miguel Zerolo
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro, ha calificado como un "hito" el auto dictado por el juez del Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de Arrecife (Lanzarote), Juan José Cobo, que anula la escritura de un préstamo entre el BBVA y una familia, así como la hipoteca que lo garantiza y el correspondiente procedimiento.
La necedad andante que gobierna todas y cada una de estas islas, había embutido en ese Plan nada menos que tres campos de golf, sin los preceptivos estudios de impacto ambiental. Lo que yo lamento es que no se obligue también a incluir estudios de viabilidad de mercado.
