Sí se puede critica el irrisorio compromiso financiero de la Ley Canaria de Educación

Aseguran que los años de recortes y de reducción del presupuesto educativo se pretenden superar ahora con un compromiso realmente insignificante: llegar al 5%

Roberto Rodríguez Guerra, portavoz de Sí se puede para asuntos canarios y candidato al Parlamento, considera que “la exultante y desmedida celebración por parte del Gobierno de Canarias de la Ley Canaria de Educación, a la que considera como “un hito histórico”, no tiene sentido ni sustento alguno”. Afirma que lo que en verdad es un “hito histórico” –señala- es que un gobierno nacionalista haya tardado nada menos que unos veinte años en desarrollar su propia Ley de Educación.

Para Sí se puede la Ley no afronta adecuadamente los serios problemas y retos que afectan a la educación pública canaria y constituye, en la mayoría de su articulado, una serie de declaraciones de principios y buenas intenciones.

Destacando alguno de tales problemas Rodríguez Guerra señala que el principal de ellos es “el irrisorio compromiso financiero que la Ley establece”. Manifiesta que “los años de fuertes recortes y de reducción constante del presupuesto educativo se pretenden superar ahora con un compromiso realmente insignificante: llegar al 5% del PIB para Educación en los próximos ocho años”. Para Rodríguez Guerra eso significa que en los próximos años la dotación presupuestaria para Educación permanecerá prácticamente igual y que, en todo caso, el incremento presupuestario que se propone no llega ni al 1%, pues en la actualidad está en torno al 4,2%. Esto –destaca Rodríguez- no sirve ni para revertir las negativas consecuencias de los severos recortes de la última década. En su opinión, la progresiva reducción de la plantilla de profesorado, la elevación de la ratio profesor/alumno, la reducción de la dotación presupuestaria para Centros y para los servicios educativos (comedores, transportes, etc.) que el Gobierno de Canarias ha aplicado en los últimos años exigen un aumento presupuestario mucho mayor.

Para Rodríguez Guerra, el eje fundamental de la Iniciativa Legislativa Popular a la que pretende responder la Ley Canaria de Educación consistía en la demanda de un importante incremento de financiación. Para los promotores de la ILP de Educación, aunque la normativa sobre Iniciativas Legislativas Populares no le permitía establecer cuantías económicas, ese incremento –como se sabe- debe alcanzar el 7% del PIB canario. Considera que al dejarlo en el 5% en el 2022, el Gobierno y el Parlamento de Canarias “traicionan y vacían sustancialmente el espíritu e intención de la ILP de Educación”.

Por otra parte, para el portavoz de Sí se puede, la Ley Canaria de Educación tampoco significa una apuesta decidida por la educación pública canaria en tanto que sigue manteniendo –contra lo propuesto por la ILP- la potenciación y financiación de la educación concertada y la privada. De hecho, al tiempo que define el sistema educativo canario como un “sistema mixto”en el que podrán coexistir centros privados y centros públicos, así como “centros privados financiados con fondos públicos”, la propia Ley no solo se compromete a seguir financiando a centros concertados en detrimento de las necesidades de los centros públicos, también se compromete a financiarlos adicionalmente cuando “mejoren su rendimiento mejoren sus resultados educativos de forma continuada, que acrediten buenas prácticas educativas y que promuevan la calidad educativa”.

Para Rodríguez Guerra, otra importante deficiencia de la Ley Canaria de Educación consiste en que sigue considerando a servicios educativos esenciales como los servicios de comedor, transporte o acogida temprana como “servicios complementarios”. Con ello la Ley les niega su condición de servicios esenciales, universales y gratuitos del sistema educativo canario. Es más, para el portavoz ecosocialista, la Ley no solo hace depender la implementación de estos servicios de la autorización expresa por parte del Gobierno “de acuerdo con la programación general”. Evita así mismo considerarlos como servicios propios y gestionados directamente por la administración pública educativa y, con ello, mantiene su política de favorecer los negocios privados con los servicios públicos. La Ley establece igualmente que el apoyo a estos servicios se traducirá en “ayudas” y únicamente para el alumnado de la enseñanza obligatoria y declarada gratuita. Es más limita la gratuidad del transporte escolar a la educación básica y deja a posterior decisión de la Administración educativa los criterios bajo los que se establecerá tal servicio en el resto de la educación no universitaria.

Por otra parte, la Ley también elude todo compromiso serio con la acogida temprana y las actividades extraescolares y las remite únicamente a una reglamentación posterior.

Por último, el portavoz de Sí se puede, denuncia el hecho de que el Gobierno y el Parlamento de Canarias -en contra de lo propuesto por la ILP- renuncien a hacerse cargo del primer ciclo de la educación infantil, esto es, de la educación de cero a tres años. La Ley Canaria de Educación tan solo indica que el Gobierno se limitará a promover un incremento progresivo de la oferta de plazas en este ciclo y, eso sí, a promover el establecimiento de políticas de colaboración con entidades privadas a fin de cubrir la demanda de plazas en este ciclo. Con ello, el Gobierno y el Parlamento de Canarias apuesta una vez más por dejar en manos de la iniciativa privada esta etapa de la educación infantil, lo cual no es más una nueva muestra de su apuesta por financiar con fondos públicos a colegios y guarderías privadas.

En suma, Roberto Rodríguez, considera que “el Gobierno y el Parlamento de Canarias ha perdido una nueva oportunidad de tomarse en serio la educación pública canaria y, salvo retoques mínimos, nos ofrece más de lo mismo en el ámbito educativo”.

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