Las cifras del IMV, la propuesta de la Renta Garantizada y las personas damnificadas por la burocracia - por Sarah Babiker *

Enero terminaba con el anuncio de que el Ingreso Mínimo Vital ha alcanzado a 1.579.949 de personas, semanas después de la presentación de la propuesta de una Renta Garantizada por parte de Podemos y mientras el proyecto piloto de Renta Básica en Catalunya confronta las reticencias del PSC.

Sarah Babiker

2 FEB 2023 07:57

“Más de 560.000 hogares han recibido el Ingreso Mínimo Vital”, titulaba el lunes 31 de enero una nota de prensa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la que se cifraba en 1.579.949 las personas beneficiarias de la ayuda, de las cuales el 42,8% serían menores. Las estadísticas aportadas por el ministerio de Jose Luis Escrivá también muestran una realidad feminizada, representando las mujeres dos tercios de las titulares de la ayuda. 

Los datos de la nota de prensa —en la que también se hablaba del bus informativo que se puso en marcha en octubre para recorrer el Estado acercando información a las posibles personas beneficiarias— viajaron durante la jornada del lunes raudos a las redacciones de los medios, tomando su lugar en múltiples titulares, llegando a ser el IMV trending topic en Twitter una vez más.

Una mirada más cercana a las cifras revela espacios de sombra, olvidos y algunas trampas. Y es que, como afirma el economista Julen Bollain, ese millón y medio de beneficiarios “son dos de cada tres personas de a las que en un principio querían llegar, hace ya casi tres años, y representa solo un 12% de las personas que están en situación de pobreza”. Es decir, el IMV se sigue quedando corto y ni este subsidio, ni las rentas mínimas ni garantizadas, estarían cumpliendo sus objetivos.

“El apagón informativo del IMV es brutal porque se publican sus datos acumulados. Es como si en lugar de decir cuánta gente hay cobrando prestaciones a 31 de diciembre, dijeran que hay equis gente que ha cobrado prestaciones del paro desde 1975”

No es un matiz menor conocer, por un lado, cuántas de las personas beneficiarias del IMV tenían previamente acceso a las rentas autonómicas, es decir, hasta dónde se ha ampliado realmente la cobertura gracias a esta ayuda, y por otro, de ese millón y medio largo de personas que han recibido el IMV, cuántas lo siguen recibiendo, apunta por su parte Lluís Torrens, secretario d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat. “El apagón informativo del IMV es brutal porque se publican sus datos acumulados. Es como si en lugar de decir cuánta gente hay cobrando prestaciones a 31 de diciembre, dijeran que hay equis gente que ha cobrado prestaciones del paro desde 1975, por decir algo”, argumenta este economista.

Buena conocedora de las sombras y las afueras de las estadísticas, Hontanares Arranz —integrante de ATD Cuarto Mundo, y de la red RMI Tu Derecho— manifiesta su indignación, exacerbada en las últimas semanas. “Me parece todo indecente, la gente está viviendo un caos impresionante. Hace menos de un mes, una serie de grupos nos plantamos en el Ministerio para pedir la dimisión de Escrivá por la gravedad de la situación”, explica esta trabajadora de los servicios sociales.

INGRESO MÍNIMO VITALIMV: ansiedad burocrática y suspense para terminar un año difícil

SARAH BABIKER

1

Lejos de reconocer errores, Escrivá atribuyó los problemas de llegada de la ayuda —con tres de cada cuatro solicitudes rechazadas— a que la gente la pediría sin tener derecho a ella por superar los baremos previstos. Las declaraciones las hizo el 23 de enero, durante un seminario de la EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España). “Hay que tener poca vergüenza para decir que la gente ha pedido esta prestación sin necesitarla”, se revuelve Arranz, quien considera que las denegaciones de la prestación se deben al mal diseño de la misma y, para empezar, a algo que se ha denunciado múltiples veces: que se siga tomando como referencia los ingresos de hace dos años. Este criterio impide responder a las necesidades actuales y sitúa a muchas personas, cuando se actualiza la cuantía, en una situación de deuda con la Seguridad Social. El silencio respecto a estas situaciones, junto al hecho de que las oficinas sigan cerradas, provoca que la gente vaya “como pollos sin cabeza en busca de información”, forman parte de esa realidad que no figura en las notas de prensa del Ministerio ni en la narrativa de Escrivá. 

Las falencias señaladas no son las únicas que siguen haciendo del IMV una medida insuficiente. Arranz las enumera de carrerilla, basándose en algo muy concreto: los incumplimientos de la Carta Social Europea que ya el Comité Europeo de Derechos Sociales afeara a las rentas mínimas y que perduran en el planteamiento de la ayuda estatal.

El primero tiene que ver con excluir a las personas en función de su edad —el IMV sitúa el mínimo en general en los 23 años con una serie de excepciones—, pedir cierta antigüedad en el empadronamiento como requisito, o no garantizar la continuidad de la protección, que debe durar mientras persiste la situación de pobreza y, sin embargo, choca con una realidad de suspensiones de IMV, y falta de coordinación con las rentas autonómicas para asegurar que las personas no se queden desprotegidas. 

Las declaraciones de Escrivá ante la EAPN-ES no hablaban de esto, sino que alertaban de que, si se hubiera aceptado el criterio de la Declaración Jurada para evitar los laberintos burocráticos, idea presente en las primeras propuestas defendidas desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en aquel momento liderado por Pablo Iglesias, se hubiesen tenido que pedir devoluciones “a troche y moche”, resume Arranz, indignada, pues eso es lo que está viendo día a día: la llegada de cartas pidiendo devoluciones de miles de euros a personas beneficiarias del IMV, es decir, que están entre ese millón y medio largo que ha tenido “la suerte” de acceder a la ayuda.

“‘Has estado dos años cobrando de más, pues ahora me tienes que devolver 8.000 euros o 15.000 euros’. Para una persona que ha estado cobrando 500 euros decirle que ahora lo tiene que devolver todo es una locura”, apunta en la misma línea Torrens. Este experto en rentas mínimas y garantizadas opina que lo que habría que hacer es, primero, comprobaciones automatizadas de que se está abonando la cantidad correspondiente. Y que cuando se haga la declaración de la renta “si has tenido ingresos adicionales, pues devuelves la parte que te corresponda, si no puedes devolverlo de golpe vía tributación, pues pides un aplazamiento. Pero que no se te considere un defraudador, que es lo que está pasando ahora”, una forma, lamenta Torrens, de castigar a una parte de la población más vulnerable de la sociedad.

El economista, que participó en el diseño de la Renta Garantizada en Catalunya, reclama más proactividad por parte de la Administración, algo que están intentando implementar en la Generalitat: “Hacer comprobaciones mensuales de la situación de la persona a través de las interoperabilidades que existen con el Servicio Público de Empleo, con con la propia Tesorería General de la Seguridad Social”. Desplazar, pues, sobre la Administración, que cuenta con “al menos un 90% de los datos”, el seguimiento de situaciones que son cambiantes e inestables, y no depositar sobre los hombros de personas que están en situación precaria, que ya han tenido suficientes complicaciones para completar procesos de solicitud muy complejos, la responsabilidad de ofrecer toda la información de manera correcta, teniendo que pagar caros los fallos en el ámbito burocrático. Gente a la que ni siquiera se le avisa de que se le va a revisar la prestación, y con ello, van a perder una parte considerable de sus ingresos. “Te envían una carta y te dicen ‘mire, le hemos rebajado el ingreso mínimo de 500 a 200 euros’, y no te explican cuál es el proceso que hay detrás, por qué se ha tomado esa decisión”. Así, denuncia Torrens, se merma la confianza de la gente en el Ingreso Mínimo Vital, que deja de ser una herramienta estable para salir de la pobreza y se convierte en una lotería, sobre la que sobrevuela el miedo a haberse equivocado y perderla o, peor, tener que devolver miles de euros. 

Renta Garantizada de Podemos, ¿una propuesta superadora?

No solo los colectivos o activistas críticos externos al Gobierno son capaces de ver las fallas del IMV. Una parte de la coalición es muy consciente de los problemas que ha traído consigo una prestación que en su diseño e implementación, liderados finalmente por el Ministerio de Escrivá, se ha distanciado notablemente de las primeras propuestas introducidas desde Unidas Podemos, que al principio de legislatura concebía la introducción de una renta mínima a nivel estatal como una apuesta propia. 

El pasado 14 de enero, la actual líder de Podemos, Ione Belarra, presentaba lo que definía como una iniciativa superadora del esquema de Escrivá, una renta garantizada que solventaría algunas de las limitaciones en las que incurre el IMV, como la de la edad, garantizando que se reciba a partir de los 18 años; la de la retroactividad, tomando en cuenta los últimos tres meses de ingresos para valorar el derecho a acceder a esta ayuda; la individualidad, frente al sistema de abonar toda la ayuda a solo una persona de la unidad de convivencia —exigencia que ha generado innumerables quebraderos de cabeza a las personas solicitantes y que perjudica a jóvenes y mujeres— o la compatibilidad con el empleo. Junto a la subida de baremos y cuantías, la propuesta de los morados incide en la necesidad de dotar de agilidad al acceso a la renta, ante los laberintos burocráticos.

Si bien la propuesta de Podemos enmienda muchos de los fallos del IMV, para Arranz, que vive en el presente los estragos de esta ayuda, hacer en este momento esta propuesta “es indecente. Parece que la respuesta de una de las partes del Gobierno es que todo se va a arreglar en el próximo periodo electoral si nos votáis”. Para la integrante de RMI Tu Derecho, lo que plantean desde Podemos no deja de ser una renta mínima con mejoras: “Han tenido tres años para debatir esas mejoras, y todavía les queda uno. Pero no, lo plantean para el siguiente periodo y si les votas, hombre, por favor”. Arranz destaca que entre las personas asociadas a la propuesta están “las mejores cabezas pensantes de rentas mínimas de este país”, y que además, tienen como referencia, el modelo navarro, “que lleva siendo mejor valorado que el del resto de comunidades desde hace años por el Comité Europeo de Derechos Sociales”. Contando con estos elementos, se pregunta por qué deberían esperar a una eventual segunda legislatura en el Gobierno para introducir cambios tan urgentes en la vida de las personas.

INGRESO MÍNIMO VITALLa Seguridad Social suspende o reduce el IMV sin aviso previo

SARAH BABIKER

3

Además, la activista recuerda que muchos de esos grandes cambios propuestos no son posibles sin aumentar los recursos humanos, o coordinarse con las Comunidades Autónomas. Muchas de ellas, según documentaba un informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, han aprovechado la irrupción del IMV para desinvertir en protección social. Así, el alcance del IMV en su lucha contra la pobreza no ha superado a las tasas que ya cubrían las rentas mínimas. “¿En esta situación tenemos propuestas electorales a un año de terminar la legislatura? ¿No hay tiempo de hablar de alguna modificación en el IMV, de hablar del reglamento, que no tiene ni fecha y que regularía cuestiones tan importantes como un suplemento para vivienda?. Eso es no mirar a las personas que sufren esto”, lamenta Arranz.

Por su parte, Torrens —que reconoce entre los apoyos a la propuesta de Podemos a expertos que en su mayoría apuestan por las rentas condicionadas— considera que lo fundamental es el modelo que se plantee para implementar una renta garantizada como la presentada por Belarra. “Yo creo que el problema es que no se dan cuenta de la estructura social de este país. Hay un montón de gente irregular, una brecha digital enorme, unos sistemas de control muy grandes por parte de la Administración, que hacen que te puedan pillar en falso en cualquier cosa, mientras tú tienes la obligación de comunicar cualquier cambio. Todo va en contra de poder cobrar la renta”. En este sentido, considera que no es a través de la Seguridad Social, sino de la Agencia Tributaria, mediante la declaración de la renta, como se podría formalizar el acceso a una renta garantizada. “Que sea obligatorio que todo el mundo haga declaración de la renta. Y si has tenido más ingresos, la renta garantizada se considera un ingreso a tributar. No un ingreso indebido, que es lo que está pasando ahora con el IMV”.

“¿En esta situación con el IMV tenemos propuestas electorales a un año de terminar la legislatura? ¿No hay tiempo de hablar de alguna modificación en el IMV, de hablar del reglamento, que no tiene ni fecha y que regularía cuestiones tan importantes como un suplemento para vivienda?”

Otra cuestión que introduce la propuesta de Podemos es que la renta garantizada sea compatible con las rentas del trabajo. Es un debate continuo, cuya traslación no resulta fácil —ya el IMV incorpora la compatibilidad de hecho, aunque no se haya desarrollado—. Con la Renta Garantizada en Catalunya, explica Torrens, esto también está siendo objeto de discusión, se trata de un punto que suele constituir un pulso con los sindicatos, que consideran que compatibilizar ambos ingresos será utilizado por el empresariado para bajar los salarios, algo que implicaría saltarse los convenios, y que Torrens considera un recelo excesivo. Para Torrens, es importante el diseño de incentivos interesantes para que la gente pueda trabajar sin miedo a acabar perdiendo ingresos. 

Bollain resume: “Yo creo que la mayor dificultad con la que puede encontrarse una propuesta de renta mínima es la propia realidad. La evidencia de cómo las mejores rentas mínimas garantizadas que conocemos no han logrado sus objetivos y todavía mantienen a muchas personas por debajo del umbral de la pobreza”. Pone un ejemplo que conoce bien, la renta garantizada de Euskadi, que no llega a tres de cada 10 personas en riesgo. Y de las siete personas que acceden, menos de la mitad logra superar el umbral de pobreza. “Es decir, el mejor sistema de renta mínima garantizada a nivel estatal solamente consigue que alrededor del 35% de la ciudadanía pobre consiga salir de la situación de pobreza en la que está viviendo”.

¿Y la Renta Básica Universal?

El acto en el que Belarra, junto a Nacho Álvarez, presentó la iniciativa sobre Renta Garantizada llevaba por título: “Vivir, no sobrevivir, del IMV a la renta garantizada”. Sin embargo, antes de llegar a este viaje, Podemos ha protagonizado otro recorrido, el que le llevó de la propuesta de la renta básica universal (RBU) incluida en su programa para las elecciones europeas en 2015, a esta propuesta de Renta Garantizada en 2023. Bollain, ex parlamentario vasco por Elkarrekin Podemos hace retrospectiva de este camino: “Se pasa de la ruptura de algo ilusionante a los subsidios”. Y es que, recuerda Bollain, la demanda de una renta básica universal estaba presente en esa época en asambleas, en torno al 15M, o en “las reivindicaciones de diversos, múltiples, variados colectivos sociales y gente anónima que empezó a reunirse en las plazas”.

La RBU era otra de las propuestas “disruptivas e incluso transversales” que llevaba el partido en su programa y que provocó cierto entusiasmo. Una propuesta que “beneficia al 80% no estrictamente rico de la población o más pobre de la población, y que sin embargo perjudica al 20%”. Así, frente a la narrativa de que la gente intenta aprovecharse de una ayuda sin cumplir los requisitos, introducida por Escrivá, la RBU se planteaba como un ataque al “ideario económico del neoliberalismo, de la democristiandad y del asistencialismo. Proponiendo medidas que sean diametralmente opuestas a lo que ellos proponen, una sociedad donde tenemos que ser personas sumisas cuando nos va mal. Tenemos que desnudarnos ante la administración y demostrar que no podemos comer para que nos den unas migajas”.

SERGI RAVENTÓS“Vamos a crear un pequeño microcosmos de lo que sería una renta básica aplicada a un territorio”

SARAH BABIKER

Frente a lo acontecido en 2014 con la RBU, o los anuncios del IMV en el 2020, presentados como un paso histórico en materia de derechos sociales, no parece que la propuesta de un Renta Garantizada suscite muchas pasiones. Ni siquiera en quienes viven en carne propia los estragos del IMV. “No hay un eco en la gente, que vive con mucha angustia la situación que padece hoy”, apunta Arranz. La presión y el estrés que sufren estas personas que no saben si cobrarán el IMV o si se les pedirá una devolución elevada les mantiene alejadas de la participación política. “La desafección es absoluta, aunque habrá personas que quizás vivan esta propuesta como esperanzadora, pero esto tiene que ver más con valores, o con una fidelidad política previa”. Las personas, lamenta Arranz, han contrastado ya en otras ocasiones, la distancia entre lo que se anuncia, y lo que al final acaba pasando: “Al final es eso lo que viven”.  

“Tenemos que demostrar que la renta básica es una medida mucho más eficaz, que defiende la dignidad de las personas y genera sentimiento de pertenencia de la ciudadanía”

Mientras, la apuesta por la renta básica universal no está en sus mejores momentos, por un lado el distanciamiento de Podemos —sea por “vértigo político, o porque las personas asesoras que se fueron sumando a Podemos no creían en la renta básica como una medida factible”, apunta Bollain— se tradujo en que la medida fuera retirada de los programas políticos, aunque quedaran algunos “feudos”, como el de Euskadi. En lugar de eso, persiste la voluntad de emular rentas garantizadas como la de Navarra o Euskadi. “Sin embargo, quienes vivimos en esos territorios sabemos que sí, que están mucho mejor lógicamente que las que puede haber en otros sitios, pero son unas medidas que no cumplen los objetivos”.

Que Podemos haya descartado la renta básica supone la pérdida de un gran altavoz para los defensores y defensoras de la renta básica universal, frente a las propuestas condicionadas de corte más asistencialista. Pese a todo, considera Bollain, “tenemos que demostrar que la renta básica es una medida mucho más eficaz, que defiende la dignidad de las personas y genera sentimiento de pertenencia de la ciudadanía. Y bueno, lo tenemos que confrontar con los datos que están saliendo”.

Mientras, la apuesta por la renta básica se ha topado con otro obstáculo en Catalunya, el ambicioso proyecto piloto propuesto por las CUP como condición para investir como presidente a Pere Aragonés, y en el que la Oficina creada ad hoc viene trabajando desde finales de 2021 ha debido enfrentarse con las reticencias del Partido Socialista Catalán, que cuestionaba su continuidad en las negociaciones para el presupuesto de la Generalitat, argumentando que no habría recursos para financiarlo. Fuentes del Govern, aclaraban a el Periódico de Catalunya, que la financiación del proyecto no corresponde a los presupuestos generales sino que sale de la Ley de acompañamiento de los presupuestos, y que por tanto, será desde allí que se asignen los recursos necesarios para la ejecución. Desde el PSC no se ha perdido ocasión para atacar el Plan Piloto, apuntando que invertirían los 40 millones que se estima costará, en ayudar a la gente en situación de exclusión. Para Torrens, el ataque al plan piloto se enmarca en la defensa del IMV: “defienden que es una iniciativa histórica y maravillosa, así que cualquier cosa que ponga en duda su proyecto está en el punto de mira”.