Se impone la racionalización- por Nicolás Guerra Aguiar

  A la vez que quiere ejercer un exhaustivo control sobre alquileres que paga por inmuebles –cien millones de euros, cien-, El Gobierno español recién estrenado acaba de descubrir patrimonios sin usar y, además, decide reducir un veinte por ciento las entidades públicas dela Administracióndel Estado (¡hay 4.021 con miles de nominillas!). Muchas de nada sirven, deduzco, en cuanto que son eliminables. Y si se aplica la intención con rigor, seriedad y cabeza, quizás hasta la mitad de ellas sobran, pues amigotes y compromisos políticos –de ayer y anteayer- figuran en sus consejos de administración.

   Por supuesto, mis aplausos al PP en cuanto que decide eliminar sobrecargas innecesarias al Estado, traducidas en puestos que las más de las veces obedecen a filiaciones, amistades, parentescos, y a ti te encontré en la calle. Por tanto, bienvenidos sean clausuras y cierres para controlar el disparate que significan los despilfarros nacionales. Ahora bien: dentro de aquellas entidades públicas hay personal de a pie al que es necesario tener en cuenta, por más que muchos entraron por la puerta trasera, sin oposiciones.

   Y aunque desconozco los nombres de aquellos organismos sentenciados para su desaparición o en vías de estudio, tengo la impresión de que algunos muy conocidos no figuran entre ellos, me da. Así, por ejemplo, el Senado, institución absolutamente inservible, terriblemente costosa y privilegiada (dos mil quinientos millones de euros al año, algunas de cuyas plazas incluso hasta se regalan a militantes de los partidos). Otro: el Consejo de Estado, cada vez más cargadito, refugio perpetuo para expresidentes y fieles servidores nombrados a dedo. Organismo que, además, no decide, simplemente opina… si se le pregunta, claro. Porque para considerandos con rigor técnico ya tienen los gobiernos (incluidos los autónomos) largas filas de asesores y consejeros que, además, cobran por dedicación exclusiva, y caritos que nos cuestan, dicho sea de paso.

   ¿Hay más? Claro, hay cientos, varios son conocidos. E, incluso, alguno hasta se hereda y no se tienen en cuenta capacidades, saberes, inteligencias o talentos para su personificación: basta con haber nacido entre azulinidades –aunque la sangre siempre, oh Dios, fue colorada- para ser destacado entre los mortales y distinguido con privilegios constitucionales que están por encima de responsabilidades, inviolables tal como recoge el artículo 56.3, Título II, Capítulo Cuarto en riguroso reflejo de las palabras pronunciadas por el rey ante el caso Urdangarin: «Todos somos iguales ante la ley». Como Dios manda. Amén.

   El Estado, por tanto, dispone de cientos, miles de organismos desconocidos, casi secretos, ocultos e impenetrables cuya función única y exclusiva ha sido la de almacén de fieles a los partidos gobernantes donde colocan, ubican y privilegian con dádivas, regalos y parabienes económicos a quienes les han servido con absoluto lealtad. Que fueran productivos o no es algo intrascendente, baladí, insignificante: los ciudadanos pagan.

   Lo mismo sucede en Canarias.   En efecto: desde Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental hasta VICOSAN (Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias S.A.), hay organismos de flagrante ironía y burla en la Comunidadcon el más alto índice de paro como, por ejemplo, Sociedad Canaria de Fomento Económico o Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias. Y para proyecciones exteriores, las Oficinas de Relaciones Institucionales del Gobierno de Canarias en Bruselas, Caracas, Madrid. Pero es que, además, en la misma página de Presidencia del Gobierno de Canarias figuran en el apartado «Entidades Canarias en el Exterior» varias en EE UU, entre ellas Los Isleños Heritage and Cultural Society o la Asociación de Descendientes de las Islas Canarias de San Bernardo, absolutamente respetables, por supuesto, aunque sospecho que apoyadas por el Gobierno canario. Y ya no digo de aquellos depósitos de votos que son las casas canarias multiplicadas por doquier, dineritos que vuelan para no volver.

   En cuanto a los alquileres de edificios, pisos y oficinas aquí, allá y acullá, la cosa es para echarse a temblar. Haylos que cuestan cientos de millones en ese absurdo, irracional y mezquino planteamiento de que en Tenerife y Gran Canaria se dupliquen los organismos oficiales como, por ejemplo, la misma Presidencia del Gobierno, que por el más elemental sentido común debe ubicarse en una sola isla (Presidencia que, por cierto, en Gran Canaria no solo significa el edificio sito en León y Castillo sino, además, el chalé de Ciudad Jardín, con presupuestos disparatados. Y dos más en Tenerife). Y hay otros edificios, claro, inicialmente estructurados por legítimos empresarios para viviendas, pero fueron reconvertidos de la noche a la mañana y transformados por arte de birlibirloque, magia o entendimientos en departamentos oficiales cuando –al igual que en el Estado-la Comunidado tenía donde ubicarlos o pudo haber construido, pues había dinero. Sin embargo, Canarias despilfarra cientos y cientos de millones en arrendamientos: ¿por qué? ¿Qué llevó a alquilar el hoy Múltiples III, frente a Presidencia?  

   Y entre los organismos que quieren desaparecer o cargarse en Canarias está la Zona Especial Canaria (no sé si es institución u organismo, aunque he leído «consorcio»), creada para «promover el desarrollo social y económico del Archipiélago». Digo lo de su eliminación porque fue designada para la vicepresidencia una señora que en su etapa como consejera de Educación fracasó rotundamente, llevó a la enseñanza oficial a los más bajos niveles, a la cola del país, y casi de Europa, aunque tiene a su favor que logró unir a los profesores, dispersos en variados sindicatos. Es más: por figurar como segunda en la lista de CC (Tenerife) al Congreso, por primera vez en su historia la señora Oramas quedó sola y casi en la cuneta, pues ATI perdió los hipotéticos votos de veintitantos mil docentes y parientes.

   Sin embargo, qué cosas, la premian: directora general de Deportes, senadora digital y, ahora, supuesta liquidadora de la zona ZEC. Una de dos: o ATI se resigna con lo que tiene a la vista o es que, en efecto, tiene su estrategia, que en estas cosas de la política nada es imposible. ¡Y yo que creía con los empresarios que la ZEC es necesaria! Ignorante.