El problema está en los ingresos - por Román Rodríguez

Todos los días intentan colarnos discursos de resignación y de culpa, que inciden en la inevitabilidad de las actuales medidas económicas, de los recortes y de sus terribles consecuencias para una sociedad más pobre y con peores servicios públicos, pese al enorme esfuerzo que realizan sus profesionales. La ONG Intermón Oxfam ha advertido que  las medidas de austeridad y los recortes sociales están incrementando los abismos sociales. Y señalado que la pobreza en España podría afectar a casi el 40% de la población en una década. Concluyendo que se necesitarían 25 años para recuperar el bienestar social anterior a la crisis.

Manipulan la realidad y tratan de culpabilizar a lo público de una crisis que no creó. Falsean los datos sobre el tamaño ‘sobredimensionado de lo público’, cuando el gasto público en España es inferior a la media de la UE-27, por debajo de estados como Alemania, Francia, Reino Unido o Italia, y muy alejado de los países nórdicos, los que mejor funcionan, por cierto.

He venido señalando que el problema fiscal, español y canario, no se encuentra en el tamaño del Estado del Bienestar, sino en los ingresos públicos. Lo deja bien claro Eurostat cuando señala que la presión fiscal de España se encuentra diez puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Por debajo de España sólo están Lituania, Eslovenia y Bulgaria. La hegemonía del pensamiento conservador ha llevado a tomar  injustas decisiones que han supuesto bajar los ingresos fiscales en los últimos años y que han contribuido a agravar la situación. Hasta un presidente del Gobierno de ideas socialdemócratas soltó aquel gran disparate de que “bajar impuestos es de izquierdas”.

Hay que decirlo claro: con o sin crisis, tenemos un sistema fiscal profundamente injusto. Sostenido, fundamentalmente, por el esfuerzo de trabajadores, clases medias y consumidores; y mucho menos por empresas, capital y transacciones financieras.

Reforma fiscal

Desde Nueva Canarias hemos venido denunciando esa situación y abogando por una profunda reforma fiscal antes y durante la crisis. Y lo hacemos convencidos de que no se puede pedir más esfuerzos a las rentas del trabajo, a los asalariados, a las clases medias y a los consumidores, que ya tributan adecuadamente.

Tenemos una fiscalidad injusta, muy mal distribuida entre los distintos sectores sociales. Más de dos tercios de los ingresos fiscales corresponden al IRPF e impuestos al consumo (IVA e IGIC). El resto, menos de un tercio, a las rentas del capital.

Un informe de la Fundación 1º de Mayo, al que hace referencia el profesor Vicenç Navarro en un texto reciente, concluye que los ingresos derivados del IRPF en España desde 2006 hasta 2011 crecieron un 6%, pasando el Estado de ingresar 64.638 millones de euros a 68.557 millones. En el mismo período disminuyeron ligeramente los fondos públicos procedentes del impuesto sobre el consumo, pasando de 52.817 millones de euros a 51.580 millones. Menores fueron las cantidades correspondientes a impuestos especiales, 19.025 en 2011, 322 millones más que en 2006; y ‘otros impuestos’, 5.971 en 2011 frente a los 5.696 de 2006.

Mientras, los procedentes de las rentas del capital eran mucho más exiguos y en retroceso. Al respecto, Navarro recuerda que, en ese período 2006-2011, “los ingresos al Estado derivados de la carga impositiva sobre el capital han bajado de una manera muy acentuada, casi espectacular (-68%), pasando de 41.675 millones de euros a 13.383 millones. Es decir, en otras palabras, el Estado ha dejado de ingresar 28.292 millones de euros”. Verdaderamente escandaloso.

Para cambiar las cosas. Para que exista una justa y progresiva fiscalidad. Para que las administraciones dispongan de los recursos económicos necesarios para el mantenimiento de los servicios públicos, para que paguen más los que más tienen y paguen los que teniendo no pagan… Para todo ello es imprescindible que el cumplimiento de las obligaciones fiscales alcance a la generalidad de los potenciales contribuyentes y que se haga de forma progresiva, equitativa y justa.

Solvencia

En primer lugar, es imprescindible demandar al Estado esa fiscalidad justa y suficiente para garantizar la solvencia financiera de las comunidades autónomas. No olvidemos  que el 62% del presupuesto de Canarias procede de partidas provenientes del Estado.

Entre las medidas que apuntan en la dirección que proponemos está el incremento de los tipos del IRPF a rentas altas. También mejorar la imposición sobre la riqueza, haciendo más progresivo el actual Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cedido en sus rendimientos a las comunidades autónomas.

Y, sobre todo, creando un impuesto nuevo sobre las grandes fortunas. Reformando, asimismo, la tributación de las Sicav y de las Instituciones de Inversión Colectiva; o estudiando la creación de un impuesto específico sobre las actividades de la banca.

Otra posibilidad es mejorar la progresividad del Impuesto de Sociedades. Proponiendo, como señala Gestha, el establecimiento de un nuevo impositivo del 35% en el Impuesto de Sociedades para las bases imponibles positivas que superen el millón de euros. Esto afectaría, fundamentalmente, a las 5.740 empresas que facturan más de 45 millones al año y permitiría recaudar más de 13.000 millones de euros.

Además, resulta imprescindible afrontar el elevado fraude fiscal, que afecta a la equidad y a la suficiencia de nuestro sistema fiscal. Las estimaciones hablan de un fraude en España en torno al 23% del PIB, diez puntos más que la media de la UE; porcentaje que en Canarias se eleva hasta el 28,7%. Reduciéndolo solo en diez puntos en España, es decir situándonos en la media europea, se recaudarían más de 38.000 millones.

Soy consciente de que Canarias tiene un margen limitado de actuación en el terreno de la fiscalidad. Pero ese no es el único problema. Además, el conjunto del paquete fiscal canario no es ni progresivo ni justo. Resulta imprescindible modificarlo y mejorar la recaudación, máxime en el actual marco de enormes dificultades para el sostenimiento de los servicios públicos, que se mantendrá en los próximos ejercicios presupuestarios.

El Gobierno canario debe abandonar la improvisación y las políticas erráticas en materia fiscal. Debe dar ejemplo en sus decisiones y encabezar la exigencia de modificación del actual marco fiscal. Para evitar los permanentes recortes en los servicios públicos y su deterioro. Para garantizar, asimismo, la equidad, de manera que los ciudadanos y ciudadanas de las Islas contribuyan de manera justa en función de sus ingresos.

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.