En España se vive enmedio de la Injusticia, más bien aplastados por ella

Erasmo Quintana

Vivimos en un país, España, donde reina la más severa injusticia, la que es dueña y señora de la voluntad popular. A nadie, observemos, le preocupa que esta anomalía tome su asiento empoderado, y que nadie no se la cuestione, ni parezca mal que la Justicia no sea igual para todos, siendo ésta, como es, la base fundamental en cualquier país que se precie de moderno y, por supuesto, demócrata. Aquí en este país la sinvergonzonería campa a sus anchas, siendo lo que se despacha en abundancia. Ejemplos, todos los que se quieran, siendo lo más descarado, el juicio ad hoc al Fiscal General del  Estado, Álvaro García Ortiz. Y lo ha dicho el exmagistrado del Tribunal Supremo, Martín Palín: “El tribunal que ha juzgado al Fiscal General del Estado no son jueces; son activistas políticos al servicio del PP.” Este meticuloso servidor de la Ley, el ya ex Fiscal General, se vio inmerso por azar del destino en los tentáculos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), quien tiene un poder fáctico de lo más poderoso en el partido de Alberto Núñez Feijóo. Ella es pareja de González Amador y viven en dos casoplones (áticos), de 950 mil euros el primero, en el centro de Madrid, adquiridos por el novio con dinero defraudado a la Hacienda, más de dos millones de euros, y producto de negocios en paraísos fiscales usando seudónimo.   

La cara redomada de la Injusticia estaba en esa patética escena de un tribunal con gestos serios y con puñetas, pero en el fondo una vergüenza irreparable: la reunión perseguía condenar al compañero Fiscal General García Ortiz. Y el verdadero delincuente, confeso, Alberto González Amador, que es quien también denunciaba, no está sentado en el banquillo de los acusados, por defraudador, como sí lo estuvo el Fiscal, ya sentenciado. Los tiempos en nuestra Justicia también dependen de quién se trate el procesado.

Otra sinrazón la tenemos en la Iglesia Católica: la Conferencia Episcopal ha roto la neutralidad política, siendo amonestada por el Gobierno. Esta Iglesia ingresó en sus arcas, de España, 168 millones de euros durante el año 2024, por sus opíparos negocios inmobiliarios y financieros, de los que la Hacienda pública no recibió por IBI ni un céntimo. Sobre ésto, Europa Laica, ha dado su opinión considerando que las cuentas que publica el Obispado español son, en general, opacas y que las diócesis están siendo sobrefinanciadas por el Estado español. Según se recoge en la Memoria Económica de cada año, la Conferencia Episcopal, que firma el secretario general, Francisco García Magán, presentada en Madrid, aclara que estos 168 millones declarados suponen el 12% de los ingresos totales de los obispados del país, y son la agregación de las cuentas consolidadas de todas las diócesis. Asimismo, éstas obtuvieron otros 66 millones (el 5% de todo el global de los recursos), por lo que llaman “ingresos extraordinarios.” Para resumir, Europa Laica, concluye que la financiación de la Iglesia está recogida en el Concordato de 1979, y es muy criticada por diferentes expertos y órganos laicistas, los que reclaman hasta el momento sin éxito, “que se cumpla también otra de las cláusulas de ese pacto España-Vaticano: la autofinanciación de la Iglesia Católica.” 

La UCO es un escándalo. Solo está ahí para denunciar a Leire Díaz por  21.000 euros, pero no está para investigar  Cristóbal Montoro, ministro de Economía con Aznar y Rajoy, que con su Equipo Económico sustrajo 2.200 millones, que se sepa, más lo que falta por investigar. Aquí en este país de sinvergüenzas, “el que pueda hacer, que haga”, según Aznar. Montoro fue maestro en dar la imagen de pulcro y exigente con los que no pagaban al Fisco, denunciando que habían muchos que no cumplían con su deber, al tiempo que él se estaba poniendo las botas. En la Andalucía de Moreno Bonilla, los cribados mal hechos en los cánceres de mama, la desesperación de esas mujeres que se han visto afectadas, algunas falleciendo o perdiendo sus pechos, aquí tampoco a la UCO no se le ha visto. En la Trama Eólica, de la Púnica, la Gürtel, la Trama de Almería, tampoco de los audios de Cospedal, o de la Kitchen. ¿Debemos entender con esta realidad que la corrupción que tiene que ver con el PP es menos que la de otros partidos de izquierdas? Además, la Justicia en España es un verdadero peligro. Todo depende del juez que te toque.

Con lo incontrovertible de esta realidad, las derechas españolas ya no necesitan que vengan dictaduras militares al estilo franquista; ahora sólo les basta que tengan jueces comprados, así como prensa, radio y TV sumisas de corte neoliberal fascista. Algo nuevo también es la profusión de populosas manifestaciones en todo el país; así, masiva fue la que tuvo lugar frente al Hospital de Torrejón tras conocerse que el gobierno del PP de Ayuso le entregó la administración del hospital a una empresa privada amiga, la que es claro negará atención hospitalaria y médica si el paciente no tiene suficientes posibilidades económicas. 

Y hablemos también de Maledicencia: Esperanza Aguirre, desde su retiro dorado, ahora habla de guerracivilismo, es decir, levantamiento franquista o golpismo fascista. También de pucherazo electoral, a la manera de Trump. Asimismo, defiende a Vito Quiles, ése que es un activista -¿quién le pagará el buen sueldo que gana?, dicen que VOX-, sembrador de odio  con bandera franquista en ristre. Y el PP, abriendo las puertas de par en par a la extremaderecha. Y una de las últimas paridas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante la Ley que establece el Registro de Médicos con problemas morales en el aborto, lo que ha resuelto expeditivamente: “La mujer que quiera abortar, que vaya a otra parte”. Ante ésto nos preguntamos: Si ello es una Ley de ámbito nacional, ¿por qué una Comunidad Autónoma puede no acatar esa Ley, y no cumplirla? En rigor, toda Ley está para acatarla y obedecerla. ¡Sí o sí! No se explica.