La infancia migrante, rehén del desencuentro político

Jacinto Ortega del Rosario

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada recientemente en Tenerife, ha concluido sin acuerdo. Lo que debía ser un paso decisivo hacia la redistribución solidaria de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, se convirtió en una muestra más de fractura institucional y bloqueo político. Las principales reticencias vinieron, de nuevo, de comunidades gobernadas por el Partido Popular, lo que refuerza la creciente percepción de que los derechos de la infancia migrante están siendo relegados por cálculos partidistas.

Canarias vuelve a cargar sola con una responsabilidad desproporcionada. La comunidad autónoma Canaria acoge actualmente a más de 5.800 menores migrantes, la mayoría llegados en pateras a nuestras costas. Los centros de acogida están desbordados. La presión sobre el sistema de protección es tal, que desde hace años se pide a gritos un reparto equitativo entre comunidades. Pero la respuesta ha sido, de nuevo, la inacción.

El Ministerio de Juventud e Infancia planteó modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para habilitar un sistema de derivación automática, legal y garantista. Una propuesta respaldada por comunidades como Cataluña, País Vasco, Navarra o Aragón. Sin embargo, varias comunidades bajo mandato del PP —Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana o Castilla y León— se negaron a apoyarla. Alegan inseguridad jurídica y falta de recursos. Pero lo cierto es que el fondo del rechazo parece estar más vinculado a una estrategia de oposición al Gobierno central que a un análisis técnico del problema.

 No es solo una cuestión de recursos, sino de principios. En un Estado descentralizado, la solidaridad entre territorios debería ser la base de la política pública, especialmente cuando está en juego la protección de menores.

La situación es grave. La falta de acuerdo impide ofrecer una acogida digna, segura y ordenada a niños y adolescentes que han cruzado el Atlántico solos, en condiciones extremas. El colapso del sistema en Canarias pone en riesgo su bienestar, su desarrollo y su integración. Mientras tanto, el debate político se encona, sin soluciones a la vista.

Este no es solo un fracaso político. Es también una derrota ética. Las comunidades que se niegan a colaborar están desatendiendo no solo a Canarias, sino a los menores mismos. El mensaje que se transmite es peligroso: que los derechos humanos pueden esperar si hay rédito político en juego.

La reforma legal propuesta no busca imponer, sino coordinar. Es una herramienta para responder con agilidad a una realidad que no admite más demoras.

La migración de menores no acompañados no es una crisis coyuntural, sino un fenómeno estructural que requiere compromiso y corresponsabilidad.

Lo ocurrido en Tenerife no es un punto final, pero sí una llamada de atención. España necesita altura de miras. Y, sobre todo, voluntad política para anteponer los derechos de la infancia a los intereses de partido.