SB-Noticias.- Miguel Guerra, miembro de consejo de Administración de RTVC, valoró de este modo en Radio San Borondón el debate que se produjo este martes en el Parlamento sobre el ente público, en el que Paulino Rivero “amenazó” a los grupos parlamentarios de la oposición con sacarse de la manga una nueva Ley si abusan de la mayoría que en estos momentos tienen en el Consejo de Administración, tras la renuncia de José Manuel Bermúdez.

Inés Jiménez propone que la Administración insular haga un aporte financiero de unos dos millones de euros

La organización INTERSINDICAL CANARIA ha iniciado un barrido en todas las plazas de la Relación de Puestos de Trabajo de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia , adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, ya que ha detectado ciertas irregularidades en la adjudicación y cobertura de plazas y que contravienen el derecho de muchos trabajadores y trabajadoras a promocionar, para el caso de los funcionarios de carrera, o para consolidar su situación, en lo referido a los funcionarios interinos. 

Denuncian que provocará la desaparición del sistema público de Servicios Sociales

Los sindicatos no van a firmar ningún documento que ate el derecho individual, como tampoco van a renunciar a los derechos de defensa de los empleados públicos

José Sánchez Tinoco: “Han pasado ya tres años desde la publicación del Decreto que regula la composición de los órganos de gobierno de las autoridades portuarias y la Cámara de Gran Canaria sigue esperando una decisión por parte del Gobierno de Canarias”

Desde que se publicó el Decreto que regula la composición de los órganos de gobierno en las autoridades portuarias, la Consejería de Empleo, Industria y Comercio no ha tomado una decisión de qué Cámara de la provincia de La Palmas debe representar a las tres instituciones camerales

El maquinista del tren de la tragedia de Santiago ha admitido un despiste y le han formulado cargos por imprudencia. Yo no sé si el hombre será culpable y hasta qué punto. Pero eso no exime de responsabilidad a ADIF  ni a RENFE. La tecnología ofrece dispositivos para prever cualquier fallo humano. Un despiste, una inhabilitación física o, incluso, una decisión voluntaria para un atentado. Cuando la velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora, y el tren va a 190, esos sistemas frenan el tren. Pero no existían en ese tramo tan demostradamente peligroso. Y yo afirmo que no se habían instalado esos sistemas de seguridad, únicamente, por la obsesión criminal del ahorro, para aumentar los beneficios.

Con ésta afirmación, muy manida, cuando no obsoleta, se pretende culpabilizar, cuando no criminalizar al colectivo de empleados públicos, de la situación generada por la austeridad y en nombre de los mercados, por los distintos gobiernos de turno.

Es lo menos que se puede esperar después de las declaraciones del  viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente