Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pidió hoy al alcalde, José Manuel Bermúdez, que no ceda al continuo chantaje de la multinacional Sacyr-Vallehermoso y la denuncie de una vez ante la Fiscalía Anticorrupción, como hizo el consistorio de Las Palmas de Gran Canaria contra la empresa Emalsa, gestionada por el mismo grupo multinacional.

"El TSJC duda de la constitucionalidad de la reducción salarial a 3.600 empleados públicos". La banda que gobierna Canarias, en su ardor neoliberal por recortar presupuestos públicos, partió la cruel idea de recortarle empleo y sueldo a un grupo de empleados y empleadas no funcionariales. Como eso no se sostiene jurídicamente -como demuestra el profesor Santiago Pérez, en memorable artículo, que vuelvo a publicar- la artimaña de estos pseudonacionalistas -unos- y desertores del socialismo -los otros- ha desencadenado una catarata de demandas judiciales. Y la cosa ha terminado nada menos en que el Tribunal Superior de Justicia Canariasle maja las liendres a los aprendices de Maquiavelo, declarando su opinión de que la medida agrede la Constitución y, por tanto, inicia un procedimiento ante el Tribunal Constitucional. Por menos de eso, un gobierno decente, en un país denocrático, hubiera agarrado la puerta. Claro que no es el caso, evidentemente. La cuestión es otra de las muchas que revisten sublimes niveles de gravedad. a tal punto, que es el propio gobierno de Paulino quien reconoce la debilidad jurídica de su medida.

Allá por marzo, denuncié la maniobra discriminatoria que el “progresista” Spínola había perpetrado contra los derechos de más de 3.000 empleados del Gobierno de Canarias, violando derechos constitucionales y transgrediendo leyes europeas y españolas.

Los sindicatos no van a firmar ningún documento que ate el derecho individual, como tampoco van a renunciar a los derechos de defensa de los empleados públicos

Gómez de Liaño, nuevo abogado de Bárcenas, le pide que "no tire de la manta" 

El Pp, a Bárcenas:"Si hablas tu mujer irá a prisión; si callas caerá Gallardón y se anulará el proceso"

De todo este espectáculo denigrante se desprende la total desaparición de los valores y garantías de un estado de derecho.

Los tres poderes del estado derecho, lejos de ser independientes, están supeditados a un solo partido. Y éste, a las órdenes de los intereses privados de los poderosos.