EL TIME informa sobre las protestas generadas por el intento de terminar de crujir a los terrenos agrícolas que se libraron de la arremetida del Tajogaite, plantando una acrretera por dónde más daño hace, en lugar de consultar con la gente.
La redacción de PÚBLICO ofrece este reportaje sobre las iniciativas que corren por el reino de Felipe el Último para retirar de calles y entidades el nombre del rey que se fugó. El coherente veterano militante socialista Antonio Aguado lo señala y lo comenta. Por cierto que PUBLICO propone una encuesta a la que invito a participar
Álvaro Carvajal relata en EL MUNDO la confusión y las críticas que ha suscitado la propuesta de Iglesias de eliminar la norma de PODEMOS según la que sus cargos públicos no pueden cobrar más de tres salarios mínimos. El artículo que señala el coherente veterano militante socialista Antonio Aguado menciona expresamente a Ramón Espinar. Y yo, Chema Tante, agrego que las explicaciones que han dado, por ejemplo, Alberto Rodríguez, Echenique, Monedero o Irene Montero no hacen sino complicar las cosas. Porque dicen que lo que quieren es limitar los salarios, porque tres veces 950 es excesivo. Pero no lo dijeron así en la propuesta. Hablaron solamente de eliminar la norma y eso significa lo que significa.
Noemí Santana afirma que las recientes declaraciones del presidente Rajoy y del máximo representante de Ashotel “evidencian la urgencia de adoptar medidas legislativas específicas para combatir la discriminación retributiva por razón de sexo”.
Revisar las condiciones de la concesión del servicio de transporte en guagua en la isla de La Palma, que hasta 2027 seguirá estando en manos del actual concesionario Transportes Insular La Palma, era algo necesario desde hace tiempo pero, a juicio de María José Roca Sánchez, responsable del área de Movilidad Sostenible de Podemos en Canarias, “esto no puede servir de excusa para modificar el sistema de bonificaciones de modo que las personas usuarias del transporte público sean las perjudicadas”, ha argumentado, añadiendo que “la reorganización del transporte público en La Palma no puede ser a costa de las personas más vulnerables”.