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Según informó recientemente el Tribunal de Cuentas (el órgano supremo de fiscalización de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público), desde 2009, la Administración Pública, para intervenir las entidades financieras en quiebra (principalmente, cajas de ahorros), ha aportado 122.122 millones de euros en forma de inyecciones de capital, garantías contra pérdidas, líneas de crédito para liquidez y avales. Al cierre del ejercicio de 2015, estas operaciones le habían supuesto al Estado unas pérdidas de casi el 50% (60.718 millones), resultado del quebranto de valor de las participaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en las entidades intervenidas. El FROB, habiendo aportado 53.553 millones de ayudas financieras al sistema bancario español, solo ha recuperado, tras su nacionalización y subasta, 2.686 millones, menos del 5% del total.