El Partido Comunista de Canarias afirma, una vez más, que el agua es un bien esencial para la vida que debe ser público, y que su privatización es el origen de todos sus males, al convertirla en un negocio lucrativo.

La gestión del agua de Las Palmas de Gran Canaria había sido pública y rentable – durante cincuenta años – hasta su privatización en la legislatura de 1991-1995.

Contexto político y económico: La privatización de EMALSA no fue un hecho casual. Se produce en el contexto político y económico de los años 90, con la proclamada victoria del capitalismo en la llamada “guerra fría”, en la confrontación política e ideológica que se daba entre el bloque capitalista y el bloque socialista (comunista) en la segunda mitad del siglo XX. Vencidos los valores ideológicos de lo público y de la igualdad social, el capitalismo triunfante emprendió una ola de privatizaciones del sector industrial público y rentable. Ese sector público había ingresado sus cuantiosos beneficios, durante toda la segunda mitad del siglo XX, en las arcas públicas de los Estados que los redistribuían a toda la población, mediante importantes servicios públicos de calidad, como la sanidad, la educación y el sistema de seguridad social, además de crear empleo estable, de calidad, bien remunerado, contribuyendo, con todo ello, a un bienestar, nunca conocido, hasta entonces, por la clase trabajadora de toda Europa. Se empezó, en suma, hace veinte años, al trasvase paulatino de lo público a lo privado, pasando de la rentabilidad social para la mayoría a la rentabilidad económica para unos pocos.

Es el inicio de la larga noche neoliberal del capitalismo triunfante, pensada ideológicamente, perfectamente planificada, con objetivos, metas cuantificadas y calificadas para alcanzar cada objetivo, localización, acciones y procedimientos a realizar, calendarización del proyecto, y evaluación. Evaluación de la debilidad ideológica de las y los trabajadores, de nuestro olvido de los procesos históricos que permitieron grandes avances sociales, de nuestra capacidad para asimilar la propaganda y la tergiversación que sustituyen a la información veraz, de nuestra asunción de los valores de la derecha, de nuestro aguante frente a los abusos, de nuestro nivel de sumisión, de la debilidad, en suma, de nuestra conciencia de clase para la lucha y una gesta común. El proyecto capitalista en el nuevo mundo unipolar, fue avanzando, privatizando, desregulando, precarizando el empleo. El avance sólo fue frenado y ralentizado por las luchas, unas más contundentes que otras. Madrid se paraba un día y ganaba alguna batalla. París se paralizaba durante muchos más días, hasta dejar de fabricar y abastecer al país, y ganaba más batallas. La riqueza la crea las y los asalariados con su trabajo. Esa es nuestra fuerza. Y tenemos que utilizarla, con inteligencia y firmeza.

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria – 1991-1995: Canarias, y sus corporaciones locales, no fueron ajenas a ese proceso, como tampoco lo son ahora. En las elecciones locales de 1991, el PSOE obtuvo diez actas de concejales, en Las Palmas de Gran Canaria, el CDS siete, el PP otros siete e ICAN, una “nueva” fuerza, con dirigentes de los años de la transición, cinco. Los militantes del Partido Comunista de Canarias - que su dirección pretendía “congelar” - nos habíamos apartado ya de ICU, en la anterior legislatura, con la dimisión en 1990 de Segundo Martínez como concejal, al producirse en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, un pacto de gobierno PSOE-ICU, con un tránsfuga del CCN. No formamos parte de la nueva dirección, no participamos en el Congreso constitutivo de ICAN, ni en las elecciones locales de 1991, al ser conscientes de la derechización del proyecto que quedó evidenciada, al iniciarse la legislatura 1991-1995, con el pacto tripartito entre ICAN, PP y CDS y una alcaldía tricéfala, a razón de año y medio por partido. Se había inaugurado el time-sharing político que generó una importante inestabilidad institucional, y una carrera ideológica desenfrenada hacia la corriente neoliberal triunfante. Privatización 1992-1993: Y en ese contexto político municipal, no exento de escándalos (transfuguismo de seis de los siete concejales del PP, rumores sobre maletines, urracas, viajes a París, maniobras para la formación de Coalición Canaria, uniendo a ICAN con nacionalistas o insularistas conservadores procedentes de la UCD, ruptura del tripartito, moción de censura y gobierno del PSOE con el apoyo del Grupo Mixto), la Corporación Local decide privatizar EMALSA. Para justificar la privatización, se generaron “pérdidas” creadas con un crédito y sus intereses leoninos, un agujero financiero, en suma, para justificar la injustificable privatización de una empresa rentable. Se decía, además, que la privatización no era tanta, ya que el ayuntamiento se quedaba con el 34 %, y sólo se vendía el 33 % a la multinacional francesa SAUR, y otro 33 % a UNELCO-ENDESA, que también era pública, pero que como todos sabemos, terminó privatizada, años más tarde, a pesar de ser muy rentable, en ese incesante trasvase de lo público a lo privado. El Partido Comunista de Canarias que la militancia había reconstruido, con el apoyo del PCE liderado por Julio Anguita, se oponía a la privatización en la calle con los trabajadores de EMALSA.

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria – 1995-1999: Llega, en 1996, la sentencia de la Sala de lo Contencioso, anulando la compraventa de EMALSA, tras un recurso presentado por otra empresa privada en 1993. Los concejales comunistas, María Puig y Vicente Bolaños, instan al Alcalde del PP, José Manuel Soria, actual Ministro de Industria, al rescate de EMALSA, como un bien público para la Ciudad, pero el alcalde, a pesar de sus promesas electorales, no mueve un dedo para recuperar el servicio. La Primera Teniente de Alcalde del PP, Josefa Luzardo, tampoco. Solo los concejales comunistas votan a favor del rescate del servicio, ya que Coalición Canaria y PSOE votan a favor de recurrir la sentencia en beneficio de SAUR y UNELCO-ENDESA. Se pierde una oportunidad importante para recuperar un bien esencial para la ciudadanía. Situación actual: El asunto del concurso y de la compraventa de EMALSA sigue su curso en los tribunales, sin resolverse, veinte años después. Y de vez en cuando surgen noticias y rumores. En el 2004 la prensa francesa informa de la venta de SAUR por parte del Grupo Bouygues a Pai Partners, un fondo de inversión francés. En 2007, la Asociación de Alcaldes de Francia (AMF) se preocupa y defiende a sus poblaciones, ante la noticia difundida por el periódico Le Figaro sobre la reventa de SAUR, por el doble, a un fondo de pensión australiano Macquarie. Al final, la operación no se lleva a cabo. En la prensa local, se habló de la intención de Josefa Luzardo de vender las acciones del Ayuntamiento a FCC. Y ahora, aparece la operación de un inmueble con una denuncia en los Tribunales franceses entre los socios privados. Y con ello, las acusaciones entre los partidos políticos… ¡que participaron en la privatización! Porque Josefa Luzardo puede decir que cuando el PSOE ostentó la alcaldía, ella votó en contra de la venta, pero el expediente llegaba de los años en la que ella gobernaba con el tripartito y después, cuando vino la sentencia anulando la venta, no rescató el servicio. Y Nueva Canarias no se puede seguir haciendo la “nueva”, porque estuvo en ICAN y en Coalición Canaria, con sus actuales dirigentes, cuando se privatizó EMALSA. Parece que PP, PSOE, CC y Nueva Canarias tienden a denegar sus responsabilidades y unos transfieren la culpa a los otros, por los problemas que se puede derivar de las denuncias en los Juzgados que resolverá la Justicia, pero políticamente, esos cuatro partidos son los responsables de la privatización de EMALSA, y así consta en la memoria de los que lo vivimos, en las actas municipales y en las hemerotecas. Parece que también tienen dificultades a la hora de valorar la relevancia de sus decisiones en el futuro, las consecuencias futuras que tienen sus decisiones. Y cuando uno tiene una mínima perspectiva de futuro, sabe que si uno privatiza, convierte los bienes y los servicios públicos en un negocio lucrativo donde el objetivo es ganar dinero, y para ganar dinero se vende, se compra, se hacen operaciones financieras e inmobiliarias, se deja de prestar servicios que no son rentables. Pero con la ola neoliberal, algunos partidos se lanzaron al festín de las privatizaciones, a las políticas y tratados neoliberales, sin tener en cuenta que les había votado para gestionar los asuntos públicos, no para comercializarlos, y ahora se quejan de que las arcas públicas estén vacías, de que algunas comunicaciones marítimas o aéreas no se quieran realizar por parte del sector privado, que el sector privado compre un inmueble en Las Palmas de Gran Canaria que termine con una denuncia de un supuesto fraude ante un Juzgado de Versalles. Deben rectificar, debemos recuperar lo público, no permitir que se siga privatizando al sector público, la sanidad, la educación, la Seguridad Social, los Servicios de Empleo y otros servicios y empresas. No se puede seguir saqueando y empobreciendo a la población, al pueblo, a los trabajadores, a los niños, a los jubilados, a las personas con enfermedades, a las personas con discapacidad. El agua es vital para los seres humanos. Tiene que ser pública. No puede seguir siendo un negocio en manos privadas.

María Puig Barrios, Secretaria General